El Parlamento catalán financiará con 40.000 euros la iniciativa por la independencia

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso restar importancia ayer al proyecto presentado por Solidaritat, que contó con el apoyo de Junts y la CUP, y la abstención de ERC, lo cierto es que con la decisión de la Mesa de este jueves se pone en marcha todo el mecanismo para que la ILP acabe siendo debatida y votada en el pleno del Parlamento catalán. Para ello, los promotores de la idea, que fue rechazada en 2011 cuando Solidaritat contaba con representantes institucionales, tendrán a su disposición hasta 40.000 euros de dinero público.

Tal y como hace referencia la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular, «la Mesa [del Parlamento catalán] debe abonar a la comisión promotora [de la ILP] una indemnización, con cargo al presupuesto del Parlamento, de hasta 0,64 euros por firma, con el límite máximo de 40.000 euros, por los gastos debidamente acreditados, siempre y cuando la Mesa admita a trámite su propuesta» y la iniciativa supere el corte mínimo de las 50.000 firmas. Además, los promotores «tienen la consideración de gasto acreditado sin necesidad de justificación hasta un 10% de los efectuados».

De esta manera, la iniciativa para declarar la independencia de Cataluña contará con ayuda económica a cargo del presupuesto público de la Generalitat, que es en última instancia la institución que valida las cuentas del Parlamento autonómico. El trámite completo (constitución de la comisión de control, recogida de firmas durante 120 días hábiles, debate a la totalidad y trámite en comisión para volver al pleno) además, podría concluirse a finales de este año o inicios de 2025, coincidiendo con una precampaña y campaña electorales catalana (si Pere Aragonès no adelanta los comicios previstos para febrero de 2025).

Por otro lado, algunos juristas consultados por ABC coinciden en señalar que la admisión a trámite de la ILP por parte de la Mesa ya es hecho impugnable ante el Tribunal Constitucional. Tal y como este diario ha publicado hoy, en línea con lo señalado por el letrado del Parlamento catalán Xavier Muro, la propuesta de ILP no encaja, ni en la forma ni en el fondo, en la propia Ley1/2006, que regula las iniciativas legislativas populares, ni tampoco en el Estatuto de Autonomía y la Constitución. La impugnación podría llevarse a cabo no solo por los partidos políticos sino también por las Cortes Generales e incluso por un particular ante la Unión Europea.

En esta línea, en CS (que el martes solicitó la actuación de oficio de la Fiscalía) están convencidos de que los miembros de la Mesa que han dado su visto bueno, a seguir con el trámite de la propuesta de Solidaritat Catalana, están cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Carlos Carrizosa, líder de los liberales en Cataluña, ha señalado a este diario que a la «doble ilegalidad» (desobediencia y prevaricación) por admitir a sabiendas «algo ilegal», como es una declaración unilateral de independencia, se sumará ahora la de malversación, pues se sufragará con dinero público.

«La presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra, y los miembros de la Mesa que han votado a favor de la iniciativa saben que esta ILP no podrá ser un texto legal en Cataluña, pero promueven la agitación y la propaganda que supone la recogida de firmas con dinero público para un texto que no será vigente», ha denunciado Carrizosa, que ha avanzado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía con los tres posibles delitos: desobediencia, prevaricación y malversación.