La televisión valenciana investiga la «sustracción» del audio inédito del Cecopi de la dana emitido por RTVE

El vídeo, grabado por un equipo de la televisión pública valenciana À Punt, se grabó como parte de un 'mudo', una práctica habitual en la que los periodistas se comprometen a que las imágenes registradas se utilicen como recurso sin el sonido ambiente. En caso de que la cámara lo capte, no están autorizados a revelar su contenido.

La cadena autonómica, la única que estaba en ese momento en el interior de la sala en la que se producía el encuentro, las ofrece -tras eliminar el audio- al resto de medios. Sin embargo, este miércoles el Telediario sí emite una pieza con el sonido original, un bruto que desde aquella fatídica jornada había quedado registrado en los sistemas del Centro de Producción de Programas de À Punt en Burjassot.

Los profesionales de RTVE Valencia han accedido a él y contiene revelaciones importantes para la causa judicial abierta sobre la gestión de la barrancada. Pueden emitirlo, pues no se han comprometido con nadie a no hacerlo.

Es el inicio de la cronología de una filtración que ha abierto un debate sobre deontología periodística y ha disparado la tensión entre la plantilla de la radiotelevisión valenciana, muy aplaudida hasta ahora por su excelente cobertura de la catástrofe.

Distintas fuentes internas de À Punt consultadas por ABC coinciden en lamentar el daño reputacional y el señalamiento que se está produciendo en redes sociales a unos trabajadores convencidos de que estaban haciendo lo correcto: respetar la palabra dada.

Reconocen que será muy difícil saber el origen de lo que la dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana se ha calificado como una «sustracción» en un comunicado en el que respalda la decisión tomada por la anterior cúpula de la empresa pública, que ha cambiado en los últimos meses, de no emitir el sonido ambiente de un 'mudo'. «El código deontológico periodístico impide su difusión», sentencian.

En ese debate abierto -con cruce de declaraciones políticas incluido- todavía quedan varias preguntas sin respuesta: quién conocía realmente la existencia de ese audio ambiente. Las imágenes estaban en el sistema «a disposición» de toda la plantilla, según la dirección, pero eso no significa que todos tuvieran conocimiento de su contenido.

También si debería haberse usado para desmentir a la exconsellera Salomé Pradas -entonces responsable de emergencias de la Generalitat e imputada en el procedimiento judicial- como ya había hecho RTVE anteriormente con otro mudo diferente grabado por un equipo propio sobre las horas en las que el Gobierno le ofreció activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dos de los tres colectivos mayoritarios de afectados por la barrancada consideran que sí. La Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y la Associació de víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 ha manifestado su «indignación», «malestar», «desacuerdo» y «profunda preocupación» por el tratamiento de À Punt con el vídeo del Cecopi. «La ciudadanía, y en especial las víctimas y sus familias, tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido», recalcan. «Ocultar pruebas o no contribuir activamente a esclarecer los hechos no protege la intimidad de nadie, sino que favorece la opacidad, alimenta la desconfianza y perpetúa el dolor de quienes aún esperamos respuestas», critican.

En el audio inédito hasta el miércoles puede escucharse a Pradas dando directrices a las 19 horas del 29 de octubre sobre el mensaje Es-Alert que no se enviaría a la población hasta las 20.11h por el riesgo de colapso de la presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo, que arrasó a su paso por la zona cero. El Cecopi, inexplicablemente y pese a celebrarse en el mismo complejo l'Eliana en el que se recibían las llamadas de auxilio al 112, era todavía ajeno a ello, de acuerdo con la investigación que lleva a cabo la juez de Catarroja.

La grabación se produjo durante uno de los recesos de la reunión en los que no participaban del debate los organismos estatales, quienes lo seguían de forma telemática. En la misma, Pradas también afirma que «no le apetece» llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, para informarle de que van a retomar la sesión.

El audio, escuchado diez meses después, contiene dos revelaciones. Al contrario de lo que aseveró en sede judicial, la exconsellera sí participó de la redacción de la alerta y no fue una tarea exclusiva de los técnicos. Además, conocía la existencia del sistema al menos una hora antes de lo que aseveró en declaraciones, precisamente, a À Punt.

Se da la circunstancia de que dos días antes de que RTVE emitiera el vídeo, la juez había denegado la solicitud de la acusación popular que ejerce Ciudadanos de requerir a À Punt esta misma grabación al desconocer las circunstancias en las que se había producido y al entrar «dentro del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente».

Pero la difusión de la misma lo cambia todo. En un nuevo auto de este viernes la magistrada reclama a RTVE su pieza informativa y ofrece a À Punt la posibilidad de aportar la grabación de forma íntegra, como ya viene haciendo con otros materiales requeridos por la instructora.

En su escrito, subraya la relevancia del audio en la causa ante la «gravedad de los hechos» y al girar entorno al objeto de la investigación: el aviso a la población para que pudiera protegerse. Apunta, además, que el audio «contradice» declaraciones prestadas en sede judicial. Recuerda, además, que no consta en el procedimiento ningún documento o acta del Cecopi, pues en marzo la Generalitat justificó que, dado que no era un órgano colegiado, no se disponía de la figura de secretario para realizarla.

El miércoles no fue un día fácil en los estudios de Burjassot. À Punt abrió su informativo de la noche anunciando una investigación interna debido a una filtración que genera «muchas dudas sobre la profesionalidad de las personas que trabajamos en esta casa y que consideramos que la emisión de ese audio vulnera el código deontológico del periodismo».

«Lamentamos que nos quieran utilizar, una vez más, en medio de una pelea con finalidades partidistas y recordamos que siempre estaremos, profesional y personalmente, al lado de las víctimas», aseguró la presentadora.

Lejos de apagar la polémica, estas palabras -que partieron del equipo de edición del noticiario y no fueron impuestas por la dirección, según las fuentes consultadas- han generado malestar entre los trabajadores.

Los sindicatos CGT e Intersindical Valenciana denunciaron que ese comunicado «no representa la voz de la plantilla», sino la de la empresa, mientras desde la Unió de Periodistes ofrecieron su apoyo a los profesionales que les «trasladan presiones internas, intimidaciones y coacciones» tras lo sucedido.