Los ayuntamientos de Cataluña podrán iniciar desahucios de pisos ocupados conflictivos

El plan ha tirado adelante con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y Cs, el voto en contra de CUP y comunes, y la abstención de Vox y PP. El texto definitivo, que se ha tramitado de urgencia por lectura única, incluye enmiendas de ERC que recogen que en caso de que se produzca un desahucio como consecuencia de este proceso iniciado por los ayuntamientos los consistorios podrán «adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años« y deberá destinarlo a políticas públicas de alquiler social.

La propuesta inicial contemplaba que las comunidades de vecinos también pudieran iniciar el procedimientos de desahucio de viviendas ocupadas en las que hubiera problemas de «alteración de la convivencia», pero la norma finalmente no contemplará esta posibilidad. Así, con la nueva norma, la junta de propietarios podrá «denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio» para que este, en nombre del alcalde, inicie el proceso de desahucio siempre que previamente haya un expediente acreditativo de que se han producido actuaciones prohibidas que alteran la convivencia y el orden público o que pongan en peligro la seguridad o integridad del inmueble.

«Hoy no estamos hablando de ocupaciones. Estamos hablando de paz social», ha argumentado durante el debate previo Marta Madrenas (Junts), que ha remarcado que la ley busca dar herramientas a las administraciones. Con un tono más duro, la diputada de Cs Anna Grau ha recordado que «el problema con la ocupación es que tenemos un delito encubierto y que nadie se atreve a llamar delito« y ha la mentado que la ley aprobado es un paso pero ha quedado floja.

Por parte de Vox, Sergio Macián ha ha defendido que las comunidades de vecinos necesitan una solución urgente para combatir el fenómeno de la ocupación ilegal y que deben poder actuar cuando la propiedad no lo haga, mientras que desde el PP, Daniel Serrano ha asegurado que hasta hace poco los 'populares' eran los únicos que reclamaban medidas contra la ocupación. «Todo lo que no sea el desalojo del ocupa ilegal en 24 horas es ineficiente», ha aseverado.

La norma deja sobre la mesa las dudas sobre si provocará nuevas vulneraciones de derechos, como temen algunas asociaciones sociales y han dejado claro algunos de los grupos. Según estas voces, los nuevos protocolos pueden perjudicar a familias vulnerables que estén ocupando viviendas porque no tengan otra alternativa habitacional.

Desde los comunes, Susanna Segovia ha alertado de que la ley puede generar inseguridad jurídica, estigmatizar a familias sin recursos e invadir competencias estatales, y ha acusado a los partidos que la han apoyado de hacerlo por electoralismo. Además, ha sostenido que los Mossos ya actúan en los pisos donde hay actividades ilegales.

En nombre del PSC, Eva Candela ha lamentado que la posibilidad de sancionar a grandes tenedores, otro de los protocolos que se puso en marcha para mejorar los problemas de vivienda, no haya conseguido revertir esta situación, que ha propiciado «una línea de negocio muy lucrativa a personas y organizaciones sin escrúpulos».

La CUP, por su parte, ha criticado especialmente el hecho de que la ley no hable de los alojamientos turísticos, «que son el fenómeno que genera más desesperación a los vecinos y altera convivencias»