Borràs pide a los diputados de ERC y la CUP que deben votar su suspensión que actúen «en conciencia»

La ejecutiva de Junts se reunió ayer por la tarde de manera extraordinaria para valorar la apertura de juicio oral de su presidenta y concluyó -aunque ya se oyen voces discrepantes en la cúpula de la formación- que todavía es el momento de dar apoyo incondicional a Borràs y mantener la tesis de que está siendo perseguida políticamente, a pesar de que se la acusa de haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo suyo cuando era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Para la dirección de Junts, Borràs está sufriendo el acoso de una supuesta 'lawfare' (utilización de la Justicia con carácter político), que se evidencia en «la desproporción de las penas solicitadas y en el hecho de que hayan caído las acusaciones vinculadas a la corrupción», según un comunicado de la formación. La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicita para ella seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. Y su posible suspensión como presidenta del Parlament se sostiene porque los delitos por los que se la acusa se consideran corrupción, aunque ya no tendrá que hacer frente a la acusación de malversación y fraude.

Al margen del proceso judicial, cuya vista oral arrancará en las próximas semanas, a la vuelta del verano probablemente, la batalla de Borràs y Junts pasa ahora por conseguir que el impacto político de este asunto sea el menor posible. Empezando, claro, por el de mantener el cargo de presidenta del Parlament. Con esta intención, a través de varios tuits publicados en su cuenta personal, en los que trata de demostrar la existencia de esta 'lawfare', Borràs ha enviado un mensaje, sobre todo, a los representantes de ERC y la CUP en la Mesa, que son claves para su posible suspensión: actúen como «diputados demócratas».

«Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime», ha escrito la presidenta del Parlament, que se enfrenta mañana a la posibilidad de que el máximo órgano rector de la cámara catalana (en aplicación del artículo 25.4 del Reglamento) decida suspenderla de sus funciones, si bien manteniendo el escaño, lo que supondría de inmediato que Alba Vergés (ERC), vicepresidenta primera del Parlament, se convertiría en presidenta en funciones.

En el hilo de escritos en Twitter, Borràs ha acusado a la juez de instrucción de su caso en Barcelona, Silvia Mejía, de ser «cercana a Cs» y de haber iniciado un procedimiento irregular; ha señalado, igualmente, a la fiscal Teresa Duerto, por el mero hecho de ser también la fiscal que investiga -en otra causa- a Josep Lluís Alay, responsable de la Oficina del expresidente autonómico Carles Puigdemont; y ha recordado, a través de una intervención de Anna Gabriel en el Parlament que el artículo 25.4 del Reglamento se introdujo para suspender a los diputados cuando están siendo juzgados por «corrupción lucrativa» y ha añadido: «Ha quedado evidenciado que este no es el caso».

En esta línea, y en respuesta a un comentario en la misma red social de internet, la presidenta parlamentaria ha subido el tono y ha dejado claro que, pese a todo y las presiones de ERC y la CUP, no dimitirá (en este caso el Parlament debería elegir a otro presidente): «He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía».

Mañana, a las 12.00 horas, la Mesa del Parlament se reúne para tratar en una reunión extraordinaria la posible suspensión de Borràs. Todo indica que la suerte de la líder de Junts está decidida, en este asunto, pues ayer, tras conocer la apertura de juicio oral por parte del TSJC, los portavoces de ERC y la CUP adelantaron que sus representantes en la Mesa votarán a favor de que se aplique el Reglamento y, por lo tanto, se suspenda, por primera vez en la historia del Parlament, a su presidenta por un caso de corrupción. Está por ver si esta decisión tiene consecuencias en el Govern, que está formado por ERC y Junts.