La controvertida reubicación de Ence

Desde 1988, el abandono de Ence de la ría tenía una fecha marcada en el calendario, el año 2018 en el que finalizaba su concesión. Todos los partidos políticos gallegos —incluido el PP de Feijóo— instaban a la factoría a buscar nuevo emplazamiento. Pero en 2016, el Gobierno de Rajoy en funciones decidió concederle una prórroga que se extendería hasta 2073, tras haber modificado previamente la Ley de Costas. El pasado 8 de marzo, la Abogacía del Estado concluía que esta decisión no fue conforme a derecho abriendo la puerta a que la pastera, de la que dependen unos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos (según la empresa y la Xunta) tenga que dejar Lourizán.

Antes de la prórroga, Ence buscó otra ubicación en Galicia y asegura que no la encontró. En 2006, indica la compañía, recurrió «a expertos independientes» , entre ellos la consultora finlandesa Pöyry, que concluyeron que ningún otro punto contaba con las «especiales condiciones técnicas que necesita para su operación» . Con estos informes, la pastera pretende convencer ahora a los jueces de la Audiencia Nacional para que la factoría pueda seguir en la ría. El caso se abrió después de que el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace denunciasen a la justicia que la prórroga de la concesión era ilegal. Pese a que el Estado ha decidido también dejar de defenderla, la Audiencia anunció esta semana que el procedimiento sigue su curso. La empresa y los trabajadores, que se han sumado al proceso, tratarán de que la planta se quede.

«La fábrica de Ence en Pontevedra precisa tener disponibilidad a un caudal de agua dulce suficiente para alimentar la fábrica , además de cercanía a una masa de agua lo bastante grande como para poder asumir su efluente», indica la pastera. Ahora capta el agua del río Lérez y la vierte a la ría. Pero Antón Masa, biólogo y presidente de la APDR asegura que los 5.000 m3 que se ha comprometido a captar tras realizar mejoras, los podría coger «prácticamente en cualquier río de Galicia» . Masa recuerda que en el pasado se le ofrecieron terrenos gratis en el pontevedrés polígono industrial de Barro-Meis. También los ayuntamientos coruñeses de As Pontes y Cerceda se mostraron dispuestos a acogerla. «Si no encuentran nuevo emplazamiento tendrán que cerrarla, pero no puede estar en dominio público marítimo terrestre, eso es lo que dice la ley», indica el responsable de la APDR, una asociación creada en 1987 y que a lo largo de los años ha canalizado el malestar de una parte de la sociedad pontevedresa respecto a la celulosa.

Además de la captación de agua, Ence asegura que la factoría necesita estar ubicada en una zona con madera cercana (consume 1,3 millones de m3 al año); contar con líneas eléctricas que permitan importar y exportar energía ; infraestructuras viarias que soporten el tráfico pesado ; y estar cerca de un puerto que le permita distribuir su producto por vía marítima a toda Europa . La empresa insiste que según los expertos independientes «su ubicación actual cumple con todos estos parámetros de forma óptima, mientras que cualquier otra localización en Galicia incumpliría uno, si no más , de los mismos, por lo que no es factible su traslado a otra ubicación dentro de la comunidad gallega».

En 2013, el mismo año en que el Ejecutivo de Rajoy cambiaba la Ley de Costas y con la prórroga ya solicitada, Ence explicó también otra de las razones de peso para no plantearse el traslado. En rueda de prensa en la factoría, el presidente Juan Luis Arregui desveló que los informes encargados cifraban el coste de la operación en 700 millones de euros. «El traslado nunca ha sido una vía económicamente aceptable. Aquí era seguir o cerrar y trasladar esta actividad a nuestros complejos en Asturias y Huelva», dijo entonces Arregui.

El escenario vuelve ahora a repetirse, pero la decisión la tomará la Audiencia Nacional. Al margen de si la actividad que realiza Ence puede desarrollarse fuera del litoral público, la Abogacía del Estado ha puesto otro pero a la prórroga. Según la nueva interpretación de la reforma de la Ley de Costas, como máximo podrá extenderse durante 75 años. La empresa confía que, aunque la justicia no les dé la razón, les permita al menos seguir en la ría hasta el año 2033. Ence ha enviado incluso una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que estima que desmantelar la fábrica tendría un coste de 185 millones de euros.

Antón Masa recuerda que el título concesional obligaría a la celulosa a dejar el emplazamiento en Lourizán tal como se lo encontró , lo que teóricamente le obligaría a eliminar los rellenos. El presidente de la APDR reconoce que la operación sería muy costosa aunque no imposible y denuncia que durante años Ence estuvo sobrepasando los límites de contaminación orgánica que podía verter a la ría. Esta misma semana , las cofradías de pescadores pontevedresas se ponían del lado de la pastera y pedían su continuidad dado que ya «cumple los parámetros medioambientales».