Sánchez propicia una relación «bilateral y permanente» con el País Vasco

El presidente del Gobierno abrió ayer su ronda con los presidentes autonómicos recibiendo a Urkullu, en una reunión que se extendió durante cerca de dos horas. Urkullu planteó a Sánchez cumplir con el informe que cifra en 37 las competencias pendientes de transferir en virtud de lo estipulado en el Estatuto de Guernica .

Urkullu salió de La Moncloa con el compromiso de Sánchez de abordar de forma oficial esta cuestión. Ambos acordaron ayer la creación en el mes de julio de un grupo de trabajo que estudie el traspaso de competencias pendientes. La gestión de los centros penitenciarios y la del régimen económico de la Seguridad Social son una «prioridad» para Urkullu, que en cualquier caso no ha querido plantear ningún plazo para que esto se sustancie, quedando por el momento relegado al debate en el grupo de trabajo entre ambos gobiernos.

Urkullu no salió, sin embargo, de La Moncloa con un calendario concreto para materializar estas cuestiones, según reconoció el propio lendakari : «Nos vamos a dar un tiempo».

En lo que respecta a la transferencia de la gestión sobre el sistema penitenciario el País Vasco resalta que «esta competencia ya ha sido transferida a Cataluña». El Gobierno vasco reclama la dirección, organización, régimen, funcionamiento, planificación e inspección de las instituciones penitenciarias ubicadas en su territorio. Y también tendría bajo su mando todo lo referente a las actividades de reinserción.

Algo que se entrelaza irremediablemente con otra cuestión que discurre al margen de lo referido a las transferencias pendientes. El lendakari aseguró que también se constituirá un segundo grupo de trabajo centrado en estudiar el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Urkullu reclamó «un nuevo enfoque para la política penitenciaria» en la que se superen las «medidas de excepcionalidad». Aunque el lendakari dijo comprender las «razones de cautela del presidente» en esta materia, que el propio Urkullu ha reconocido que tienen que ver con «la atención para con las víctimas del terrorismo». Esta cuestión contará con un grupo de trabajo propio, en lo que supone de facto que el Gobierno de España se sienta a estudiar formalmente la cuestión. «Se trata de abordar una nueva política que supere las medidas de excepcionalidad y, como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evite el desarraigo social de las personas penadas y facilite su reinserción», defendió Urkullu. Hasta ahora el nuevo Ejecutivo había planteado la necesidad de una «política distinta» una vez se ha producido el anuncio de disolución de la banda terrorista ETA.

Las cautelas a las que hizo referencia Urkullu quedaron patentes ayer mismo. Fuentes de La Moncloa negaron que hubiese un acuerdo concreto al respecto, pese a la claridad con que se expresó el lendakari. De hecho, el comunicado que envió posteriormente la presidencia del Gobierno, porque nadie salió a comparecer, no incluyó esta previsión sobre un grupo de trabajo específico para esta cuestión.

En lo que no hubo diferencias es en la voluntad de reducir la conflictividad ante el Tribunal Constitucional . Así, otro grupo de trabajo «revisará» todos los recursos presentados contra decisiones del Gobierno vasco «para buscar una salida a la situación actual», explican desde el Gobierno.

En una primera reunión al respecto se tratará de «encauzar» dos casos concretos. Urkullu se refirió expresamente a la ley de víctimas de abusos policiales y al recurso que el Gobierno de Rajoy presentó a los Presupuestos del País Vasco por contener una subida salarial a los funcionarios. El Gobierno vasco espera el desestimiento del Ejecutivo central en ambos casos. A corto plazo solo se ha programado un encuentro en julio para abordar el traspaso de la gestión de dos líneas de ferrocarril, la que une Bilbao con Basauri y Alonsotegui-Barakaldo. También está muy cerca la transferencia de la gestión de dos autopistas (la A-68 y parte de la A-1), además de el puerto de Pasaia.

En su comparecencia Urkullu vino a constatar un paso adelante en la relación entre el Gobierno de España y el ejecutivo vasco. «Hemos abierto una puerta a la relación institucional para garantizar una dinámica de trabajo estable y constructiva», aseguró Urkullu. El lendakari dijo constatar una diferencia de voluntad respecto al anterior Ejecutivo, cuestionando que en su segundo mandato no había sido recibido por Mariano Rajoy o que hasta ahora «no había grupo de trabajo para análisis y materialización de transferencias pendientes». Sobre el modelo territorial Urkullu planteó que en el 40 aniversario de la Constitución podría ser conveniente la celebración de una «convención constitucional». El lendakari planteó la evolución hacia un modelo «plurinacional» y destacó, en consonancia con la situación en Cataluña, que «hemos hablado de convivencia desde el respeto mutuo, no de ruptura».