Accidente del Marisquiño: «Una simple inspección ocular habría visto el deterioro» del paseo

Según indicó el ingeniero industrial Francisco Javier de la Puente durante su declaración ante la juez Eva Ferreiro, la causa principal del hundimiento del muelle no estaba tanto en la celebración del concierto como en el mal estado de los tensores de hierro que soportaban la superficie de hormigón. Pero al tratarse de « elementos que saltan a la vista con una simple inspección ocular se hubiese visto el problema». «La buena práctica hace aconsejable que las estructuras sean revisadas», añadió el perito, según recoge la declaración judicial a la que ha tenido acceso ABC, «cualquier persona que hubiese visto la zona se hubiese dado cuenta de los daños».

La inspección no es solo «aconsejable», sino también una exigencia de la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia 10/2017, en vigor cuando sucedió el accidente. En su artículo 7.1.b, exige a los organizadores que acrediten «la solidez de las estructuras y funcionamiento de las instalaciones» dentro de la documentación que, preceptivamente, deben presentar al ayuntamiento. Y son los consistorios los que están facultados por esta misma norma para examinar esta documentación y comprobar su veracidad.

«Para un material de este tipo se suele hacer unos niveles de inspección, desde una inspección inicial, luego inspecciones visuales y si se ve algún problema, una inspección más específica», determinó este perito judicial en su declaración. Además, reconoció no saber «en qué momento se produjo el deterioro» del muelle, y que «el desencadenante de la rotura dada la debilidad de los paneles fue la carga de la gente [por el concierto], pero también se hubiese roto con cualquier otra carga , igual que cayó unos días después sin peso alguno».

La zona no tuvo inspección, pero tampoco mantenimiento, porque « desde la construcción solo se hizo el cambio de asfalto al mortero », sin ninguna otra tarea de conservación. El otro perito designado por la juez María Sol López —que estos días está de baja por motivos personales—, el catedrático de Química de la UVigo Xosé Ramón Novoa, explicó en su declaración —que también tuvo lugar este miércoles— que la estructura «superó su vida útil a los cinco o seis años de servicio», como sostiene en su informe pericial. «La estructura no era la adecuada para el ambiente donde se iba a colocar», ya que las salpicaduras del agua salada del mar acaban provocando la corrosión de materiales, fruto de «la carbonatación del hormigón», según recoge su peritaje.

«En la época en la que se puso no era previsible que la duración de la estructura fuera tan poca , que a día de hoy sí era previsible». Además, la zona en contacto con el agua salada bien podría recubrirse o incluso añadírsele a los nervios metálicos una cobertura de pintura que habría alargado su vida útil. Pero «la estructura no tenía pintura». Y dado que la normativa que obligaba a inspecciones periódicas no se aprobó hasta 2008 y no afectaba a construcciones ya existentes, nadie se acordó del muelle de las Avenidas.

Novoa coincidió en este aspecto con su colega Francisco Javier de la Puente, quien admitió que «no había nada específico de plan de mantenimiento en esta zona». «En el año del proyecto —1992, cuando se decidió poner en marcha «Abrir Vigo al mar»— la normativa no existía, solo eran recomendaciones y se usaban este tipo de materiales».

El titular de las instalaciones, la Autoridad Portuaria de Vigo, ya había informado al juzgado de cuál es su política de mantenimiento de las mismas. En un escrito con fecha de 4 de marzo y que consta en el sumario de la investigación, la directora de la APV Beatriz Colunga indicó que «las infraestructuras que están concesionadas, o que por convenio se acuerden que la APV no tiene que hacerse cargo del mantenimiento, deben ser conservadas en perfecto estado por el concesionario o por el firmante del convenio que se comprometió a ello», y puso como ejemplo contrario las reparaciones llevadas a cabo en otras zonas de las instalaciones portuarias, llegando incluso a su sustitución.

La zona hundida, siempre según el Puerto, primero estuvo concesionada desde 1981 a 1997 al Real Club Náutico de Vigo, durante las obras de «Abrir Vigo al mar» fueron responsabilidad del Consorcio de la Zona Franca y, en virtud del mencionado convenio, desde 1998 el mantenimiento recae en el consistorio olívico, algo de lo que reniega el alcalde Abel Caballero , que sostiene que la responsabilidad municipal se ciñe a la superficie de maderas del paseo y no al daño de las estructuras que lo soportaban.

Tras estas declaraciones, la juez suplente Eva Ferreiro ha solicitado a la Fiscalía su parecer respecto al caso.