La defensa de la pareja de Ayuso desmonta la queja de García Ortiz sobre la difusión de sus datos personales: «Es una falsedad más»

Enmarca la actuación del imputado en una «campaña de denigración extraprocesal» que ya se ha extendido al instructor, Ángel Hurtado, a la UCO y a las partes. «De la misma forma que el investigado ha destruido las comunicaciones electrónicas, las copias de seguridad, las cuentas de email y los terminales móviles, es absolutamente seguro que el mismo no aportará a las actuaciones la queja que haya presentado ante el CGPJ porque la misma, con un grado de certidumbre absoluto, expresará la falsedad en relación al contenido y el devenir de la instrucción (...) no dudando para hacerlo de utilizar el cargo que también utilizó para cometer los hechos delictivos que nos ocupan».

Señala el letrado del novio de Ayuso que García Ortiz ha propagado ante el CGPJ y distribuido a los medios de comunicación la información de que en la causa se habrían incorporado y dado traslado de datos personales de todas sus llamadas telefónicas de los últimos 10 meses. «Es falso», sostiene.

«Ni se han acordado ni incorporado al sumario llamadas, SMS, localizaciones, identificaciones de usuario, números marcados, fecha, hora, duración de una comunicación o etiqueta de localización de diez meses», apostilla. Lo que se ha incorporado al sumario es el listado de llamadas emitidas y recibidas entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, el tiempo al que el magistrado ha acotado la investigación.

La incorporación al sumario el registro de IMEIs (número de identificación único de cada terminal telefónico) utilizados por García Ortiz es para poder saber, al determinarse que había cambiado de móvil una semana después de que el Supremo le imputara, qué terminales había utilizado, datos que quedan reducidos a dos, explica la defensa: el IMEI que corresponde al teléfono Samsung usado hasta el 23 de octubre de 2024 hasta las 12:37 horas y el IMEI que corresponde con al Samsung que utilizó a partir de ese momento. «Así esos 240.000 registros que se mencionan son, exclusivamente, de la identidad de los terminales que siempre es la misma y que queda reducida (en cien mil veces) a dos registros, los de los dos identificadores únicos de los dos terminales telefónicos usados por García Ortiz», apostilla.

En este sentido, por tanto, «no hay información alguna de esos 230.471 registros de 10 meses distinta a los números de IMEI (...). Dos números de IMEI que el investigado transforma en ¡240.000 registros de actividad diaria y profesional!». Emplaza al imputado a que diga a qué actividad diaria corresponde cualquiera de los 230.471 registros de esos Excel de esos 10 meses; y qué infracción normativa ya se ha cometido en relación al acceso a los mismos y a su incorporación al sumario.

«No existe ni transmisión de diez meses de llamadas, ni transmisión de datos de diez meses de actividad diaria y profesional ni infracción legal alguna, sino puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad y su filtración a determinados medios de comunicación».

Dice la acusación particular que para lo que ha servido ese registro de llamadas y de IMEI (junto con el análisis del dispositivo objeto de registro) es para conocer a través del trabajo de la UCO «que el periodista que publicó el contenido del mail mientras anunciaba la publicación de la nota de prensa que estaba haciendo en esos momentos García Ortiz, le llamó esa noche». También para conocer que la Sala Segunda del Tribunal Supremo notificó a las 10:00 h del 16 de octubre e hizo pública en la misma fecha su decisión unánime de asumir la competencia e investigación de los hechos «por su completa vinculación» con García Ortiz.

Cinco horas después de conocer esa decisión el fiscal general borró hasta en dos ocasiones y eliminó de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp «todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones».

De acuerdo con el oficio de la UCO del pasado 17 de enero y el informe técnico policial de 6 de febrero de 2025, WhatsApp realiza copias de los datos de las comunicaciones en local (en el propio dispositivo) y ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar copias de seguridad en el servicio de Google Drive asociado a la cuenta de Google que se desee. Pues bien, «continuando con la eliminación de cualquier traza de las comunicaciones que pudiera llegar a conocer y valorar el órgano instructor (y que ya se sabe que mantuvo), el investigado procedió a su vez al borrado de ambas copias y a la eliminación de los soportes de las mismas», recuerda el letrado.

En relación a la copia de seguridad de WhatsApp en el servicio de Google Drive asociado a la cuenta de Google, García Ortiz utilizaba como cuenta de Google la asociada a su correo personal, el mismo al que Pilar Rodríguez le envió la cadena de mails intercambiados entre el fiscal Salto y el letrado de González Amador que serían luego filtrados. Esa cuenta personal ha sido eliminada «deliberadamente» también «tratando de imposibilitar la descarga de la copia de seguridad alojada en el servicio de Google Drive y que se puedan conocer las operaciones efectuadas sobre el bloque de emails revelado», en referencia a su posible reenvío a terceras personas.

Pero hay más: García Ortiz procedió también a deshacerse del teléfono móvil que venía empleando al menos desde el 5.01.2024 y que contenía la copia local recuperable de los mensajes enviados desde su Samsung. De acuerdo con los datos proporcionados por las compañías telefónicas, desde ese momento comenzó a utilizar un nuevo terminal, el intervenido en la entrada y registro de su despacho.

También la directora de comunicación de García Ortiz. Mar Hedo, procedió a deshacerse de su teléfono móvil que contendría la información de los hechos protagonizados por García Ortiz, por ella misma y por terceros. «Y esa conducta de destrucción de dispositivos y eliminación de datos anteriores a la fecha en la que el órgano al que nos dirigimos atribuyó la condición de investigado a Álvaro García Ortiz se reproducirá en cuantos miembros de la Fiscalía General del Estado (equipo Fortuny) sean llamados a declarar al procedimiento o a los que se les soliciten sus dispositivos, lo que constituye ya un hecho notorio y conocido por toda la carrera fiscal», apuesta el letrado.

En su escrito solicita a la Sala Penal que requiera a García Ortiz para que aporte el escrito que ha remitido a la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló denunciando hechos que resultan ser falsedades en relación a esa filtración de sus datos personales por parte de la UCO. También a que aporte en sede judicial el teléfono del que se deshizo (el que usaba los días de la filtración) y de cuya entrega no tienen constancia en Fiscalía.

Asimismo, que se le pidan las copias de seguridad de su cuenta de correo personal de Gmail de las que disponga así como las copias de seguridad de su WhatsApp. Solicita, además, que se «envíe copia de este escrito a Perelló para su toma de conocimiento de las falsedades trasmitidas» por el fiscal general del Estado al Consejo General del Poder Judicial.