El fiscal general se enfrenta a cuatro años de prisión y hasta tres inhabilitado

Su futuro penal dista de estar despejado, a pesar de que él mismo ha afirmado en distintas entrevistas que está convencido de que no debe dimitir, identificando a la institución del Ministerio Público consigo mismo. «La Fiscalía General del Estado es una institución fuerte que tiene que aguantar los envites, debe dar la sensación de que no podemos ser derribados», afirmó en una entrevista en Televisión Española en octubre, nada más recibir la noticia de su imputación.

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Nati Villanueva

Su declaración de ayer no sirvió para apartar los indicios que pesan sobre él. Más bien, añadió más confusión a la causa por distintos motivos: primero, por negarse a contestar las preguntas del magistrado instructor, poniendo en duda su profesionalidad al considerar que le investiga a partir de una teoría preconcebida. Después, por contradecir a su subordinada, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra, quien declaró como testigo y apuntó hacia él como el origen de la filtración. Y para rematar, por afirmar que ha cambiado de móvil hasta en seis ocasiones en los últimos cuatro años pero no ha entregado el dispositivo que utilizó en las fechas investigadas a los agentes que registraron su despacho en el marco de la causa abierta contra él ni tampoco a la propia Fiscalía.

Hpy declara también como investigada por revelación de secretos la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Ella fue quien sacó de un partido de fútbol al fiscal de Delitos Económicos Julián Salto -que se encargó de la investigación a Alberto González Amador por dos delitos fiscales- para que le remitiera los correos intercambiados con su abogado.

Su testimonio será clave para aclarar cómo y cuándo le reclamó el fiscal general los famosos correos y los términos de su conversación con Almudena Lastra, quien, según declaró ella misma como testigo, le recomendó no entregar dichas comunicaciones al fiscal general porque «los va a filtrar».

También está previsto que declare como investigado el 5 de febrero Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Puesto.

Puesto que las versiones de Lastra y García Ortiz son antagónicas, principalmente sobre si la petición de García Ortiz fue o no «una orden» y las horas a las que los correos fueron requeridos, las declaraciones de Villafañe y Rodríguez serán claves en este sentido.

En caso de que aún con ellas no se despeje el asunto, el juez siempre tiene en su mano la posibilidad de llevar a ambos a un careo, para confrontar sus versiones y sacar conclusiones.

Hace diez días que el juez envió dos comisiones rogatorias a los proveedores de servicios de Whatsapp y Google con el fin de que aporten toda la información que tengan disponible del usuario Álvaro García Ortiz, puesto que la Guardia Civil no pudo recabar los mensajes de sus aplicaciones al haber sido borrados.

El propio fiscal, durante su declaración, reconoció que borró mensajes por protección de sus interlocutores. Se trata de una diligencia que suele prolongarse durante meses, por lo que el curso de la investigación también queda al albur de la contestación de las citadas empresas.