Policía Nacional y Mossos, juntos en Barcelona contra los carteristas

La operación se saldó con 70 identificados, uno de los cuales fue detenido al tener pendiente una orden de búsqueda por hurto y otros 30 fueron trasladados a dependencias del CNP, competente en materia de extranjería. En comisaría se revisó su situación administrativa, tras lo que 22 de ellos quedaron detenidos en aplicación de la Ley de Extranjería y pueden acabar expulsados de España. Todos los trasladados eran delincuentes multireincidentes identificados y detenidos en numerosas ocasiones por los los Mossos.

Como resumía ayer una fuente del CNP consultada por ABC, la virtud del operativo conjunto es que permite «quitar de la circulación» a carteristas que son viejos conocidos de los Mossos pero que debido a la actual legislación es imposible evitar que regresen una y otra vez porque la mayoría de ocasiones el valor de lo sustraído es menor de 400 euros. En 2017 el Tribunal Supremo resolvió que los hurtos no podían acumularse : «Por la vía legal es muy difícil frenarlos, pero en cambio la ley de Extranjería sí permite expulsarlos si están aquí de forma irregular y son delincuentes».

Se estima que cada día en el Metro de Barcelona «trabajan» entre 80 y 100 carteristas, la mayoría extranjeros -ayer se contaron de diez nacionalidades- perfectamente identificados por los Mossos, que ven impotentes como en la mayoría de casos su trabajo sirve de poco. A estos carteristas se les atribuye uno de cada tres hurtos que se producen en la ciudad: 18.823 solo entre enero y julio. En este periodo se han llevado a cabo 524 detenciones (un 37% más que en el mismo periodo de 2018) 12.644 identificaciones (12% más) y 2.486 denuncias (19% más).

Una estrategia para combatir las dificultades legales a la hora de perseguir son las órdenes de alejamiento de la red de transporte público que en ocasiones se dictan contra los reincidentes, gracias al meticuloso trabajo policial de confección de informes con las denuncias y detenciones de cada uno. La solución, en cualquier caso, es temporal, ya que mientras dura la orden de alejamiento salen del país para evitar ser acusados por quebranto de condena para regresar cuando acaba su vigencia. 221 carteristas tienen ahora mismo vetado el acceso a la red de transporte público .

La operación de ayer se focalizó en el tramo de Metro entre las estaciones de Diagonal y Sagrada Familia, uno de los puntos calientes de la red: agentes de paisano ayudados por otros desde el centro de control de cámaras peinaron la red de manera intensiva, localizando a carteristas y trasladándolos a la estación de Sagrada Familia, donde se centralizó el operativo. Por parte de Mossos participaron agentes de la Brimo (antidisturbios), de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Investigación de Área de Seguridad del Transporte Metropolitano (Astmet). Por parte de la Policía Nacional se desplegaron efectivos de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif).

Fuentes policiales señalan la normalidad con la que ambos cuerpos trabajan de manera conjunta, una colaboración que se produce por encima de cualquier consideración política: «Cada uno tiene claro cuáles son sus competencias, la colaboración se produce de manera natural». «Nuestra intención es sumar, aunar esfuerzos, y conseguir sinergias entre ambos cuerpos policiales en beneficio de la ciudadanía », apuntó ayer el jefe de la sección primera en Barcelona de la Ucrif, Pedro Santos Orviz.

De hecho, el operativo de ayer reproduce el mismo esquema de otros que se han llevado a cabo en la capital catalana de manera reciente. Así, por ejemplo, Mossos y CNP han realizado en los último meses importantes operaciones conjuntas en La Mina (Sant Adrià del Besòs) contra el tráfico de drogas, en el barrio del Raval contra los conocidos como «narcolateros» -clanes de paquistaníes que controlaban el tráfico de heroína bajo la tapadera de los vendedores de cerveza-, contra los «narcopisos», o, en el Puerto Olímpico tras el repunte de la inseguridad registrado allí. Unas semanas antes otro operativo desarticuló a un grupo de georgianos que, instalados en la antigua escuela donde se rodó la serie «Merlí», se les responsabiliza de al menos una setentena de asaltos violentos a domicilios en Barcelona y su área metropolitana.

El operativo policial de ayer llega semanas después de que las alarmas hayan saltado en la capital catalana como consecuencia del repunte de la delincuencia y los delitos, un problema que se agudizó al concentrarse ocho muertes violentas -en peleas o apuñalamientos- en un mes y medio y que llevó al propio gobierno municipal a hablar, aunque con la boca pequeña, de «crisis de seguridad».

Las autoridades, con todo, han intentado minimizar la situación, en parte para no hacer más grande la problemática: tanto el Ayuntamiento como responsables de la Generalitat se han mostrado abiertamente preocupados pero se han escudado en más de una ocasión en considerar los casos mortales como «hechos puntuales» . Cierto es que, fueran extraordinarios o no, es evidente el repunte de la violencia callejera. Anteayer mismo, por ejemplo, trascendieron unas dramáticas imágenes de un joven medio tumbado en el suelo y con la pierna totalmente ensangrentada al que acababan de intentar atracar a punta de cuchillo.

La complicada situación ha trascendido incluso en el extranjero, después de que medios internacionales relataran la escalada delictiva. La embajada americana lanzó un aviso pidiendo precaución si se decidía visitar la capital catalana.

Los Mossos confirmaron con cifras hace menos de una semana el problema: los robos con violencia han crecido en un 30% en lo que va de año , si bien se han incrementado en un 80% las detenciones por estos delitos. De hecho, en este mismo tiempo en que los incidentes violentos no han dejado de sucederse, las administraciones catalana y barcelonesa han reforzado su exigencia de modificación del Código Penal para endurecer castigar más duramente a los reincidentes.