El único «acuerdo» entre el Gobierno y la familia de Franco: la Justicia decidirá sobre la exhumación

Ese plazo vencería el próximo 11 de marzo, quince días hábiles después de que se notificase a la familia Franco. Hasta entonces, incertidumbre. Fuentes de Moncloa insisten en que «una vez que pase ese plazo, el Gobierno puede ejecutar» la exhumación. Eso sí, estas mismas fuentes aseguran que «hay que esperar» a que se pronuncie el Tribunal Supremo ante el recurso que presentará la familia del dictador.

En función del interlocutor, en Moncloa hay versiones para todos los gustos. Hay quienes piensan que el Supremo puede admitir a trámite el recurso pero no imponer medidas cautelares, lo que en la práctica habilitaría al Gobierno a actuar; y otros que entienden que el Alto Tribunal o no lo admite a trámite o lo admite con medidas cautelares.

En los departamentos responsables de este proceso no se atreven a «vaticinar» nada. El deseo del Gobierno, en cualquier caso, es que la Justicia se pronuncie rápido porque están convencidos de que el proceso ha sido «garantista». No obstante el asunto ha llegado a un punto en el que Moncloa ha perdido el control de los tiempos. «Si el Gobierno tiene tiempo, procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio», aseguró ayer la portavoz Isabel Celaá, asumiendo que hay una posibilidad real de no poder hacerlo.

El caos comunicativo ha presidido el caso. La vicepresidencia del Gobierno, que pilota este tema, filtró a algunos medios esta semana un extracto de la carta del Vaticano en la que la Santa Sede mostró su no oposición a la exhumación. Algo que no es novedad . La polémica sobre el contenido de la última misiva enviada desde Roma al Gobierno estalló cuando el Ejecutivo interpretó que la Santa Sede no solo no se oponía a la exhumación, sino que iba a facilitarla presionando a la congregación del Valle de los Caídos. De forma inmediata, la Conferencia Episcopal, a través de su secretario general, Luis Argüello, avisó a Moncloa de que no era lo mismo «decir que la Iglesia no se opone a decir que apoya la exhumación».

Acto seguido, cuando nadie salvo Carmen Calvo conocía la literalidad la misiva íntegra, el prior de la abadía benedictina de Cuelgamuros, Santiago Cantera, también advirtió al Gobierno de que él solo facilitaría la exhumación si el Supremo le obligaba. Y ayer, cuando El Independiente hizo pública la carta, el propio texto vaticano desmintió la versión gubernamental. «La Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española», se pudo leer en una carta con la que el Vaticano insistió en la postura que ha seguido desde el primer momento: «Es una cuestión que afecta a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local». Además, en Roma consideran que el asunto « está sometido al Derecho y a la Justicia española ». En claro: el Vaticano advierte de que la última palabra la tendrán los tribunales.

En el Gobierno, perfectamente conscientes de la dimensión judicial del caso, insisten en que solo las medidas cautelares que pueda imponer el Supremo tras recibir el recurso de los Franco podrían frenar el proceso. Por el contrario, en Moncloa estiman que la oposición del prior del Valle de los Caídos» en ningún caso sería decisiva, ya que «el Poder Ejecutivo tiene la facultad para exhumar los restos de Franco».

Y si el Gobierno quiere acortar los plazos para que el Supremo se pronuncie cuanto antes, la estrategia de la familia Franco es la opuesta: apurar los márgenes establecidos y que decidan los jueces. Por ello presentarán un nuevo recurso. « No vamos a tardar mucho . No sé exactamente qué día va a ser pero va a haber recurso», confirma a ABC Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, que confía en que el próximo paso del Supremo sea paralizar de manera cautelar la exhumación.

«No hay un caso más claro para adoptar una medida cautelar que este», estima el abogado, quien se remite al auto del Alto Tribunal de diciembre, inmediatamente posterior al primer recurso de los nietos de Franco. Entonces el Alto Tribunal evitó tomar medidas amparándose en que no existía riesgo de que la exhumación se materializara. Meses después, cuando el Gobierno tiene en su mano la ejecución del proceso, el abogado considera que el riesgo es real y que, por ello, la suspensión cautelar al calor del recurso familiar estaría justificada.