Los peones del «procés» también responderán ante la Justicia

En un pormenorizado auto, la magistrada Alejandra Gil -que sustituyó en la instrucción a Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido el pasado mes de noviembre- imputa los cargos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental , revelación de secretos y prevaricación a 30 acusados, de los cuales a 17 les exige una fianza solidaria de 5,8 millones de euros: 4,3 millones que es la estimación que hace la juez de lo que se gastó o comprometió con el referéndum más un tercio de esa cantidad para frontar las responsabilidades finales del pleito.

Si en el banco de los acusados del salón de plenos del TS se sientan estos días los miembros del gobierno catalán en 2017, además de la presidenta del Parlament y los líderes de la ANC y de Òmnium, por el auto de la magistrada Gil desfilan quizás nombres menos conocidos para los no habituales en los círculos políticos, pero igualmente determinantes en las jornadas que vivió Cataluña en 2017. Eran los segundos y terceros de cada consejería , encargados de llevar a la práctica la citada consulta -secretarios generales y directores de los distintos departamentos-, también los responsables de las empresas que se contrataron para llevarla a cabo y, de manera significativa, la cúpula de los medios públicos catalanes. Como apunta la magistrada, y pese a haber sido requeridos de manera individual, Vicent Sanchis, director de TV3, y Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, «mostraron su conformidad para que se emitieran en los entes que dirigen los anuncios del referéndum y en ningún momento, pudiéndolo hacer, decidieron suspender las emisiones». Ambos, junto a Núria Llorach, al frente del consorcio e medios públicos, afrontan cargos de desobediencia.

En su auto, de lo genérico a lo más detallado, la juez dibuja con precisión todo el arco de acontecimientos que explican el «procés»: desde su génesis político -la firma entre Artur Mas y Oriol Junqueras, el 19 de diciembre de 2012, del Acuerdo para la Transicióm Nacional- hasta su culminación más técnica, por ejemplo, el encargo a la imprenta de El Vallenc de parte del material para la consulta. Si Junqueras acude a diario al TS estos días acusado de un posible delito de rebelión, Francesc Fabregat, administrador de El Vallenc, o José María Gispert, gerente de la rotativa, afrontan cargos de desobediencia y malversación. La Justicia verá la responsabilidad de todos , desde los más altos promotores del «procés» a sus últimos y más modestos engranajes.

En medio de unos y otros, figuras clave de la administración autonómica, que lo fueron entonces, y lo siguien siendo ahora. Es el caso del segundo de Presidencia, Antoni Molons -el «tal Toni» al que testigos citaron en el Supremo, responsable de Difusión y que según el auto «intervino activamente y encargó la campaña del Registro de Catalanes en el exterior», la campaña «Civisme» y el diseño de los carteles con dos vías de tren bifurcándose y el lema «Naciste con capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ello? ». El «tal Toni» afronta cargos de malversación y prevaricación. El secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, por ejemplo, firmó el contrato de otra campaña de publicidad dirigida a los catalanes en el extranjero y que representaba un mapa de Cataluña con el texto «¿SI o NO?», y autorizó la adquisición de varios dominios en internet dedicados a la difusión del referéndum. Nin afronta cargosde malversación, desobediencia y prevaricación.

Igualmente está implicada la cúpula del departamento de Exteriores. Aleix Villatoro, secretario general del departamento, acusado de malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación; Albert Royo, responsable del Diplocat , acusado de malversación y falsedad documental, o Amadeu Altafaj, al frente de la «embajada» de Bruselas y que afronta cargos de malversación y prevaricación.

En su auto, la juez es precisa al señalar que los imputados, «pese a los mandatos constitucionales y siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones», formaban parte de un «plan común» iniciado en 2012 con el propósito de declarar la independencia de Cataluña , un plan que fue «ensayado» en 2014 con la consulta del 9-N y cuya «plasmación» cristalizó «en el referéndum del uno de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia» del Parlament del 27 de ese mismo mes.

Los imputados, siguiendo las «directrices» del Govern, y «dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto ya dicho» apunta la magistrada. Entre otros, y además de los apuntados, Jaume Clotet, director general de Comunicación de la Generalitat; Pablo Raventós, director general de Unipost; Frederic Udina, director del Idescat, o Rosa Vidal, interventora de la Generalitat, de quien la juez apunta que «tuvo cabal conocimiento de todos los contratos y pagos y que fueron destinados a actos preparatorios para el referéndum». Vidal afronta cargos de malversación, desobediencia y falsedad documental.

En contraste con los procesamientos dictados ayer, la magistrada deja fuera del proceso a una quincena de investigados. Entre estos, el exsenador de ERC y «padre de la constitución catalana» Santi Vidal, cuyas conferencias relatando los pormenores de la preparación de la consulta, en las que aireó supuestas prácticas irregulares en la utilización del datos personales de los ciudadanos catalanes, motivaron la apertura de la investigación en el juzgado 13. También ha quedado fuera del procedimiento el exvicepresidente del Tribunal Constitu- cional Carles Viver Pi i Sunyer , a quien se atribuye el diseño de la arquitectura jurídica del proceso de desconexión. Por su parte, el diputado de ERC Lluís Salvadó y antigua «mano derecha» de Oriol Junqueras también ha quedado fuera de esta causa dado que ahora es aforado. Por otra parte, pese a que de inicio la instrucción investigó posibles delitos de sedición y rebelión, estos han quedado descartados.

De inmediato tras concerse el auto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo calificó de «aberración democrática en la Europa del siglo XXI» y acusó al Estado de deriva autoritaria y de persecución política.