Las clarisas de Belorado manejan un patrimonio por encima de los 10 millones de euros

Lo cierto es que tras su ruptura con el Papa Francisco, la única autoridad a quien está sometida la congregación según el derecho canónico por la peculiar condición 'sui iuris' del monasterio, la abadesa pasa a controlar un amplio patrimonio de tres conventos, con un valor superior a los diez millones de euros, pero con unas inciertas vías de ingreso, después del fracaso sistemático que han experimentado en los diversos modelos de negocio que han intentado en los últimos años, fruto de una mala gestión y un constante empeño en bordear la legalidad.

Si a ello sumamos la presencia del incómodo compañero de viaje que se han buscado para esta aventura, el excomulgado obispo Rojas -que como demostró ABC esta semana carece de templos y de fieles para su pretendida organización religiosa-, y que parece buscar en Belorado la sede para montar su peculiar iglesia cismática, el laberinto jurídico está más que justificado.

«La vida monástica femenina se ha caracterizado desde sus comienzos por vivirse plenamente en monasterios autónomos sin vínculos jurídicos entre sí, aun perteneciendo a la misma orden y observando la misma regla. Esto significa que, en principio, sobre el régimen interno del monasterio no hay otra instancia jerárquica externa que ejerza su potestad que la Santa Sede», explicaba en 2018 el profesor Teodoro Bahillo en un artículo en el que analizaba las repercusiones de la instrucción 'Cor orans' en la renovación de la vida contemplativa femenina en la Iglesia.

Una autonomía que se demuestra en la operación económica que está en el origen del conflicto. En octubre de 2020 las clarisas de Belorado compran un monasterio en Orduña (Vizcaya), ya abandonado, que llevaba en venta desde 2002 y pertenecía a otra comunidad de clarisas, la de Vitoria. Su objetivo era trasladar hasta allí al grupo de religiosas que hasta ese momento vivía en el cenobio de Derio (cercano a Bilbao) y poner a la venta este inmueble, con lo que zanjar definitivamente la operación económica. Clarisas compran a clarisas, lo que sería impensable en otras órdenes, pero que aquí responde al hecho de que ambas comunidades son 'sui iuris', «autónomas e independientes», como reconocían las monjas de Belorado en una entrevista.

Aunque el valor mínimo atribuible (VMA) que la hacienda foral de Vizcaya establece para el edificio del monasterio de Orduña y las parcelas anejas supera los tres millones de euros (3.276.675,45 €) la operación se cifró en un millón doscientos mil, por lo que no requería la autorización de la Santa Sede (obligatoria si se supera el millón y medio). En el momento de la compra (octubre de 2020) pagan una señal de 100.000 euros y se comprometen a realizar pagos semestrales de 75.000 euros tras una mora de dos años. La primera cuota debía realizarse el 1 de noviembre de 2022, pero nunca se ha hecho ningún pago.

En ese tiempo, las religiosas de Belorado emprendieron una amplia renovación de Orduña. Cambian todo el tejado y acondicionan unas instalaciones de siglos que llevaban dos décadas cerradas. Según afirman, han invertido más de un millón seiscientos mil euros. Además de mantenimiento de los edificios, los gastos mensuales de una comunidad monástica son elevados, sobre todo si, como ésta, tiene muchas hermanas relativamente jóvenes, por la que deben asumir el pago de la seguridad social, normalmente con el pago de los autónomos. En Belorado, la cantidad mensual puede superar los 2.500 euros, que apenas se compensa con las pensiones que reciben de las ya jubiladas.

Una necesidad de ingresar, agravada por la realidad de ver cómo sus planes económicos se frustraban uno tras otro, en una mezcla de mala suerte y poca habilidad para la gestión. Primero porque la pandemia, la subida del precio del chocolate y la pérdida de popularidad, mermaron los ingresos de lo que era, hasta ese momento su fuente de ingresos principal: la venta de trufas y bombones que habían encandilado a la alta cocina. Un simple vistazo a su página web (elobradordelconvento.com) nos demuestra que su última aparición en medios sobre esta cuestión data de enero de 2020. Ellas mismas reconocían la pasada semana que hace meses que no les entraban pedidos a través de su tienda online.

Por otro lado, las fórmulas alternativas que se plantean también fracasan. En Derio tienen dos edificios. Además del monasterio (construido en 1970) hay un caserío de unos 250 metros cuadrados repartidos en dos plantas, cuya historia se remonta al siglo XVII. Las monjas lo reformaron para convertirlo en casa rural. Sin embargo, el uso establecido por el plan urbanístico es residencial. Cuando el ayuntamiento de Derio les advirtió del uso inadecuado del inmueble, las monjas optaron por judicializar la reclamación, alegando que el ingeniero municipal que había realizado los informes no tenía competencia para ello. Sin embargo, tras ver como varias instancias judiciales respaldaban su posición, el ayuntamiento, a través de un decreto de alcaldía de marzo de 2020, ordenaba el cierre definitivo de esta actividad.

A pesar de ello, continuaron ofreciendo la hospedería, que al estar anexa al monasterio tiene permitido este uso turístico mientras las religiosas vivan en él. Con una propuesta más sencilla, habitaciones para varios huéspedes y baños compartidos, las posibilidades de ingresos eran menores, pero las valoraciones de los viajeros que todavía se pueden ver en varias aplicaciones de reserva eran muy positivas mientras las monjas residían en Derio. En su necesidad de financiación, las monjas ofrecían la posibilidad de comprar en su tienda algunos de los productos que elaboraban para los desayunos, como los bizcochos y las mermeladas de fruta.

En octubre de 2020, tras su marcha a Orduña, decidieron continuar con la actividad, a pesar de que ya no residían allí. Sustentaban la legalidad de su decisión en que todavía retienen la propiedad del inmueble y varias hermanas siguen empadronadas en él. Sin embargo, la dificultad de vivir a 50 kilómetros hizo muy difícil la gestión. Las opiniones fueron derivando hacia lo negativo. Quejas sobre la espera de más de una hora para que alguien apareciera para abrir, la sensación de abandono del recinto, o el cobro de cualquier mínimo extra comenzaron a bajar la calificación del lugar.

El incidente más mediático fue la 'rave' ilegal que cerca de setenta jóvenes montaron en el lugar en el puente de la Inmaculada de diciembre de 2020. En plenas restricciones por la pandemia y con toque de queda nocturno, siete jóvenes alquilaron el lugar. La monja que se desplazó hasta allí hizo el registro a los siete jóvenes que la habían alquilado. Pero cuando volvió para Orduña y los dejó solos, el convento comenzó a llenarse. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Ertzaintza de los ruidos y el alto volumen de la música. Los agentes, al tratarse de una propiedad privada y ante la ausencia de las propietarias sólo pudieron esperar a que los jóvenes fueran abandonando uno a uno el lugar al acabar la fiesta. Lograron identificar a 67. A día de hoy, la hospedería sigue activa en varios portales de alquiler vacacional aunque los precios desorbitados (540 euros la noche) y la ausencia de plazas hacen inviable su reserva.

No son los únicos negocios en que las religiosas han tenido problemas con las autoridades públicas. Esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Belorado les ha negado la instalación de un criadero de perros que tienen abierto en el convento y del que se quejan los vecinos y una protectora. Además, en una cuenta de Instagram que borraron hace unos días también se les pudo ver con varios ejemplares de conejos belier, que se venden como mascotas. Su últimas aventuras son el horno del monasterio de Orduña y la huerta ecológica en los campos que circundan el monasterio, cuyos productos venden en su página web.

De vuelta a Derio, y ante la imposibilidad de rentabilizar el lugar, las monjas decidieron vender las instalaciones, para obtener una liquidez económica que les permitiera hacer frente a las deudas que ya empezaban a tener con la compra de Orduña. Pero no es una venta fácil. La propiedad se divide en dos parcelas con sendas edificaciones principales: la del caserío, de unos 40.000 metros cuadrados, que rodea a la del propio monasterio, de cerca de veintiséis mil metros cuadrados. El primer inconveniente es que esta última (que tiene un VMA de 1.527.318,56 euros) está catalogada, según el plan urbanístico de Derio, como terreno no urbanizable, lo que disuade de su compra a cualquier inversor que no busque mantener ahí la misma actividad que tiene hasta ahora, la religiosa. En caso contrario, tras la compra, tendría que iniciar un incierto recorrido de recalificaciones.

La otra parcela, la del caserío, tiene un valor de 1.466.959,63 euros. De nuevo, el hecho de que un inversor se fijara en ella para un posible uso turístico está descartada, ya que su catalogación es de residencial y nulas las intenciones del ayuntamiento de cambiarla, como demuestra el episodio de 2020. En 2022, acuciadas por la finalización de la mora en Orduña y la inminencia del primer pago, las religiosas decidieron venderla por debajo de su precio real. Buscaron una inmobiliaria vizcaína que la ofrecía por 950.000 euros. Con la leyenda de «casa rústica en Derio» llegó a aparecer en varios portales inmobiliarios. Nadie la compró. A fecha de hoy, han desistido de la venta y la tienen alquilada a un particular. Es el único ingreso que reciben de sus instalaciones de Derio.

En la carta en la que anunciaba su ruptura con la Iglesia católica, la abadesa reconocía el «exceso de trabajo y problemas que esta propiedad nos ha traído» y acusaba al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de instigar el bloqueo «desde Roma por no querer concedernos licencia para esta venta». Una afirmación que demuestra una inquina directa con Iceta pero que difícilmente responde a la realidad. Iceta dejó la diócesis de Bilbao, para ser arzobispo de Burgos, en diciembre de 2020, dos años antes del intento de venta. Además, al no superar el millón y medio, la venta no requiere en principio, de la autorización de la Santa Sede en la que esta pide al obispo de lugar el «voto», una especie de visto bueno.

Lo que sí parece cierto es que fueran reconvenidas por intentar vender un bien eclesiástico muy por debajo del precio de mercado, como reconocía la abadesa, en una entrevista en televisión. «La necesidad de la comunidad era importante y dijimos, vamos a hacerlo, pero de Roma no dejaban porque estaba por debajo de la tasación. Qué curioso es esto, no puedes decidir que quieres vender tu propiedad», decía sor Isabel de la Trinidad. Una apreciación que niega Miguel Campo Ibáñez, profesor de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Comillas y director del curso de especialista en administración de bienes eclesiásticos. «No pueden disponer de las propiedades a su antojo, es cierto que los bienes pertenecen a la persona jurídica del monasterio de Santa Clara, pero no a esas 16 religiosas en particular», explica a ABC.

Lo cierto es que en el Registro de Entidades Religiosas, del Ministerio de Justicia aparecen inscritos los monasterios de Belorado y de Derio y la representante legal de ambos es Laura G. de V. S. el nombre civil de la abadesa. El de Orduña no está inscrito. Sin embargo, también aparece como representante la abadesa en la autorización para realizar agricultura ecológica en los campos que tienen en Orduña, aunque la razón legal se atribuye al monasterio de Derio. También aparece su nombre, Laura G., como la propietaria de la cuenta de la hospedería.

Campo Ibáñez confirma que al ser 'sui iuris', la abadesa es considerada como superiora general y sólo debe rendir cuentas ante el Papa. Esto contrasta con que ella misma haya dejado claro que considera a Francisco un usurpador y se ha desvinculado públicamente de la Iglesia católica. Roto ese vínculo con su único superior, podría pensarse que la abadesa, acreditada en la práctica con poderes notariales de representación de la comunidad, tendría el control total sobre el patrimonio. Una circunstancia que ella tiene muy presente, como demuestra que cuando en su única aparición pública desde el inicio de la crisis, en la entrevista que Ana Rosa Quintana y este periodista le hicieron en el programa TardeAR ante la pregunta de si ahora, que ya no dependía del Papa iba a vender el convento de Derio confirmó que «esa es la intención».

Sin embargo, a pesar de que sus poderes de representación le habilitan para una operación de este tipo, los expertos consultados por ABC consideran que en estas circunstancias «ningún notario va a permitir elevar a público la compra-venta de ningún bien que pertenezca a la Iglesia, como es el caso de estos monasterios», incluso aunque la autorización de la Santa Sede no sea preceptiva por tratarse de un importe inferior. «Esa operación se podría anular, porque hay un intento de fraude evidente», explica.

Sin embargo, advierte de que los poderes de la abadesa sí le habilitan para realizar otro tipo de actos jurídicos menores, que no requieren la elevación a público, por lo que insta a una rápida intervención de la Santa Sede que evite decisiones inapropiadas que puedan ser irreversibles. «Se impone un deber de diligencia de la autoridad eclesiástica, y deben actuar con gran rapidez. No se puede permitir que este patrimonio acabe en manos de este señor, Pablo Rojas», añade.

Sobre como podría ser una posible intervención, el también profesor de Derecho Canónico en Comillas, Rufino Callejo, apunta que ante la actitud cismática mostrada, la Santa Sede «podría deponer a la abadesa y nombrar un comisario pontificio que gestionara la situación y que aclarara, una a una, la posición doctrinal del resto de las religiosas». «Después de romper con la Iglesia y salir del convento, las monjas pueden hacer lo que quieran, comprar y vender lo que les venga en gana, pero no los bienes como esos tres monasterios, que pertenecen a figuras jurídicas eclesiásticas [la comunidad] cuyo último propietario absoluto es el Pontífice», añade.

Aunque tanto la Santa Sede como los obispos implicados (Burgos, Bilbao y Vitoria) han mantenido una actitud de silencio en espera de que las religiosas reconsideren su decisión, un nuevo acontecimiento puede dar un giro esta misma semana. En abril, antes de que comenzara el problema, la abadesa y el delegado episcopal habían fijado el 29 de mayo como fecha para la elección de la que tiene que ser su sucesora. Sor Isabel de la Trinidad ya ha agotado todos los mandatos que el derecho canónico le permite estar al frente de la comunidad, incluso con una prórroga aprobada expresamente por la Santa Sede.

De esta forma, el próximo miércoles la comunidad de Belorado deberá elegir una nueva abadesa, con la necesaria presencia, para que sea válida la elección, del delegado episcopal, al que han negado el acceso al convento desde el pasado 13 de mayo. Las monjas se encuentran así en la tesitura de acatar las normas jurídicas de una iglesia con la que dicen haber roto, para que su representante siga teniendo una mínima legitimidad legal, o asumir que a partir de ese momento la nueva abadesa, o sor Isabel si no hay elección, se convierte en «usurpadora» como ellas califican ahora al Papa.