Borràs, a juicio por prevaricación y falsedad documental

La decisión judicial debería conllevar, según el Reglamento de la Cámara catalana, que Borràs abandone su cargo de segunda autoridad de la autonomía. Una vez declarado firme el auto de apertura de juicio por corrupción, tras rechazar el tribunal todos los recursos de su defensa, la normativa fija «la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata».

Será el jueves cuando la Mesa del Parlament abordará esta cuestión, aunque tres de los cuatro partidos que la integran, ERC, la CUP y el PSC, ya han avanzado que votarán a favor de su marcha si no se aparta. «Pedimos un ejercicio de responsabilidad para que la institución no quede vinculada a un caso de corrupción», ha subrayado la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Vox, Cs, y PP no están en la Mesa.

Eso sí, Borràs mantendrá su escaño, que solo perdería en caso de sentencia firme. Hasta entonces, la actual vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), asumirá la presidencia en funciones. Si Borràs dimite, las dos formaciones que integran el Govern deberían alcanzar un acuerdo para nombrar un sustituto, y que Junts conserve la presidencia de la Cámara, tal y como acordaron en el pacto de investidura.

En un auto, el magistrado Carlos Ramos indica que existe «una base indiciaria seria y consistente» para sostener que Borràs habría, presuntamente, fraccionado contratos de forma irregular. La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicita para ella seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.

Junto a Borràs, tendrá que sentarse en el banquillo Isaías H., el amigo al que habría favorecido al fraccionar 18 contratos menores, y para el que el Ministerio público pide también seis años de cárcel por los mismos ilícitos. Según el fiscal, ambos, de mutuo acuerdo, acordaron que la retribución de unos trabajos informáticos para el organismo se haría a través de la contratación administrativa.

Es decir, «fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores -de importe no superior a 18.000 euros, sin IVA-, que de manera recurrente, Borràs, como directora del ILC, adjudicaría a Isaías H., con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente; siendo conscientes de que infringían así la normativa en materia de contratación», reza el escrito de acusación. El objetivo era evitar la adjudicación a un tercero.

La Fiscalía apunta que Borràs y su amigo -habían trabajado juntos años antes en la Universidad de Barcelona-, con la intención de «ocultar su actuación ilícita», pactaron que cada uno de los expedientes administrativos contase con tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, siendo dos de ellos falsos, para simular así que la adjudicación se hacía al mejor licitador. Todo ello, con la intención de «enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos», apunta el Ministerio público.

Fue un tercer acusado, Andreu P., quien, conocedor de dicha intención, aceptó elaborar los presupuestos y facturas. Para él el fiscal solicita tres años de cárcel, también por prevaricación y falsedad en documento público.

Aunque Borràs siempre ha alegado que este caso obedece a una persecución por motivos políticos, la Fiscalía sustenta su acusación en unos correos electrónicos que intercambiaron los imputados. Entre ellos, uno del 19 julio de 2014, en el que Borràs traslada a Isaías H.: «Como se tienen que hacer tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro, y que solo ganes uno, el más económico de la serie. [...]. El resto se podría hacer con la empresa de Andreu, y puede que con la cooperativa de Madrid. Si tú haces los cuatro vuestros, yo hago los otros. ¿Te parece bien?».

Un año antes, Isaías transmitió a Borràs su preocupación porque tenía que «que hacer facturas por todos lados para cubrir todos los proyectos , y la verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'. Ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que enredar a varias personas para que me hagan facturas de tres kilos. Estaría bien que me confirmases si no hay otra manera de hacerlo, digamos, más elegante».

Borràs responde a su amigo: «el presupuesto debe quedar como si fueseis profesionales independientes por los totales que no se pueden superar. Como ya sabes, 18.000 euros más IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diferentes paquetes es cuando piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, entonces, cada uno de los conceptos para que quede más claro que son como partes que hace falta ensamblar de forma conjunta».

Ahora Borràs y los otros dos acusados tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa.