¿Cuánto puede tardar la entrega de Puigdemont?

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¿Qué puede hacer la justicia ante la huida de Puigdemont?

El primer paso para traer a Puigdemont a España sería que la Fiscalía pida a la juez una orden europea de detención y entrega. Tras solicitarla la Audiencia Nacional, esta solicitud sería resuelta por un tribunal belga. Es una cuestión entre jueces, en el que los gobiernos de los países en cuestión no pueden intervenir.

¿Cuánto puede tardar su entrega?

Mientras se resuelve, la justicia belga podría ordenar el ingreso en prisión de Puigdemont o dejarle en libertad. Si el afectado se niega y agota los plazos y trámites, el proceso puede durar unos 60 días. Si Puigdemont y los demás exconsjeros huidos en Bélgica aceptasen la entrega, algo improbable, se resolvería con mucha más rapidez.

¿Qué es una orden europea de detención y entrega?

Este sistema rige la entrega de personas reclamadas entre países de la Unión Europea, y está basado en la confianza mutua. El sistema agiliza los plazos de los procesos de extradición previstos para los países terceros, ajenos, a la Unión Europea y existe en España desde el año 2004, cuando se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico una directiva europea del año 2002. Si el juez belga rechaza la petición de los tribunales españoles, debería sostener su decisión en argumentos jurídicos; pero lo previsible es que terminase accediendo. Ello supondría que el tribunal belga desconfía de España y entiende que los investigados son perseguidos políticos.

¿Quién solicita la entrega de Puigdemont?

Esta competencia la corresponde a la juez instructora de la causa de la que los investigados tratan de sustraerse. En este caso, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la magistrada que ha enviado a prisión a Oriol Junqueras y siete exconsejros, para evitar que se fuguen por un delito de sedición. Los Gobiernos no intervienen en las órdenes europeas de detención y entrega, un acuerdo y mecanismo que solo opera entre jueces.

¿Pueden declarar por videoconferencia?

La ley procesal penal permite que un juez autorice la declaración de un imputado por videoconferencia, siempre que se den «razones de utilidad, seguridad o de orden público», lo que no parece en este caso. Hay otra factor decisivo. El investigado debe estar presente, además, en la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en la que las acusaciones pueden pedir medidas cautelares, incluido el ingreso en prisión preventiva. Los imputados deben estar presentes en esta vistilla, para escuchar los argumentos de las acusaciones y que sus letrados se defiendan.

¿Y si escapan de la Unión Europea?

En el caso de que Puigdemont u otro citado por la justicia se negase a comparecer y se escondiese en un país tercero, ajeno a la Unión Europea, el escenario sería diferente. En ese supuesto, su entrega se llevaría a cabo a través de una petición de extradición. Esa solicitud la realizarían los tribunales, pero es concedida por el Gobierno del país en cuestión. Por eso, en este caso, sí podrían influir la presión diplomática y la capacidad de influencia del Gobierno español.