Alvise admite que cobró 100.000 euros en negro y pide a los españoles que sigan su ejemplo

Las explicaciones de Alvise Pérez no han llegado en una rueda de prensa ni en una comparecencia en la Eurocámara, sino en un vídeo publicado en su grupo de Telegram en el que dedicó algo más de cuatro minutos a justificar que se llevó un maletín con 100.000 euros en negro de un chiringuito financiero por una cuestión política, una suerte de sublevación frente a un Estado que, en su opinión, saquea a los empresarios.

«Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis», ha llegado a asegurar ante sus fieles el eurodiputado, después de reivindicar una conducta que podría ser constitutiva, al menos, de un delito de financiación ilegal de partidos.

Primero, porque la legislación fija que una mercantil no puede donar a una formación política y un particular sólo puede hacerlo hasta un límite de 50.000 euros. Segundo, porque él mismo escribió a Romillo que el objetivo era sufragar la campaña al margen del control legal. Y tercero, porque una vez recogido el dinero, le dijo que haría lobby en la Unión Europea en favor de sus intereses. Es un empresario dedicado a las criptomonedas denunciado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal con miles de afectados.

Alvise lo ha resumido como «cobrar una actividad legal de quien no hace factura», algo que, dijo, «es muchas veces la única salida». Asegura que «detrás de las calumnias y los mensajes no hay nada más que una complementaria de Hacienda», organismo al que califica sin ambages como «mafia». «Acepté cobrar esos fondos privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme con mi actividad política», adujo en el vídeo. Después, en Twitter, acusó al PSOE y a Vox de haberse servido del mismo chiringuito. Los de Santiago Abascal ya habían desmentido cualquier relación con este asunto tras un primer señalamiento en un mensaje previo.

Fuera de las redes, el empresario que le dio los 100.000 euros se está moviendo. Además de la autodenuncia en la Fiscalía General delatando a Alvise, presentó una serie de escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde se analizan las denuncias colectivas en su contra. Ofrece sus empresas y patrimonio, incluidas cuentas bancarias con fondos millonarios, a fin de devolver las inversiones a los afectados por el cierre abrupto de Madeira Invest Club. «Es voluntad de nuestro mandante facilitar la labor instructora, prestar declaración si es citado por este Ilustre Juzgado y aportar la documentación», señala. De acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, son tres las denuncias pendientes de informe de la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional.

En paralelo, ha aportado un segundo documento en el que detalla al juez una relación de 13 empresas, le insta a nombrar administrador judicial de las mismas y además, le solicita que libre una orden europea de investigación a Portugal para tomar el control de las cuentas de una de sus sociedades en aquel país. «Resulta indispensable el desbloqueo en el país luso de dichos activos para poder hacer frente a los gastos del resto de empresas que componen la estructura societaria y así que dichos negocios continúen su funcionamiento a efectos del pago de una eventual responsabilidad civil», dice. Según Romillo, sus problemas empezaron con el bloqueo de esas cuentas.

En cuanto al administrador judicial, solicita esta medida porque «no se encuentra en disposición de gestionar la estructura societaria» y «requiere de intervención del juzgado para que las empresas puedan continuar con su normal actividad», ya que son los activos que se ofrecen para resarcir a los inversores. El creador de Madeira Invest gestiona sociedades con éxito, incluyendo restaurantes, o los que explota en República Dominicana. Cuenta además con 200 empleados a su cargo, de acuerdo a la información recopilada por ABC.

Una de las denuncias, que lidera Zaballos Abogados y tiene detrás a unos 500 afectados solicita como medida cautelar ese administrador judicial y órdenes internacionales para los bienes en el extranjero. Su denuncia se dirige contra Romillo y otras cinco personas físicas, no así contra Alvise Pérez, pues entiende que mientras la investigación no revele lo contrario, son hechos distintos, en línea con la tesis que manejan a priori distintas fuentes consultadas por ABC en los juzgados.