La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs por amañar contratos
El Ministerio público acusa a la presidenta del Parlament de prevaricación y falsedad documental cuando estaba al frente del ILC
Laura Borràs: «No tengo intención de dar un paso al lado. No pienso rendirme»
Barcelona
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Iniciar sesiónLa Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y otros 21 de inhabilitación por el supuesto amaño de contratos cuando ejercía como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entidad adscrita al Departamento ... de Cultura de la Generalitat. También una multa de 144.000 euros.
El escrito de acusación atribuye a Borràs los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hace dos semanas.
Junto a Borràs, tendrá que sentarse en el banquillo Isaías H., el amigo al que habría favorecido al fraccionar 18 contratos menores, y para el que el Ministerio público pide también seis años de cárcel por los mismos ilícitos. Según el fiscal, ambos, de mutuo acuerdo, acordaron que la retribución de unos trabajos informáticos para el organismo se haría a través de la contratación administrativa.
Es decir, «fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores -de importe no superior a 18.000 euros, sin IVA-, que de manera recurrente, Borràs, como directora del ILC, adjudicaría a Isaías H., con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente; siendo conscientes de que infringían así la normativa en materia de contratación», reza el escrito de acusación consultado por ABC. El objetivo era evitar la adjudicación a un tercero.
Pero aún hay más. La Fiscalía apunta que Borràs y su amigo -habían trabajado juntos años antes en la Universidad de Barcelona-, con la intención de «ocultar su actuación ilícita», pactaron que cada uno de los expedientes administrativos contase con tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, siendo dos de ellos falsos, para simular así que la adjudicación se hacía al mejor licitador. Todo ello, con la intención de «enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos», apunta el Ministerio público.
Fue un tercer acusado, Andreu P., quien, conocedor de dicha intención, aceptó elaborar los presupuestos y facturas. Para él el fiscal solicita tres años de cárcel, también por prevaricación y falsedad en documento público.
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