La Fiscalía pide investigar bajo secreto en la Audiencia Nacional al empresario que pagó a Alvise

Según explican desde el Ministerio Público, el fiscal ha presentado tres informes en el mismo sentido para las denuncias interpuestas en los últimos días por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas en nombre de varias personas que vieron congelarse sus aportaciones cuando a mediados de septiembre, MIC cerró sus puertas.

La Fiscalía ha interesado la admisión a trámite de las denuncias, en tanto que la Audiencia Nacional tiene competencia para su conocimiento (pluralidad de afectados en distintos partidos judiciales y cuantías relevantes) y la acumulación de las tres denuncias en un mismo procedimiento que, propone, se siga bajo secreto sumarial.

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Isabel Vega

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Aunque con matices, las tres denuncias se guían por ejes similares. Apuntan a que este club que cobraba 2.000 euros de cuota mensual por la pertenencia y abría a cambio oportunidades de negocio que iban desde inversiones en botellas de whisky coleccionables hasta macro proyectos urbanísticos en República Dominicana, pasando por obras de arte digitales o embarcaciones de recreo, ofrecía rentabilidades que podían llegar a ser superiores al 30% pero llegado un momento determinado, en septiembre, no pudo afrontar los pagos y cerró sin restituir a los inversores.

El principal responsable, Álvaro Romillo, se adelantó a la interposición y admisión de las denuncias y acudió primero a la Fiscalía y luego ya a la Audiencia Nacional, donde habían recaído, para ponerse a disposición de las autoridades y expresar su intención de devolver todo el dinero a los inversores del MIC.

En el caso de su autodenuncia ante los fiscales, destapó que había abonado 100.000 euros en metálico al ahora eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, para su campaña electoral a la Eurocámara. Aportó las conversaciones mantenidas con él tanto en la aplicación de mensajería Signal (los mensajes y los audios) como por teléfono entre marzo y el pasado mes de septiembre para sustentar que ese era el destino del dinero o al menos, así se lo transmitía el entonces candidato. Este asunto lo está analizando ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Respecto de los escritos en la Audiencia Nacional, lo que explicaba Romillo es que los problemas para pagar a los inversores surgieron cuando el banco portugués donde tenía las cuentas una de sus sociedades decidió bloquearlas, provocando que no pudiera mantener el resto de su estructura empresarial. Detallaba una lista de mercantiles a su nombre y pedía al juez, por un lado, que librase una orden europea de investigación para que el juzgado tomase el control de esas cuentas y, por otro, que nombrase administrador judicial para mantener el entramado empresarial con vida. Todo, sostenía, con el objetivo de restituir el dinero a los inversores.

Desde que Romillo se puso a disposición tanto de la Fiscalía como de la Audiencia Nacional, sólo ha roto su silencio en un vídeo, adelantado por ABC el pasado sábado, en el que se dirigía a los socios del Madeira Club Invest para pedir tranquilidad y explicar que si no estaba desmintiendo las mentiras, que, aseguraba, se estaban publicando sobre su negocio, era porque quien primero debería escuchar su versión sería el juez y después, la cosa cambiaría. Sostiene que la trama «es mucho más grande» y tiene por objeto acabar con su iniciativa de inversión en criptos.

El juez que se ha hecho cargo de la tramitación de las denuncias por reparto es José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción número 4, que ahora, conocida la posición de la Fiscalía, tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de la investigación, con o sin secreto de sumario, centrada en principio exclusivamente en los presuntos ilícitos de estafa que señalan los afectados y dejando fuera a Alvise Pérez.

Según las fuentes fiscales consultadas por ABC, el eurodiputado no figura en ninguna de esas denuncias, pese a que una de las plataformas de afectados anunció que le incorporaría en la suya y pediría a renglón seguido que la causa viajase al Tribunal Supremo, donde está aforado. Sobre esa ampliación no versa el informe correspondiente del fiscal.

Allí, son los fiscales quienes analizan el relato de Romillo sobre el cobro en efectivo por parte del eurodiputado, después de que la Fiscalía General apreciase que podía ser constitutivo de delito electoral. Está pendiente su decisión sobre abrir una investigación previa en torno a los hechos, que podrían acabar judicializados en forma de querella ante la Sala Segunda.