Presupuestos: la gran anomalía política
No se puede pretender gobernar un país en normalidad democrática sin cumplir la obligación básica de presentar unas cuentas
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Iniciar sesiónEl pasado 30 de septiembre venció, una vez más, el plazo constitucional para que el Gobierno presentase los Presupuestos Generales del Estado. No lo hizo. Es el tercer año consecutivo en que el Gobierno de España incumple esta obligación constitucional, lo que convierte a la ... política presupuestaria en un ejercicio de prórrogas, improvisación y cálculo partidista. Y lo más grave no es solo el retraso, sino la normalización de esta anomalía en el discurso público, como si se tratara de un trámite secundario y no del instrumento esencial para ordenar los recursos del Estado.
El presupuesto es la expresión máxima de un proyecto político: determina prioridades, reparte cargas y beneficios, señala el rumbo de la economía y permite cumplir -o incumplir- promesas electorales. Carecer de él supone gobernar con piloto automático, administrar con inercias y renunciar a la planificación estratégica. En un contexto de inflación persistente, tensiones territoriales y demandas sociales crecientes, la ausencia de presupuestos equivale a dejar al Estado sin brújula.
Ante este escenario, cabe preguntarse si la oposición debería limitarse a denunciar la situación o, por el contrario, dar un paso más. El Partido Popular, principal fuerza alternativa al Gobierno, podría explorar una estrategia distinta: coordinar a sus presidentes autonómicos y, en bloque, empujar a sus comunidades a convocar elecciones anticipadas si tampoco logran aprobar sus propios presupuestos. La medida sería arriesgada, pero tendría una fuerza simbólica incontestable: demostrar que la falta de cuentas públicas no es un detalle técnico, sino una quiebra del principio de gobernabilidad.
Tal acción, además, serviría para evidenciar que la anomalía no es solo nacional, sino que se proyecta sobre todo el entramado institucional. Si un gobierno autonómico se declara incapaz de sacar adelante presupuestos, debe reconocer su debilidad y devolver la palabra a los ciudadanos. Y si lo hacen varios gobiernos a la vez, el mensaje hacia Moncloa sería contundente: no se puede pretender gobernar un país en normalidad democrática sin cumplir la obligación básica de presentar unas cuentas.
Es cierto que esta vía implicaría riesgos para el PP. No todas las comunidades responden a la misma lógica política, y no todos sus presidentes estarían dispuestos a sacrificar sus mandatos en aras de una estrategia nacional. Pero también lo es que la política exige audacia cuando el bloqueo se enquista. Dejar pasar año tras año sin presupuestos es aceptar la erosión del sistema constitucional.
La falta de cuentas públicas no puede convertirse en una costumbre tolerada. Si el Gobierno no asume su responsabilidad, la oposición debería forzar a que la anomalía se visibilice. Porque sin presupuestos no hay proyecto político, y sin proyecto político no hay verdadera democracia.
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