El fallo sobre el nombramiento de García Ortiz no frenará la causa penal abierta contra él en el Supremo

No obstante, la decisión que la Sala Tercera (Contencioso-administrativa) tome respecto a García Ortiz no frenará la causa penal abierta contra él por presunta revelación de secretos. Fuentes fiscales recuerdan que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial residencia en la Sala Penal del Supremo la instrucción y enjuiciamiento de las causas además de contra el presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores, entre otros, también contra los fiscales de Sala del Supremo, categoría que García Ortiz ostenta, pues antes de ser nombrado fiscal general del Estado, Delgado lo ascendió a primera categoría como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

Una eventual pérdida de aforamiento sin esa condición de fiscal de sala habría obligado al Supremo a soltar el procedimiento y que volviera a manos del TSJ de Madrid, donde empezó esta investigación al estar aforada allí la jefa de la fiscalía provincial imputada, Pilar Rodríguez, con su consiguiente ralentización.

De nada han servido los intentos de García Ortiz de apartar a los magistrados de la Sala Tercera que tienen que decidir hoy si tumban su nombramiento ni tampoco llega a tiempo la reforma que pretende que asociaciones de jueces y fiscales no puedan convertirse en acusación popular en defensa de los intereses del colectivo. Inexorablemente, la Sala Contencioso-Administrativa del Supremo fijó ya hace semanas el día de hoy para deliberación y fallo del recurso con el precedente de haber tumbado anteriormente otros nombramientos promovidos desde Fiscalía por falta de motivación o «desviación de poder» por parte del propio García Ortiz. Fue el caso del ascenso de la exministra y ex fiscal general Dolores Delgado a la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, anulación que, por cierto, la interesada recurrió en amparo al Constitucional. Hoy precisamente el Pleno del órgano de garantías decide sobre su admisión a trámite.

La impugnación del nombramiento de García Ortiz no viene de ahora; ni siquiera de los últimos meses, en los que el fiscal general ha seguido acumulando polémicas e incluso ha sido imputado por su presunta actuación delictiva con los correos del novio de Ayuso. Fue dos meses después de su nombramiento como fiscal general del Estado cuando la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) llevó al Alto Tribunal el real decreto por el que el Ejecutivo ratificaba a Álvaro García Ortiz en el cargo que ya venía ocupando tras la renuncia de Dolores Delgado en el verano de 2022.

«La designación como fiscal general del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: '¿La Fiscalía de quién depende?'», señala en su escrito.

A pesar de que el informe del órgano de gobierno de los jueces que acordó la falta de idoneidad de García Ortiz para el puesto no es vinculante, la APIF considera que, al apartarse del criterio «tan fundamentado» emitido por los vocales, el Gobierno tenía que haber dado una explicación «razonable y convincente» para mantener la propuesta del candidato elegido. Sin embargo, no lo hizo.

«Respetando la designación hecha por el Ejecutivo, consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno», dice.

Alude esta asociación, con representación en el Consejo Fiscal, a la actuación de García Ortiz en los dos años de mandato anterior y que ha provocado, entre otras polémicas, la anulación de nombramientos de fiscales de sala. Pero también pone el foco en sus primeros movimientos una vez reelegido fiscal general. En este sentido recuerda que se estrenó en el cargo «privando» al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado en relación a la ley de amnistía. Este hecho «no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso».

La APIF recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, y que si bien este requisito podría haber concurrido en García Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder –utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico–». Por ello consideran que el nombramiento «no es conforme a ley».

Recuerdan los fiscales que la institución de la que forman parte es «clave y esencial» dentro del Poder Judicial. «No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fiscal general del Estado, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo».

En el caso de que la Sala Tercera dejara en pie el nombramiento de García Ortiz no implica necesariamente que tenga garantizada su continuidad, no sólo porque en caso de ser juzgado por revelación de secretos se enfrenta a su inhabilitación junto a la pena de cárcel, sino porque en cualquier momento de la instrucción, el juez Ángel Hurtado podría suspenderle de tal condición. A petición de dos acusaciones populares, Hurtado rechazó hace semanas esta medida cautelar al considerarla prematura, lo que no quiere decir que sin en algún momento se vuelve a solicitar sí pudiera acordarla.