El Consejo de Europa vendrá a España para auditar las medidas contra la corrupción

Aunque las fechas y el programa aún no están cerrados, uno de los puntos a analizar serán los escándalos. «El informe también analizará la cuestión de la corrupción y las políticas y mecanismos implementados para combatirla», confirman fuentes del organismo a este periódico.

El examen incluirá, por tanto, valorar las reformas que está presentando Sánchez, para intentar reducir daños tras el caso Cerdán. Este miércoles, el jefe del Gobierno anunció una batería de quince medidas en su comparecencia extraordinaria en el Congreso, asegurando que algunas habían sido pactadas con la OCDE así como grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil, otras eran propuestas del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y un último grupo recomendaciones de la Comisión Europea.

En el caso del Greco, España ignora desde 2019 y de manera sistemática sus recomendaciones de lucha contra la corrupción en el Gobierno Central.

Entre las medidas que Pedro Sánchez viene desoyendo desde 2019, elevar el control sobre los miembros del Ejecutivo, con mención especial a los asesores como Koldo García, o dotar de mayor independencia a la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que la Justicia acaba de obligar a investigar el papel del jefe del Gobierno en el rescate de Air Europa.

Esta situación provocó que nuestro país entrara en diciembre de 2023 en procedimiento de incumplimiento, lo que tampoco sirvió para corregir la situación. A la vista de ello, el pasado mes de junio el Greco decidió avanzar un paso más y pedirle al secretario general del Consejo de Europa que remita una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, «sobre la necesidad de que se adopten medidas decididas para lograr avances tangibles lo antes posible», como desveló este periódico.

Además de la batería presentada este miércoles ante el Congreso, Sánchez presentó otras 13 medidas el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, pero estas afectarán solo al partido. Todas ellas y las que se puedan adoptar si, como apuntan fuentes de la investigación, la UCO da a conocer nuevos informes sobre la participación de otros socialistas en la trama, serán objeto de examen en ese viaje del próximo otoño. España está obligada a cooperar «plenamente» con el Comité de Seguimiento del Consejo de Europa.

Este viaje y este informe son, por tanto, adicionales a la misión específica sobre corrupción en España que el Consejo de Europa aprobó poner en marcha a finales de junio ante la gravedad de la situación, lo que da idea de la preocupación que están generando los escándalos en los organismos internacionales que velan por el estado de Derecho. Y también son adicionales al examen que está realizando la Comisión de Venecia -otro órgano del Consejo de Europa- sobre el modelo del CGPJ y que llevará a Madrid a tres de sus relatores los próximos 15 y 16 de septiembre, como adelantó El Confidencial. En los próximos meses se producirán, por tanto, tres viajes de distintos órganos del Consejo de Europa a nuestro país y tres informes incómodos para España.

Aunque el programa del viaje de la Asamblea Parlamentaria no está cerrado, ABC ha podido confirmar que hay una visita obligatoria: el Congreso de los Diputados. Allí sigue teniendo escaño el exministro José Luis Ábalos y lo tuvo Cerdán, hasta que se conoció el demoledor informe de la UCO sobre su presunto papel en el caso Koldo.

De hecho, el calendario de la visita del Consejo de Europa se ha retrasado precisamente por el calendario de la Cámara. Las ponentes del informes -las parlamentarias Elvira Kovacs (Serbia, y del Partido Popular Europeo) y Valentina Grippo (Italia, y de los Liberales y Demócratas)-, querían haber realizado el viaje a España este mismo mes de julio. Así se lo comunicaron al Congreso pero al tratarse de un mes inhábil parlamentariamente, la misión se ha retrasado hasta otoño, probablemente septiembre.

La revisión va a ser integral e incluirá, entre otras cuestiones, chequear el sistema constitucional y electoral, la estabilidad del sistema político, la situación de la libertad de prensa, el autogobierno local, el cumplimiento de los derechos humanos o la independencia del poder judicial y de la administración de justicia. Tras el análisis de todo ello, el informe extraerá unas conclusiones y propone las recomendaciones a formular para corregir el rumbo en los puntos en que se haya desviado. Posteriormente, la Asamblea Parlamentaria votará y aprobará una resolución al respecto.

La decisión de realizar este examen a nuestro país se tomó antes de que estallaran los escándalos, en diciembre de 2023, sin que en ese momento la corrupción fuera un foco de preocupación como sucede ahora, lo que hace que esta cuestión tome peso. Desde que implantó este chequeo, el Consejo de Europa ha publicado 21 informes. Ahora mismo, el Consejo de Europa también está pasando revista a Grecia, Países Bajos y Suecia.

Como precedente, el último Estado miembro en ser objeto de este examen fue Francia. El análisis señaló varias lagunas e instó al país a adoptar varias recomendaciones, algunas contra la corrupción aunque no se habían producido ni de lejos los casos que estamos conociendo en España en torno al Gobierno. «Se requiere una reforma legislativa y constitucional para reforzar la independencia del poder judicial. Deben fortalecerse los avances en la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, así como los medios para combatir la corrupción», advirtió el Consejo de Europa.

Otras cuestiones reclamadas a París fueron atajar la «sobrepoblación carcelaria» y aumentar «la transparencia y la información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad». «La libertad de información está bien protegida, pero la tendencia hacia una mayor concentración en el sector de los medios de comunicación es preocupante», avisó también el Consejo de Europa.

Este organismo no es el único que está mostrando su preocupación por el incremento de la corrupción en España. El pasado martes, la Comisión Europea publicó su informe sobre el estado de Derecho en la Unión y recaló en este problema al analizar la situación en nuestro país. «El Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia global para prevenir y combatir la corrupción, pero aún no se ha comenzado a trabajar en ella», avisó.

La Comisión también subrayó que «la percepción entre los expertos, los ciudadanos y las empresas es que el nivel de corrupción en el sector público es relativamente alto» y reprochó al Gobierno que «aún no se ha comenzado a trabajar en la estrategia nacional contra la corrupción prevista por la ley para septiembre de 2024».

Ahí no quedó todo. El informe también advirtió que «el número de procedimientos incoados por delitos de corrupción ascendió a 22 en 2024 (32 en 2023). De todos los casos juzgados en 2024, 26 fueron condenas o condenas parciales, mientras que 12 fueron absoluciones».

La Comisión Europea también se fijó en los nichos de esta lacra. «La contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos son sectores clave con alto riesgo de corrupción», señaló.

La tarea es enorme y el Consejo de Europa será el que nos diga si el Gobierno de Pedro Sánchez se la está tomando en serio.