Imagen de archivo de la factoría de Ence en la ría de Pontevedra
Imagen de archivo de la factoría de Ence en la ría de Pontevedra - SALVADOR SAS/EFE
RÍA DE PONTEVEDRA

Una decisión del Gobierno de Sánchez amenaza a 5.100 empleos en Pontevedra

La abogacía del Estado desiste de defender en los tribunales la prórroga otorgada por el Ejecutivo de Rajoy para que Ence siguiera ubicada en el litoral público al entender que fue ilegal

SantiagoActualizado:

A las puertas de las elecciones municipales, el Gobierno de Pedro Sánchez activa una de las promesas que había dejado aparcadas, la retirada de la fábrica de celulosa de Ence de la ría de Pontevedra. El pasado 8 de marzo, el Ejecutivo central desistía de defender en los tribunales la prórroga de 60 años a la concesión para ocupar los terrenos de Lourizán, que había otorgado el PP. La actual Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha cambiado de criterio y ha decidido allanarse en los tres procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional. Tanto Ence como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo advirtieron ayer que si la justicia falla a favor de los denunciantes se podrían perder en Galicia 5.100 puestos de trabajo.

En 2016, el Gobierno de Rajoy en funciones anunciaba la prórroga de la concesión de Ence. La fábrica de pasta de papel podría seguir en la ría hasta 2073 (la ampliación contaba desde 2013, fecha de la primera solicitud de la empresa). La polémica decisión fue recurrida en los tribunales por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación Pola Defensa da Ría (APdR) y Greenpeace. Hasta ahora el Ejecutivo central defendía la legalidad de la resolución, pero el pasado viernes se allanaba en el procedimiento, es decir, dejaba de oponer resistencia ante las peticiones de los demandantes. El abogado del Estado argumenta en su escrito que la prórroga «no fue conforme a derecho». Se basa en un informe del Consejo de Estado que fija que «el plazo máximo» de una concesión es de 75 años, sin que se «pueda sobrepasar» ese límite. Ence, que se queda solo en la defensa, confirmó ayer que «va a utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión».

La construcción de la celulosa en el litoral público pontevedrés en la época franquista destruyó uno de los más importantes bancos marisqueros de la zona. En los años 90, Ence se hacía con el control de la fábrica hasta entonces propiedad del Estado. Su actividad en la ría tenía fecha de caducidad, 2018, y desde la Xunta de Feijóo se le instó en numerosas ocasiones a buscar un emplazamiento alternativo fuera de la costa para proseguir su actividad. No lo hizo y en 2016, tras reformar la Ley de Costas con antelación, el PP le otorgó la prórroga. La abogacía del Estado defiende en su escrito algunos de los argumentos ofrecidos por los demandantes como Greenpeace. Explica que la normativa de Costas establece que sólo se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre» a instalaciones que «por su naturaleza no puedan tener otra ubicación» y entiende que la pastera podría ubicarse en otro emplazamiento.

Impacto

Tanto la empresa como la Xunta critican la decisión del Ejecutivo de Sánchez apelando al grave impacto económico que supondría para Galicia la clausura de la factoría. «Si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia: de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias», advierte Ence. Según sus datos, la planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra. La factoría que produce pasta de papel, alerta también del impacto de su cierre en el sector forestal del noroeste de España. «Se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales», indica la empresa en un comunicado.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Feijóo mostró su malestar por la decisión del Ejecutivo de Sánchez. Censuró que no fuese comunicada a la Comunidad, en «una falta de respeto sin precedentes al Gobierno de Galicia». «Si esto va en serio, tengo que decirle al Gobierno que vamos a defender a las 80.000 familias gallegas [que obtienen ingresos de la venta de madera de eucalipto a Ence] y los 5.000 puestos de trabajo, y los vamos a defender con todas las competencias que tenemos», advirtió el presidente autonómico. Feijóo acusó al Ejecutivo de Sánchez de «querer cerrar» una planta que supone el 50% de la actividad forestal de Galicia. «Es evidente que el Partido Socialista se toma de broma al país», sentenció.

Los mercados también reaccionaron a la decisión de no defender la prórroga y Ence encabezó las pérdidas del Ibex 35 con una caída del 5,33 %.