Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos, en busca y captura

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El Ministerio Público pidió ayer el arresto del expresidente de la Generalitat y los antiguos gobernantes catalanes Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí . La Fiscalía lo solicitó después que ninguno de ellos acudiera a la Audiencia Nacional, donde estaban citados, imputados por rebelión, o sedición, y malversación. Los nueve líderes independentistas que acudieron al tribunal durmieron ayer en dos prisiones de Madrid.

La orden europea dictada por la juez de la Audiencia Nacional será resuelta por un tribunal belga , sin que los gobiernos de ambos país intervengan. Este proceso, en caso de que se estiren todos los plazos y agoten los recursos, puede alargarse hasta sesenta días, según informaron a ABC fuentes jurídicas. La euroorden ha sido enviada a las autoridades judiciales belgas, en este caso a la Fiscalía Federal Belga, dado que es el lugar donde se han refugiado. La orden también se ha insertado en el programa Sirene de la policía.

Al relatar los hechos investigados, Lamela acusa a Puigdemont de «liderar» el proceso independentista ilegal, un plan preconcebido de todo el soberanismo. Los imputados, según la juez, «utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español»

La resolución de la magistrada acuerda también el ingreso en prisión de Puigdemont ante la evidencia de que existen los riesgos que el encarcelamiento preventivo busca impedir: que los investigados se fuguen, destruyan pruebas o reiteren en los delitos imputados.

Tampoco existe la opción de que los huidos declaren por videoconferencia, una opción que las leyes procesales penales permiten para los imputados o testigos por «razones de utilidad, seguridad o de orden público». Lamela explica que Puigdemont y los consejeros que pidieron declarar de esta forma no alegaron ningún motivo concreto y ni siquiera aportaron un paradero conocido.

Esta previsión de las leyes no está contemplada en ningún caso para alguien que, residiendo y teniendo su arraigo en España, «se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales de su Estado», el objetivo de la escapada de Puigdemont. Además de los delitos por los que se querelló el Ministerio Público, la juez también atribuye al expresident prevaricación y desobediencia, delitos que no se castigan con penas de prisión.