La juez de la dana reclama la grabación inédita del Cecopi en la que Pradas da instrucciones sobre la alerta

El vídeo lo registró un equipo de la televisión pública valenciana como parte de un 'mudo' -imágenes de recurso que el medio se compromete a emitir sin el audio- y lo remitió al resto de medios. No obstante, tras una filtración, RTVE emitió este miércoles por primera vez la grabación con el sonido ambiente. La cadena autonómica investiga lo que considera una «sustracción» y defiende que no hizo público el contenido del audio por deontología periodística.

En él se podía escuchar a la exconsellera Salomé Pradas -entonces responsable de emergencias de la Generalitat- dando instrucciones a las 19 horas sobre el mensaje ES-Alert tardío que se remitió a los teléfonos móviles a las 20.11h. En su declaración judicial como imputada, Pradas aseveró que ese texto lo habían redactado los técnicos, mientras en declaraciones a los medios en los días posteriores a la tragedia dijo que no conoció la existencia de ese sistema hasta las ocho de la tarde.

En un auto remitido a las partes este viernes, la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja afirma que debe ponderarse la relevancia de la grabación en la causa, dado que, precisamente, es objeto de investigación el momento de remisión del ES-Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en el proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados, «partiendo igualmente de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados».

Esta grabación, añade, «contradice» declaraciones prestadas en sede judicial y, al estar presentes periodistas, pudieron oír lo que finalmente quedó registrado. «Se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación», apunta.

«La gravedad de los hechos objeto de la investigación exige la aportación de las grabaciones emitidas, partiendo de que nos encontramos ante una investigación penal con un gravísimo resultado lesivo, la falta de documentación de la reunión del Cecopi, y la obtención de una grabación, no durante recesos o una vez finalizada, sino durante la misma esencia del proceso de decisión, lo que justifica plenamente la inclusión en el procedimiento», expone.

En su escrito, la instructora también pide a la dirección de À Punt que manifieste si mantiene su ofrecimiento -realizado en febrero- de aportar contenido de la cobertura de la dana, y de manera específica, de la reunión del Cecopi del 29 de octubre. De hecho, en base al mismo, ya requirió algunas declaraciones políticas o imágenes del desbordamiento del barranco del Poyo. Recuerda, además, que no consta en el procedimiento ningún documento o acta de aquel encuentro, pues en marzo la Generalitat justificó que, dado que no era un órgano colegiado, no se disponía de la figura de secretario para realizarla.

Ante el revuelo generado, la actual dirección de À Punt mostró este jueves en un comunicado su respaldo a la decisión de la anterior dirección de no emitir el sonido ambiente de esa reunión del Cecopi al considerar que fue «a puerta cerrada» y afirmaba que el código deontológico periodístico «impide su difusión». En ese sentido, la comparaba con las imágenes que se toman, por ejemplo, antes de un Consejo de Ministros.

Se da la circunstancia de que dos días antes de que RTVE emitiera el vídeo, la juez había denegado la solicitud de la acusación popular que ejerce Ciudadanos de requerir a À Punt «una grabación de audio de una de sus cámaras que el día 29 de octubre de 2024 estaba en el interior del Cecopi».

«En el procedimiento ya obran las grabaciones de los programas emitidos por la televisión autonómica À Punt. La posibilidad de aportación al proceso dependería de la voluntad de aportación al medio periodístico. No es factible acceder a los archivos de cualesquiera grabaciones que se pudieran haber obtenido por los medios. Entraría dentro del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente», defendió la magistrada.

«En cualquier caso, se desconocen las circunstancias en que se produjo la eventual grabación, si el periodista o el camarógrafo estaba junto a la cámara, por lo que no es admisible el requerimiento pretendido», argumentó.