Acuerdo en Cataluña para la nueva ley antidesahucios: con más de 10 viviendas se considerará «gran tenedor»

La ley catalana contra los deshaucios quedó en el aire después de que Junts presentase siete enmiendas al texto original . Hoy, las entidades impulsoras han celebrado que se haya conseguido desbloquear el trámite y han concretado que aunque las enmiendas y el texto se votarán en comisión parlamantaria el 2 de febrero y después irá al pleno, este miércoles ERC, Junts, CUP y comuns ratificaron el acuerdo en la ponencia previa.

«Son de nuevo una mayoría para aprobar una nueva versión del texto», ha destacado el grupo promotor, y ha puesto en valor que este acuerdo recupere medidas de alquiler social anuladas con la derogación de parte de un Decreto ley del Govern. Desde ERC, el diputado Pau Morales ha añadido que aún hay margen para ampliar el consenso, en referencia al PSC , sin rebajar los planteamientos del texto.

Por su parte, la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi , ha destacado en rueda de prensa este jueves el trabajo de su partido para que las enmiendas diesen seguridad a la ley. «No eran diferentes a las que ERC y comuns defendían en Madrid pero aquí hacían ver que no existían», ha apuntado tras apostar por equilibrar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad.

Las organizaciones impulsoras de la norma han concretado que el nuevo texto descarta el mecanismo de derecho a compensación para grandes tenedores que formaba parte de las enmiendas de Junts, y se introduce una medida de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios. El texto también recupera medidas como la renovación obligatoria de alquileres sociales cuando lleguen a su fin, alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables cuando acabe su contrato de alquiler, así como alquileres sociales para hogares vulnerables ocupados.

Entre las mejoras que se han incluido en el texto también está una ampliación de la definición de gran tenedor (incluyendo a personas jurídicas con más de 10 viviendas ), y la obligación de ofrecer alquiler social cuando se acabe el contrato, para lo que ahora se amplían los años de este alquiler de 3 a 5 o 7 años, en función de si el propietario es persona física o jurídica, informa Ep. Además, se ha acordado que la Generalitat controle las ofertas de alquiler social obligatorio; ampliar a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y promotores, y la elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas.