El cerco se estrecha sobre Alvise con cinco asuntos que le pueden llevar al Supremo

Ese asunto arranca con una autodenuncia del propio empresario, confesión que va acompañada de una batería de conversaciones y audios que sitúan a Alvise exponiéndole en varias ocasiones su necesidad de fondos para sufragar la campaña al Parlamento Europeo y también agradeciéndole su ayuda una vez consiguió tres escaños el 9 de junio, como viene informando ABC. Los fiscales del Supremo todavía tardarán unos días en analizar el asunto y tomar una decisión al respecto. La Fiscalía General del Estado les envió la denuncia al apreciar indicios de financiación ilegal de partidos.

Pero tiene otra derivada y es la presunta estafa por la que varios cientos de afectados han denunciado a Álvaro Romillo en la Audiencia Nacional, a partir del abrupto cierre de Madeira Invest Club a mediados de septiembre. Una de las plataformas denunciantes, representada por Aránguez Abogados, se dirige también contra Alvise, en tanto que habría contribuido dando publicidad a ese negocio de criptomonedas, y ha pedido al Juzgado Central de Instrucción que eleve directamente el asunto al Tribunal Supremo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prevé presentar estos días los informes que le ha pedido el juez instructor José Luis Calama sobre el alcance y la competencia para investigar estas denuncias, por lo que se posicionará sobre esa petición, que la otra gran plataforma, la que lleva Zaballos Abogados, descarta de momento y en tanto la investigación en la Audiencia Nacional no arroje indicios claros de la participación de Alvise.

En todo caso, en la Fiscalía del Supremo ya tenían de antes el nombre del eurodiputado sobre la mesa. La juez de Sevilla que investiga una querella del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por calumnias contra Vito Quiles, integrante de las listas de SALF a la Eurocámara, señaló a Alvise el pasado 22 de agosto ante los fiscales por si apreciaban que los mensajes que había publicado sobre ella en redes sociales constituían delitos de amenazas.

El origen está en la citación de Quiles. Como la juez no conseguía localizarle para notificarle la querella, dictó un auto que oficiaba a la Policía para que averiguase su paradero y se la entregase personalmente. El auto llevaba por error una mención expresa en su preámbulo a la detención de Quiles que se subsanó sobre la marcha. El líder de SALF respondió publicando un mensaje ante las miles de personas que le siguen en un grupo de la red Telegram dando a la instructora «24 horas» para enmendar su posición. Decía que, si no rectificaba, publicaría «cosas sobre la definición del término 'soborno'».

Con el auto ya corregido, hizo creer que había sido gracias a su intervención insinuando que había hablado por teléfono con la juez. Cuando ella supo por la acusación particular lo que había ocurrido en esa red social, recopiló la documentación y se la envió a la Fiscalía del Supremo, «en tanto que los dos mensajes de Telegram (...) contienen expresiones referidas a la proveyente como magistrada jueza de este juzgado que pueden constituir amenazas y represión a la función jurisdiccional». Aún no ha habido movimientos sobre este asunto, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por ABC.

Y, sin salir de Sevilla, la Audiencia Provincial ordenó la semana pasada al Juzgado de Instrucción número 1 a reabrir una causa al apreciar indicios de delito de revelación de secretos en la publicación por parte de Alvise en el mencionado grupo de Telegram, de una fotografía de la hija de Pedro Sánchez robada de su cuenta de Instagram. La diferencia entre el momento en que se abrió y luego archivó esa causa -el auto de cierre incardinaba la maniobra en la libre crítica política- y el actual es que ahora Alvise es eurodiputado. El caso tendrá así que viajar en forma de exposición razonada al Tribunal Supremo.

Es lo mismo que ocurre con el quinto procedimiento que ronda al eurodiputado y que está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Se trata de la querella por revelación de secretos que interpuso el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, cuando el volcado de su teléfono móvil en el caso Kitchen de la Audiencia Nacional acabó a disposición de todos los seguidores de Alvise en su cuenta de Telegram.

La primera iniciativa de Martínez lo fue ante el juez de la Audiencia Nacional que llevaba el asunto, Manuel García-Castellón, pero el magistrado consideró que, siendo una cuestión aparte, no era de su competencia y remitió el expediente a los juzgados de plaza de Castilla, donde, de acuerdo a una providencia a la que tuvo acceso ABC y adelantada por 'El Periódico de España', ya se ha procedido a la apertura de una investigación