Aceptan que una de las medidas prioritarias sea que «hay que arreglar la incongruencia de que alumnos tengan materias no lingüísticas en valenciano al tiempo que pueden pedir la exención de la materia en valenciano», es decir, que no están obligados a aprender este idioma como asignatura, pero tienen otras en esa lengua vehicular.
No obstante, consideran que la libertad de elección se debe garantizar en todas las situaciones, no únicamente en estas comarcas.
Como ejemplo de otras realidades que quedarían desatendidas con esta medida, aluden «a la ciudad de Alicante, por poner un ejemplo que es extensible a otras muchas en la Comunidad Valenciana», donde las estadísticas reflejan que el 97 % de las familias habla castellano y, «sin embargo, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 clasifica Alicante, incorrectamente, como de predominio lingüístico valenciano».
Idiomas y Educación -asociación integrada en la plataforma nacional Escuela de Todos- aboga porque el PP y Vox cumplan con su acuerdo programático conjunto para «garantizar la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas».
Asimismo, advierten que la actual normativa fija un mínimo del 25% de las horas lectivas tanto para castellano como para valenciano, pero una ley nacional desbloquearía ese 25 % impuesto por las sentencias del Tribunal Supremo, «ya que las familias de esta Comunidad no desean que se vehiculen materias no lingüísticas con otra lengua que no sea la elegida en Educación».
Esta asociación también insta al PP a divulgar entre la población cómo «la imposición lingüística lleva al separatismo de los países catalanes», tal como ha difundido Vox con propaganda electoral de cara a las elecciones generales de este 23J.
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