Seis indicios que acorralan a García Ortiz, el primer fiscal general imputado en democracia

Estos son principales indicios que acorralan al primer fiscal general imputado en la historia de la democracia española.

Los mensajes intervenidos en el dispositivo de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, la también imputada Pilar Rodríguez, colocan a García Ortiz en una situación comprometida porque de ellos se extrae el «papel preeminente» que asumió el fiscal general la tarde de la filtración, implicándose directamente en el acopio de los correos confidenciales que se habían intercambiado el fiscal Julián Salto y la defensa de González Amador en el marco de la negociación para alcanzar una conformidad. Dice la UCO que García Ortiz se valió de su posición como fiscal general para imponerse sobre sus subordinados y conseguir los mails que ansiaba, que pidió que fueran enviados, además, a su correo particular. El teléfono también revela su participación directa en la nota informativa del día siguiente y cómo él mismo se la traslada a Pilar Rodríguez para que le dé el visto bueno. Se trata de la nota a la que Pilar Rodríguez dice que ella habría añadido «un poco más de cianuro».

Es difícil explicar cómo siendo la filtración polémica desde el primer momento y estando la Fiscalía General en el punto de mira, con la querella de González Amador ya presentada, García Ortiz borrara los mensajes, como se dijo en Fiscalía que hizo, sabiendo que la investigación salpicaba ya a Pilar Rodríguez (responsable de la Fiscalía que figura en el encabezado de la nota informativa del 14 de marzo) y que podía llegar hasta él. El fiscal general tendrá que dar una explicación plausible a este borrado teniendo en cuenta que su entorno alude a un protocolo de protección de datos del que no se ha dado por aludido nadie más, pues tanto la imputada Rodríguez como el fiscal del caso o la fiscal superior de Madrid conservan sus mensajes y loso dos últimos desmintieron la existencia de ese protocolo. García Ortiz tendrá que ser cauto en su respuesta pues a estas alturas no sabe lo que la UCO y las operadoras a las que se ha pedido auxilio judicial van a ser capaces de recuperar.

Es otro de los episodios oscuros del que tendrá que responder García Ortiz tras constatar la UCO que cambió de dispositivo móvil en plena investigación: una semana después de que el Supremo dirigiera la causa contra él y una antes del registro ordenado por el juez. Esta circunstancia explicaría que el teléfono incautado en el registro del 30 de octubre contara con «cero mensajes». Siendo el móvil una prueba fundamental en una investigación por revelación de secretos, tanto como el arma homicida en un asesinato, el fiscal general deberá explicar este extremo y también por qué no informó al juez de esta circunstancia y ha tenido que enterarse del cambio de terminal por un informe de la UCO. A ello se suma que casualmente que la directora de comunicación de la Fiscalía, con quien García Ortiz mantuvo contacto esa tarde en las labores de redacción de la nota, como reveló ella misma en el Supremo, también cambió de aparato «después del verano».

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, no pudo ser más clara en su declaración como testigo. Relató la insistencia y urgencia de García Ortiz en conseguir los correos del fiscal Salto la tarde del día 13; cómo, tras no considerarlo necesario ella, el fiscal general fue directamente a reclamarlos a la coimputada Pilar Rodríguez; y lo más importante: cómo sospechó de él cuando reprochó a Rodríguez que le hubiera pasado los correos («¿Para qué se los pasas, Pilar? Los va a filtrar») y cuando, una vez filtrados y desvelado su contenido, habló con García Ortiz y le inquirió directamente: «¿Los has filtrado tú?». «Eso ahora no importa», le respondió él en un momento en el que su afán era que la testigo difundiera la nota de prensa cuanto antes porque si no les iba a «ganar el relato». La defensa de García Ortiz intentará responsabilizar de la filtración al jefe de gabinete de Ayuso Miguel Ángel Rodríguez, quien, como testigo en el Supremo reconoció que envió a los medios uno de los correos de González Amador pero, a diferencia del que preseuntamente difundió la Fiscalía, en este caso con su consentimiento.

La exclusiva revelada por ABC ha abierto sin duda otro frente en la investigación judicial: el de la filtración a Presidencia del Gobierno. El diputado socialista en la Asamblea de Madrid Juan Lobato dejó constancia ante notario de las capturas de pantalla en las que Pilar Sánchez Acera la número dos de Óscar López en el gabinete de Presidencia del Gobierno, le instó a exhibir la mañana del 14 de marzo el correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales. Ese correo, según la UCO, fue enviado desde la Fiscalía General tanto a Moncloa como a los medios de comunicación que lo difundieron la noche anterior, algo más de una hora después de que Pilar Rodríguez los enviara a García Ortiz. El tráfico de llamadas del que está pendiente el juez y la recuperación, si es posible de los mensajes del fiscal general pueden dar pistas, pero García Ortiz tendrá que aclarar hoy si habló o se comunicó esa noche de alguna manera con Moncloa para hacer llegar al Gobierno ese correo que, como señaló el juez en el auto de citación de hace unos días, solo tenía Fiscalía.

Las prisas por redactarla, la forma en la que se gestionó, su contenido y la negativa a publicarlo por parte de al menos dos testigos (Lastra y el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid) convierten este escrito en algo excepcional. El fiscal general ha asumido la responsabilidad última de la elaboración de la cronología con la que, para desmentir un «bulo», (la noticia que la tarde anterior había publicado El Mundo), se difundió el contenido de una negociación entre fiscal y abogado quebrando el marco de confidencialidad que debe presidir las relaciones en este tipo de procedimientos. La fiscal Almudena Lastra aseguró que la noticia precisaba de una aclaración por parte de Fiscalía pero no de esa forma, revelando datos de carácter reservado. La jefa de prensa de García Ortiz declaró que ella no tuvo acceso a los correos y que el propio García Ortiz quien le dio las indicaciones para redactarla. Era la primera vez que Fiscalía General obligaba a la Fiscalía de Madrid publicar una nota que ya venía elaborada desde Fortuny.