La Santa Sede toma el control de Belorado, destituye a la abadesa y «prohíbe» el acceso al monasterio al obispo excomulgado

Además, Mario Iceta ha señalado que «se prohibirá expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles de los sres. Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol». El arzobispo de Burgos ha señalado que como comisario pontificio ejerce una labor colegiada con un equipo de trabajo que ha presentado en su comparecencia ante la prensa y que entre sus primeras medidas, además de velar por que las religiosas «encuentren el camino de retorno a casa», está la de pedir «la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y sus bienes» y que también se encargará de realizar «una auditoría y un inventario».

Iceta ha explicado que estuvo en Roma a principios de semana, donde puso al corriente de la situación tanto al Dicasterio para la Vida Consagrada como al de Doctrina de la Fe. Ahora, el nombramiento como comisario pontificio 'ad nutum Sanctae Sedis' le otorga «todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio del Instituto atribuyen al superior mayor y a su consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil». En este caso, al ser una institución 'sui iuris' la responsabilidad de superior mayor recaía en la propia abadesa, por lo que Iceta asume toda la responsabilidad tanto en el gobierno y el cuidado pastoral de la comunidad, como en la administración de sus bienes y patrimonio.

Preguntado sobre la posibilidad de que las religiosas hubieran aprovechado este tiempo para vender o alquilar algunos bienes de los tres monasterios que gestionan, Iceta ha confirmado que no tiene constancia «de ningún movimiento en este sentido, ni sospecha ni indicio de que quieran vender bienes o alquilar su patrimonio». «Al contrario, me consta que las hermanas cuidaron siempre muy bien su patrimonio y han sido muy responsables», ha añadido.

Como ya explicó ABC este domingo, Iceta ha señalado que los «monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas». También ha recordado que si se llegara a decretar la disolución de la comunidad y la supresión de los monasterios «todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos» y que en ningún caso pasaría a la archidiócesis de Burgos.

En todo caso, también ha querido insistir que, más allá del conflicto patrimonial, «la cuestión de las monjas es la que más me ocupa y me preocupa». En ese sentido, ha destacado que «las hermanas merecen el máximo respeto y consideración». Así, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica», ha explicado sobre los siguientes pasos.

Si finalmente decidieran perseverar en su actitud cismática, «la renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial». La consecuencia prevista por el derecho canónico, en caso de no deponer su decisión, «concluiría con la declaración de excomunión 'latae sententiae', que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada», ha explicado, aunque ha concluido que confía «vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo».

El arzobispo de Burgos también ha insistido durante su comparecencia en su deseo de tratar «con delicadeza» todo este asunto mediante «un proceso de diálogo» para que las hermanas «vuelvan a casa» y se pueda superar «esta situación tan dolorosa» . En este sentido, ha aclarado que ese cauce de diálogo tiene que ser «el principal», lo que no implica que «se avance en el judicial» . De hecho, no ha rechazado la vía penal por los ataques que él mismo ha recibido de Pablo de Rojas, ya que aunque dice haberle perdonado «no quita que todo se incorpore, lo de antes y lo de después si puede devengar en cuestiones penales».

Según una nota de prensa distribuida por la archidiócesis de Burgos, Mario Iceta, para desempeño «de este encargo de la Santa Sede», ha nombrado «una comisión gestora compuesta por el propio comisario, la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y su secretaria federal (que velarán por el cuidado de la comunidad), el vicario judicial de la archidiócesis de Burgos (que se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico) y el director de Asuntos Jurídicos del arzobispado de Burgos (que coordinará los aspectos concernientes al ámbito civil)». Además, también contarán con la colaboración del delegado episcopal para la vida consagrada y de los capellanes del monasterio, que han asistido a la comunidad en los últimos años, hasta la llegada al lugar del obispo excomulgado Pablo Rojas.

Por su parte, sor María Javier ha recordado que empezó a sospechar que algo estaba pasando en Belorado hace ya un año pero hasta entonces «la relación era excelente, mejor imposible» e, incluso, con la ya exabadesa sor Isabel, «hemos sido muy amigas». «Alguna cosa empecé a ver y fue cuando le dije a don Mario que algo no iba bien», ha añadido, aunque ha insistido en no saber qué ha pasado para que las monjas hayan tomado la decisión de abandonar la Iglesia.

En términos parecidos se ha pronunciado sor Carmen quien ha lamentado que no han conseguido hablar con ninguna de las hermanas que permanecen dentro del convento y ha calificado de «muy dolorosa» la actitud de la comunidad de Belorado que se ha convertido en «un problema de la Iglesia, no nuestro», por lo que ha destacado el «acompañamiento» que reciben.

El vicario judicial de la archidiócesis, Donato Miguel Gómez, ha explicado que la decisión de la Santa Sede de hacer comisario pontificio de los tres conventos (Belorado, Derio y Orduña) a Mario Iceta le faculta para llevar «toda su organización y todas les decisiones patrimoniales, administrativas y de vida religiosa».