El denunciante de Alvise ofrece bienes y sociedades para devolver el dinero de Madeira Invest

Romillo se dirige ahora a la Audiencia Nacional tras haber puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado que entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, para que sufragase gastos de su campaña electoral, asunto que está siendo analizado por los fiscales del Supremo ante la posibilidad de indicios de una financiación ilegal.

En ese escrito, de autodenuncia, mostraba disposición a colaborar con la justicia y «asumir las responsabilidades tanto penales como civiles que pudieran resultar finalmente» de su propia actuación. Ahora, tras tener conocimiento de que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional analiza tres querellas de afectados, presenta un nuevo escrito poniéndose a disposición.

«Es voluntad de nuestro mandante facilitar la labor instructora, prestar declaración si es citado por este Ilustre Juzgado y aportar la documentación que en su día se le requiera por este Órgano Judicial», señala el escrito, al que tuvo acceso ABC y que se ha presentado en las tres diligencias abiertas para analizar la admisión a trámite de las denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 4. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, los tres casos están pendientes de informe de la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional para conocer los hechos.

En paralelo, ha aportado un segundo documento en el que detalla al juez una relación de 13 empresas, le insta a nombrar administrador judicial de las mismas y además, le solicita que libre una Orden Europea de Investigación a Portugal para proceder al bloqueo de las cuentas de una de sus sociedades en aquel país.

«Siendo intención de nuestro mandante cooperar en todo aquello que sea posible para que los inversores puedan resarcirse del daño económico presuntamente causado, resulta indispensable el desbloqueo en el País Luso de dichos activos para poder hacer frente a los gastos del resto de empresas que componen la estructura societaria y así que dichos negocios continúen su funcionamiento a efectos del pago de una eventual responsabilidad civil», argumenta.

Romillo traslada al juez que el origen del abrupto cierre de Madeira Invest está en la congelación de esas cuentas portuguesas que se habría producido por problemas de compliance, según las fuentes consultadas por ABC. En el escrito, su defensa subraya este punto, asegurando que «se le ha hecho insostenible hacer frente a los pagos debido al bloqueo de la cuenta» y pidiendo al juez que proceda a controlar la misma.

En cuanto al administrador judicial, solicita esta medida porque el responsable de Madeira Club Invest, que se hacía llamar en redes Luis Cryptospain, «no se encuentra no en disposición de gestionar la estructura societaria que en su día creó» y requiere de intervención del juzgado para que las empresas puedan continuar con su normal actividad y no se vean afectadas por el procedimiento judicial«.

«No podemos obviar que dichas empresas y las cuentas asociadas a las mismas son los activos de los que dispone nuestro patrocinado y que pone a disposición de la instrucción como fiel reflejo de su colaboración con la justicia y su intento incansable de restituir a los inversores», señala.

Según informan a ABC otras fuentes jurídicas, este ofrecimiento se hará extensivo en fechas próximas con la presentación ante el mismo juzgado de un informe que a modo de auditoría, recopile todos los activos de Romillo a fin de ponerlos a disposición.

El creador de Madeira Invest gestiona sociedades que siguen funcionando a pleno rendimiento y con éxito, incluyendo restaurantes, o los que explota en República Dominicana. Cuenta además con 200 empleados a su cargo, de acuerdo a la información recopilada por este diario.

Una de las denuncias, que lidera Zaballos Abogados y tiene detrás a unos 500 afectados de los que más de 150 habrían ya formalizado personación, solicita como medida cautelar la designación de un administrador judicial que asegure todos estos bienes y la continuidad de los negocios, por un lado, para que no se malogren o desaparezcan porque los beneficios que siguen generando pueden servir para resarcir a los inversores y, por otro, para evitar daños colaterales como la pérdida de empleo de todas esas personas.

La acusación que lleva Emilia Zaballos trabaja en contacto con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas, en busca de una salida que impida la pérdida de activos y facilite una reparación ágil de los afectados. En este sentido, ha pedido también a la Audiencia Nacional que se libren órdenes internacionales para la localización y salvaguarda de los activos, dispersos por distintos países.

La denuncia se dirige contra Romillo y otras cinco personas físicas, incluido su asesor fiscal, y toda una batería de mercantiles. Alvise Pérez no está, ni de momento va a estar, en su acción judicial, porque esta plataforma de afectados considera que la presunta estafa debe investigarse en plenitud en la Audiencia Nacional al margen de las sospechas de financiación irregular de Se Acabó la Fiesta, que en principio no tendría nada que ver. No descartan, no obstante, ampliar al eurodiputado su iniciativa en caso de que la investigación revelase una participación activa en los hechos por los que han denunciado a Madeira Invest.

No es la estrategia que ha seguido otra de las asociaciones de afectados por este club de inversión en moneda digital que ofrecía rentabilidades anuales por encima del 50% a sus exclusivos asociados, que pagaban además una cuota de 2.000 euros al mes sólo por pertenecer a la organización y que se les sugiriesen inversiones. La asociación que representa Aránguez Abogados ha ampliado su denuncia para instar a la Audiencia Nacional a enviar toda la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado del Eurodiputado.

Mientras, en la Audiencia Nacional las fuentes consultadas lo que apuntan es a que de momento, parecen hechos diferenciados por lo que podrían instruirse por separado. Este es de todas formas un momento muy preliminar, en el que ni el juez ha decidido sobre la admisión de las denuncias ni la Fiscalía del Tribunal Supremo ha terminado de analizar el escrito de Romillo que le ha sido enviado desde la Fiscalía General del Estado.