El Gobierno se abre a estudiar la regulación de los pisos turísticos

Según ha podido saber ABC, el departamento que dirige Reyes Maroto ha decidido priorizar en su hoja de ruta el estudio de medidas que insten a abordar esta problemática. Lo hacen tras la dimisión del exsecretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y la entrada en su puesto de Rosana Morillo, exdirectora general de turismo de Baleares con pasado laboral en el sector hotelero.

Fuentes del sector turístico aseguran que Valdés había enterrado en un cajón la petición de parte del sector de abordar el fenómeno de la vivienda turística. Pero los mismos informantes aseguran que con Morillo ahora a los mandos ha pasado a estar entre los asuntos a tratar con más urgencia. Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, aseguran no tener noticias acerca de movimientos en este sentido.

Según fuentes conocedoras de la situación, ha sido la propia ministra Reyes Maroto la que le ha encomendado la tarea a la nueva secretaria de Estado de Turismo. El fin es abordar en profundidad todas las problemáticas que todavía están abiertas para una mejor regulación de la Vivienda de Uso Turístico (VUT) en España.Por el momento, el proyecto está en pañales y no será hasta después de la celebración de Fitur, que se desarrolla esta semana, cuando se aceleren los movimientos en este sentido.

El tiempo apremia, pues quedan pocas semanas para que Maroto abandone Industria para preparar su candidatura con el PSOE a la alcaldía de Madrid. Los hoteleros temen a que su recambio pueda ser un perfil lejano a sus intereses y tire por tierra los avances llevados a cabo en esta materia.

Aún se desconoce cuál será la manera en la que Industria se aproximará a la intervención de los alquileres turísticos. De querer llevar a cabo una regulación más estricta, podría necesitar del apoyo de otros ministerios como el de Transportes, al que los hoteleros, representados en la patronal turística Exceltur, ya instaron a abordar aprovechando las negociaciones de la ley de vivienda.

El departamento de Raquel Sánchez es el que posee las competencias en materia de vivienda. Pero a mediados del año pasado rechazó la solicitud del sector de enmendar la ley para regular las VUT ante las dificultades que ya sufría el Gobierno para acordar otras medidas en el mismo marco con Unidas Podemos.

Tras la negativa de Transportes, la patronal que representa a grandes cadenas hoteleras como Meliá, NH, RIU, Iberostar y Palladium, se reunió con Maroto para trasladarle la posibilidad de llevar a cabo un decreto ley para legislar a nivel estatal el fenómeno de la vivienda turística. Una articulación que serviría para que comunidades y ayuntamientos tuvieran mayores competencias para intervenir en esta materia.

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A esta petición la acompañaron con el informe Revitur. Un documento elaborado por Exceltur con la colaboración de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Valencia que busca demostrar cómo el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos está haciendo imposible el acceso a la vivienda en los centros históricos de las grandes ciudades españolas.

El informe apunta a que entre 2010 y 2019, las plazas en estos pisos se habían disparado en las 20 mayores ciudades turísticas españolas hasta alcanzar las 361.373. Luego llegó la irrupción de la pandemia que provocó un gran trasvase desde el alquiler turístico al residencial por las restricciones a los movimientos. Pero tras la reapertura del turismo, la proliferación de los pisos turísticos ha vuelto a reproducirse.

Los anhelos de vigilar el desarrollo de los pisos turísticos por parte de Industria llegan también después de que Bruselas se haya alineado con la opinión de los hoteleros. En noviembre, la Comisión Europea estimó que aunque los alojamientos turísticos presentan ventajas para anfitriones y turistas, «pueden suscitar preocupación en ciertas comunidades locales que, por ejemplo, sufren escasez de viviendas asequibles».

Para solucionarlo, Bruselas propone medidas como la prohibición a las páginas de reservas de publicar de viviendas sin licencia para operar como arrendamiento de corta duración o la exigencia a plataformas como Airbnb de compartir en línea la información con las autoridades públicas sobre los pisos que operan y el número de noches y huéspedes que se alojan.