Castilla y León alega al Gobierno que la condonación de la deuda supone que cada ciudadano deba 523 euros más

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco también explica en el informe que «la norma tiene una motivación claramente política y responde al cumplimiento del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos». Además, «no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades para sufragar los servicios de su competencia», ya que «se trata de un parche aislado y no incluye ninguna disposición para corregir la insuficiencia financiera estructural de las administraciones autonómicas». Para Castilla y León, «la prioridad debe ser la reforma del modelo de financiación caducado desde hace 11 años, atendiendo a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad y multilateralidad».

En otra de las alegaciones se detalla que con la condonación «se menoscaba el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública que recoge el artículo 9 de la Constitución Española y el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que cada administración debería responder de sus decisiones y asumir las consecuencias de estas». Además, «no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para garantizar que el endeudamiento se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales».

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Para la Junta de Castilla y León «el Gobierno ha actuado sin transparencia, socavando los principios de cooperación y colaboración en las relaciones financieras del Estado y las comunidades, al no haberse desarrollado un proceso de consulta y negociación multilateral con las distintas autonomías». «Se ha presentado como un acuerdo ya cerrado y que se trata de imponer al conjunto de comunidades», destaca el documento.

Por todo ello, se insiste en que la quita de la deuda «es una medida injusta que genera agravios comparativos entre territorios y un trato discriminatorio y no igualitario, vulnerando los principios de eficiencia en la asignación de los recursos y de lealtad institucional». «La Junta discrepa de los criterios de reparto acordados y aplicados ya que se consideran totalmente discrecionales, redistribuyendo de forma injustificada una parte de la deuda que asumirá el Estado en base a criterios totalmente ajenos al que se establece en el actual sistema de financiación». Además, «esta medida no supone un flujo de ingresos adicionales hacia el conjunto de las arcas autonómicas».

En cuanto a las propuestas que recoge el anteproyecto, la valoración de la Junta también es negativa ya que se considera que «a través de la reducción de la cartera de deuda, no se alcanzará el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera de las comunidades». «Castilla y León ya disfruta de un adecuado grado de accesibilidad a los mercados con cargo a los cuales se viene financiando de manera ordinaria al tener asignado un grado de solvencia financiera idéntico al Reino de España», matiza el documento de alegaciones.

Y es que para Castilla y León la sostenibilidad financiera de las autonomías se debe abordar de forma conjunta con la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, en un debate multilateral que garantice la igualdad en el reparto de recursos. «Castilla y León sufre la insuficiencia de recursos para afrontar las necesidades de gasto y está afectada por la insuficiente ponderación en el modelo actual de los factores demográficos y territoriales que incrementan de forma significativa el coste real de prestación de los servicios públicos», concluye la Junta. De hecho, según el Consejo de Cuentas de Castilla y León el déficit acumulado de financiación de la Comunidad en el Sistema de Financiación autonómica entre 2009 y 2021 es de 6.722 millones de euros, más de 500 millones anuales.