El Gobierno dice que asumirá 3.643 millones de deuda de Castilla y León

La cifra total que se ha dado es de 83.252 millones de euros de deuda de todas las Comunidades Autónomas, «lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados», recoge el texto.

El objetivo de esta medida «inédita» y «excepcional», como ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es corregir «el sobreendeudamiento» al que se vieron abocadas las autonomías «durante la crisis financiera por la falta de recursos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy». En palabras del propio texto, algo que «contrasta» con el «apoyo financiero» brindado por el Gobierno progresista, que se traduce en que estas «han recibido 300.000 millones de euros más de recursos en siete años de gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno conservador».

Dentro de esa cuenta, el departamento argumenta que esa política de apoyo a las CCAA es la que ha permitido que durante esos siete años, Castilla y León reciba -excluyendo los fondos europeos- 15.548 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 1.584 millones de fondos Covid transferidos por el Estado a la Junta, o los 373 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Castilla y León que el Estado asumió, entre otras actuaciones.

Montero, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha recordado que esta norma, que beneficia a todas las Comunidades, tengan o no deuda con el FLA, es «plenamente coherente» con la política de apoyo financiero a las regiones que ha aplicado el Gobierno desde 2018.

Además, el Anteproyecto de Ley recogería la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda asegura que ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero. Dicha propuesta, remarcan, fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes.

Esa metodología sentaría sus bases, según aseguran, en un análisis del crecimiento de la deuda autonómica entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. Así, el Gobierno defiende que, con varios ajustes posteriores, se realiza el reparto con un criterio técnico poblacional.