La fundación de Ábalos se convierte en clave para la trama

El juez que investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al propio Ábalos y a su asesor en Transportes por si montaron una trama corrupta de cobro de mordidas de obra pública, siendo el ex número tres del PSOE el gestor de esas comisiones ilegales, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, insistió ayer en solicitar a Hacienda información de dicha fundación a través de la que Ábalos compró suelo en Perú.

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Carlos Mullor

No es la primera vez que el magistrado Leopoldo Puente pone el foco en Fiadelso a petición de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. En marzo ya pidió a la Agencia Tributaria las declaraciones presentadas por dicha fundación y la documentación que obrara en los registros autonómicos. La Generalitat Valenciana aportó un informe al Supremo con la información que tenía de Fiadelso, de la que se desprendió que en sus inicios contó con el apoyo del PSOE valenciano y del Gobierno de dicha región al frente del que se encontraba el socialista Joan Lerma.

Fue constituida con un capital de un millón de pesetas (6.000 euros) en Massanassa y con una previsión de casi 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros) de ingresos (seis de ellos ordinarios), aunque prácticamente con los mismos gastos. La fundación no había registrado sus cuentas desde el año 2014, momento desde el que el magistrado pidió revisar.

Ábalos fue su presidente desde 2003 y, junto al empresario Manuel Valls (fallecido en 2022), compró un local comercial en Valencia ese año. Los dos también habrían adquirido en 1998 por 823,58 euros dos propiedades en Perú, tal y como se desprende de las escrituras halladas en un disco duro que Koldo García guardaba en su domicilio.

En enero de 2020, Ábalos envió a Koldo García una fotografía con un documento de la Consejería de Justicia valenciana, de octubre de 2019, donde se dejaba constancia de que la mujer del político entre 2007 y 2022, Carolina Perles, había renunciado a tal cargo de «patrono de Fialdelso». El 15 de febrero de 2022, Ábalos también preguntó a su asesor, Koldo García, a través de WhatsApp, «si había realizado una transferencia bancaria a una cuenta que tenía en común con Ardines (Gustavo Casal Ardines, presidente de Fiadelso) para el pago de un préstamo».

En marzo, el magistrado Leopoldo Puente pidió al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) las cuentas, titulares, personas autorizadas, expedientes, informes o análisis internos de la fundación. También a entidades bancarias la información de todos los productos financieros y personas autorizadas unidas a Fiadelso, aunque especificó que «dicha documentación debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones», igual que hizo con las peticiones sobre las cuentas del propio Ábalos.

El pasado lunes, Antxon Alonso, el propietario de Servinabar -la empresa navarra que habría facilitado a Acciona la entrada en Navarra para realizar obra pública adjudicada por el Ministerio de Transportes- reconoció haber hecho una entrega de 4.500 euros en julio de 2018 a Fiadelso. Según la investigación judicial, el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, estuvo al tanto de dicho pago, informando a Koldo García de que se había hecho.

La Guardia Civil, en su informe entregado al magistrado Leopoldo Puente el 5 de junio, recogió una captura de pantalla de un correo enviado por Santos Cerdán al asesor de Ábalos el 6 de julio de 2018 en el que se indicaba que Servinabar 2000 había efectuado una transferencia de 4.500 euros a una cuenta del banco BBVA a favor de Fiadelso. Fue la hija de José Luis Ábalos, Tatiana, quien estuvo pendiente de la entrega. Para los agentes, según el citado informe, «de estos extremos se deduce que Santos dispondría de cierta capacidad de decisión sobre los fondos de Servinabar, que en este caso fueron transferidos a Fiadelso (fundación en la que figura como fundador Ábalos). Igualmente, se colige que este pago pudiera ser recurrente, ya que Koldo indicó que el retraso en el abono no se volvería a repetir».

Este jueves, el juez instructor volvió a dirigirse a Hacienda y a la Seguridad Social solicitando toda la información de dicha fundación -igual que de las empresas de todos los investigados en la trama- y reclamó también los datos de altas y bajas de trabajadores que haya podido tener.