Pintada en la sede de Alcoa en La Coruña
Pintada en la sede de Alcoa en La Coruña - CABALAR/EFE
CIERRE DE LAS PLANTAS DE ALUMINIO

Alcoa clausura las plantas de La Coruña y Avilés tras mil millones en ayudas

Plantea despedir a sus casi 700 empleados mientras se articula un frente político común

SantiagoActualizado:

Terremoto industrial en el noroeste. La empresa americana Alcoa, dedicada a la fabricación de aluminio, anunció a los sindicatos y a los gobiernos gallego y asturiano su decisión firme de cerrar dos de las tres plantas que posee en España, en La Coruña y Avilés. De ejecutar su amenaza, dejaría en la calle a casi 700 trabajadores de las dos factorías, de los cuales 369 corresponden a la factoría herculina.

Según la multinacional, ninguna de estas dos plantas es competitiva en la actualidad, ya que se habrían quedado tecnológicamente desfasadas, lo que provoca que generen «pérdidas significativas» sin un horizonte de mejora. Y a ello añade un cóctel de causas diversas para justificar el cierre: el incremento del coste de la energía, la subida de precios de las materias primas y la sobrecapacidad productora de China. En un comunicado, la empresa abre la puerta a intentar recolocar a parte de la plantilla afectada en la factoría que mantendrá operativa en Cervo (Lugo).

Pero por más que la empresa alegue que «el anuncio no tiene nada que ver con la energía», los gobiernos de Galicia y Asturias consideran que se trata de un nuevo pulso para obtener mejores condiciones en el precio de la electricidad —sus factorías son grandes consumidores—. En 2014 ya planteó un pulso similar, de nuevo con los empleos de estas dos plantas como rehenes de la situación, y dio marcha atrás después de lograr 142 millones en la subasta del mercado de la interrumpibilidad. En la puja celebrada este marzo solo obtuvo 90 millones, y ya entonces avanzó que la factoría de La Coruña no era viable.

El anuncio de Alcoa cogió por sorpresa a trabajadores y poderes públicos. El Ministerio de Industria reconoció a través de un comunicado que el cierre de las plantas no estuvo nunca sobre la mesa, después de tres meses de conversaciones con la compañía de capital americano desde el cambio de Gobierno. Y desde el departamento de Transición Ecológica recordaron que Alcoa abona el kilovatio/hora a 4 céntimos, frente a los 9 del resto de la industria o los 23 que pagan los hogares.

Fuentes próximas al Ministerio de Teresa Ribera reconocen que «es difícil» hacer una estimación de las ayudas públicas de las que se ha beneficiado Alcoa en la última década, pero las calculan alrededor de los mil millones de euros, 500 de ellos solo en los últimos cuatro años. «Si no es la principal, es una de las mayores beneficiadas del actual marco regulatorio para las empresas electrointensivas», apuntaron las citadas fuentes.

La compañía por su parte niega la mayor. Una portavoz de Alcoa detalló a ABC que «la empresa no ha recibido ningún subsidio energético para mantener sus operaciones en funcionamiento», ya que no consideran que lo que obtienen en las subastas de interrumpibilidad tengan esta consideración: «Acudimos con unas reglas que no son solo para Alcoa; las fábricas de aluminio primario son las que más megavatios ofrecen al sistema y por eso reciben más». «En comparación con el precio que pagan nuestras competidoras en Europa u otras industrias españolas similares en España, no hemos recibido ningún trato preferencial», insisten.

Frente político

Los presidentes de Galicia y Asturias, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández, se entrevistarán mañana en Oviedo para forjar «una hoja de ruta común» en defensa del mantenimiento de los empleos, con el objetivo de instar a la compañía a que reconsidere su decisión. A corto plazo está previsto un encuentro del presidente de la Xunta con la titular de Industria, Reyes Maroto, aunque todavía sin fecha. De fondo, el incierto modelo energético que el actual Gobierno propone para España y las dudas que genera entre la industria con mayores necesidades de consumo.

Ayer, Feijóo recordó que «siempre se encontró una solución» para las sucesivas tensiones con Alcoa, si bien lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya ejecutado una partida presupuestaria de 150 millones de euros ya prevista en las cuentas de 2018 para las empresas electrointensivas, que podría haber evitado este crítico anuncio. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada atribuyó este hecho a la tardía aprobación de los Presupuestos, y avanzó que esta partida se abonará «a finales de año».

El Ejecutivo no ha ahorrado críticas a la multinacional. La ministra Teresa Ribera la acusa de no haber realizado inversiones en Avilés y La Coruña en los últimos años, una dejadez que habría derivado en su actual obsolescencia tecnológica. La réplica de Alcoa es que estas dos plantas han llegado al máximo de sus posibilidades, y su tecnología «no es adaptable» a la que, por ejemplo, desarrolla hoy la central de Cervo. «Las fábricas con esa tecnología en otras partes del mundo han cerrado», se justifica.

El anuncio de Alcoa «no se veía venir», reconocen fuentes de la Xunta a este periódico, porque el escenario que plantea la aluminera «es el de un cierre con retorno», cuando en el pasado «siempre hubo tensiones pero se solucionaron» adaptando los costes energéticos, «y nunca antes se había planteado la cuestión tecnológica». Se abre un periodo de preocupante incertidumbre. Y la pelota queda en el tejado del único competente: el Gobierno del Estado.