La juez valora la huida de Puigdemont para encarcelar a Junqueras y otros siete exconsejeros catalanes

En una decisión inédita, la juez Carmen Lamela acordó ayer el ingreso en prisión preventiva y sin condiciones de Oriol Junqueras y otros siete antiguos consejeros de la Generalitat. La magistrada busca evitar, entre otros objetivos, que todos ellos sigan los pasos de Puigdemont y se escapen de la acción de la justicia. El ejemplo del «expresident» aportó más argumentos y les dio un empujón a la cárcel.

Los encarcelados sin fianza son Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Form. Cuatro son del PDECat, la antigua Convergència; otros cuatro de ERC, los partidos independentistas tradicionales, que han protagonizado junto a la CUP el proceso independentista ilegal . El ingreso en prisión preventiva -la medida cautelar más grave- fue solicitado por la Fiscalía, quien impulsó la investigación con sus querellas.

Los antiguos gobernantes catalanes y líderes independentistas están imputados por los delitos de rebelión, o sedición, y malversación por empujar hacia la independencia de Cataluña por vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado, y por destinar fondos públicos en ello.

Los consejeros huidos , refugiados en Bélgica con Puigdemont, son cuatro: Meritxell Serret, Lluís Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí. Borràs también se encontraba entre los desplazados a Bruselas desde el pasado lunes pero cambió de opinión y apareció en la Audiencia Nacional minutos antes de las 9 de la mañana, cuando estaban citados ante la juez , mientras el frío envolvía la madrileña plaza de la Villa de París. En la dirección contraria, no apareció Puig, a quien sí se esperaba en la cita judicial. Puigdemont reaccionó a la decisión de la Lamela con un mensaje en la red social Twitter. «El clan furioso del 155 nos quiere en la cárcel. ¡El clamor sereno de los catalanes es de libertad!», publicó.

Solo uno de los investigados que ayer comparecieron en la Audiencia Nacional, el exconsejero de Empresa Santiago Vila , podrá salir de prisión a corto plazo. Deberá abonar para ello una fianza de 50.000 euros, según acordó ayer la magistrada, que tuvo en cuenta su dimisión antes de la declaración unilateral de independencia.

Considera, por ello, que Vila -quien aspira a liderar una nueva versión más moderada del PDECat- no ha reiterado en el delito, al ser manifiesta «su voluntad contraria a consumar el intento secesionista». El desmarque del exconsejero de Empresa del resto de líderes independentistas quedó patente en su llegada al tribunal, donde apareció con un abogado particular , sin coordinación con los demás. A sus pasos, además, no le acompañaron ni aplausos ni vítores de los parlamentarios catalanistas presentes en la entrada de la Audiencia Nacional, como sucedió con los demás imputados.

En los encarcelados sin condiciones la juez aprecia todos los riesgos que justifican la prisión preventiva: que se fuguen, que destruyan pruebas y que continúen delinquiendo. Ésto último sucedería porque los imputados «han venido planificando y realizando de forma consciente» el plan secesionista ilegal desde hace más de dos años, alega Lamela. La juez les considera «un grupo perfectamente organizado de personas, apoyadas por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia». Ese riesgo de fuga se acrecienta «por el alto poder adquisitivo» que manejan, que les permite viajar al extranejero de forma fácil.

El auto de la magistrada, de diecinueve páginas, también valora la gravedad y las altas penas de los delitos que se atribuyen a los encarcelados. Y tiene en cuenta « la especial importancia » del rol que todos asumieron en el proceso independentista ilegal. «Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad».

La actuación de los imputados se enmarca, además, en «una estrategia de todo el movimiento secesionista», urdida por los gobernantes catalanes cesados, lo que incluyó «movilizaciones tumultarias organizadas». La juez aprecia un reparto de papeles «entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y las asociaciones independentistas» de la ANC y Òmnium, que agitaron las calles y actuaron como «el brazo civil del levantamiento auspiciado» por las máximas autoridades de Cataluña. Cita como ejemplo el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre o las llamadas a ocupar los centros de votación en el referéndum ilegal.

Al ejecutar «ese plan preconcebido », los investigados desobedecieron las resoluciones del Tribunal Constitucional, que ha anulado todos los pasos adelante del secesiosismo. «Pese a ello, el Govern continuó impulsando las medidas para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república». Entre esas decisiones la juez incluye la presión que Puigdemont transmitió a los alcaldes catalanes que se opusieron a ceder locales el 1-O.

La magistrada también desmonta el referéndum del 1 de octubre y la huelga del 3 de octubre, «que no tuvo nada que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales». Lamela señala que la votación ilegal era, «al margen de la validez» de la mismo, un medio necesario para declarar la independencia. Este desenlace era «la única y exclusiva alternativa» prevista por los gobernantes catalanes depuestos, según se desprende de la hoja de ruta incautada en la casa del número dos de Junqueras, Josep María Jové. Lamela niega, además, que la fugaz citación les haya causado «indefensión» y recuerda que pueden volver a declarar ante ella «cuantas veces quieran».