La Comisión de Venecia recuerda que la amnistía solo es legítima si garantiza la «unidad nacional»

El esbozo con el que trabaja la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (conocida como Comisión de Venecia) –consultado y analizado por ABC– deja muy claro, al arranque de las 26 páginas, que el organismo internacional, como no puede ser de otra manera por su propia naturaleza, «no intervendrá en la discusión política», «no hará comentarios sobre la conveniencia de la amnistía, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas» del ámbito del Gobierno y el Congreso.

Y, además, la Comisión, recuerda esta, «no es competente para comentar sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional español y que deben debatir los expertos constitucionales españoles». Tampoco evalúa, por lo tanto, si la futura ley, en su redactado actual, es compatible «con el Derecho de la Unión Europea, que podría ser objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Así pues, la Comisión de Venecia no avala la ley de amnistía, ni la considera legal, como tampoco la analiza como una norma inconstitucional, porque este no es su cometido. Sin embargo, sí fija una serie de recomendaciones en aspectos nucleares de la iniciativa (consenso político que ahora no existe, mayoría cualificada para su aprobación, reforma constitucional para fijar y regular las amnistías, limitar el «alcance material y temporal» para que no se cuelen casos que no son los deseados, que quede excluido de la amnistía todo tipo de terrorismo, con sentencia o sin ella...), que ponen en duda la forma, el fondo y el contenido de una norma que servirá para «autoamnistiar» a los que la tienen que aprobar: los dirigentes de Junts y de ERC.

No obstante, el Gobierno valoró positivamente el borrador con la filtración sesgada del mismo. Ayer, se sumaron al incomprensible optimismo Oriol Junqueras (ERC) y Carles Puigdemont (Junts), curiosamente, con argumentos diametralmente opuestos. El primero, por tramitar y facilitar la norma con el PSOE. El segundo, por impedir que se haya aprobado ya en la Cámara Baja, para que siga su tramitación en el Senado, recordando que, en su opinión, el redactado actual no es suficiente para impedir que los jueces actúen con independencia.

Con todo esto, es desconcertante que uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, para señalar el inexistente aval de la Comisión de Venecia al proyecto legislativo, sea que el organismo «afirma que la reconciliación política es un objetivo político legítimo para las amnistías» y que este «objetivo» es «expresamente citado no solo en la exposición de motivos de la norma española, sino incluso en su título (normalización institucional, política y social en Cataluña)». Como si con el título de una ley, la norma cumpliera un cometido u otro.

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Así lo recogieron también, este sábado, algunos medios de comunicación, que o bien siguieron al pie de la letra la estratagema de Moncloa o no tuvieron acceso a todo el borrador, o las dos cosas, cuando añadieron que el texto señala que «la unidad nacional y la reconciliación social y política se consideran objetivos legítimos de las amnistías».

El problema surge cuando a esa frase le siguen o preceden consideraciones (olvidadas, parece ser) como que «los criterios (de la amnistía) no deben diseñarse para cubrir a individuos específicos» y que «la proporcionalidad requiere que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia un objetivo legítimo». En cualquier caso: «La Comisión de Venecia opina que tales decisiones deberían tomarse por mayoría cualificada adecuada (de los órganos electos)».

Pero si esto no era suficiente, Puigdemont se encargó ayer de dejar claro que la amnistía no tiene como finalidad legítima «la unidad nacional y la reconciliación social y política». Desde un pueblo del sur francés entre Perpiñán y Colliure, en un acto de la asociación Consell de la República, el eurodiputado, fugado de la Justicia y expresidente de la Generalitat aseguró que: «La declaración de independencia de 2017 es válida», que «solo el Parlament tiene capacidad para deshacerla», es decir, revertirla, algo que la Cámara autonómica no ha hecho específicamente, y que, por lo tanto, el independentismo ya no tiene que ir hacia la «unilateralidad declarativa» sino que esta debe ser «práctica».

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Las palabras de Puigdemont, solo unas horas después de conocer el borrador de la Comisión de Venecia, se suma a la iniciativa del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que en las próximas semanas –antes de que acabe la legislatura catalana– presentará a Sánchez la propuesta de un referéndum de independencia,'por las buenas', sin descartar que vuelva a convocarse 'por las malas'.

Y a estas propuestas políticas, que quedan lejos de «la unidad nacional y la reconciliación social y política» que blasona el Gobierno del PSOE, se añade que ERC, Junts y la CUP acaban de tramitar una iniciativa legislativa popular en el Parlament para declarar directamente, y por segunda vez, la secesión de la región.