Un jefe policial deja en evidencia al abogado de Junqueras: «Usted lo sabe porque estuvo allí el 1-O»

El jefe de los agentes de Información desplegados en Barcelona en el otoño caliente de 2017 ubicó al abogado de Junqueras en un centro de votación el 1-O , como mediador de los militantes secesionistas con la Policía que llegó al colegio para incautar las urnas. A pesar de aquello, el abogado preguntó si las Fuerzas de Seguridad contaron con un procedimiento para comunicar su labor, antes de actuar, en cada uno de los centros de votación.

«Permítame, señor letrado», expresó entonces el testigo, que resucitó la atención de una atmósfera adormecida. «Usted estuvo en el colegio Dolors Monserdà (Barcelona), y sabe perfectamente cómo se producían las intervenciones en los colegios . De hecho, usted hizo mediación con el responsable (policial) del colegio, que vendrá al juicio y lo contará. Él es el que me ha dicho que fue a usted a quien le hizo entrega del auto», reveló el jefe de la Policía. Sus palabras provocaron una indisimulada sorpresa en el abogado de Joaquim Forn, Javier Melero.

«No vamos a hablar de con qué objeto medió conmigo nadie», replicó Van den Eynde, intentando quitarle importancia. El comisario detalló que la Policía entregó el auto de la magistrada que les ordenaba impedir la votación a cualquier persona que se identificara como «mediador», y al responsable del centro, para que supieran que el 1-O era una jornada ilícita. El testigo, el policía de mayor rango de los que que declararon ayer, acusó además a los Mossos d’Esquadra de facilitar el referéndum ilegal con sus actuaciones, que achacó a un diseño previo.

Además, otros guardias civiles y policías nacionales continuaron relatando ayer las trabas que se encontraron en los centros electorales del 1-O. Gritos, insultos, forcejeos, patadas, escupitajos, barreras humanas con los brazos entrelazados... Describieron un escenario de «agresividad y hostilidad» que se tradujo en incidentes violentos.

«Nos lanzaban piedras que no cabían en una mano» , señaló un cabo de la Guardia Civil que intervino en el pabellón municipal de San Carlos de la Rápita (Tarragona). Relató cómo la multitud les increpó cuando la comisión judicial abandonó el local con las urnas. En ese momento alguien lanzó una moneda que impactó en la cara del testigo, a apenas unos centímetros del ojo.

Quien también salió mal parado fue un guardia civil que intervino en el instituto Antonio Ballester en San Mont-Roig del Camp (Tarragona), que recibió una patada por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente . Perdió una uña, la movilidad del dedo, y estuvo 152 días de baja. Un agente que intervino en el Ayuntamiento de Garriga (Gerona) abandonó el local a la carrera después de recibir un puñetazo con un manojo de llaves. «Salí corriendo: temí por mi integridad física», manifestó.

Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la libertad solicitada por los procesados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turul, Josep Rull, Jordi Sànchez al entender que persisten las razones que llevaron a adoptar la medida de prisión preventiva. Todos ellos concurren en las listas electorales del 28 de abril y habían pedido su libertad para participar de forma activa en la campaña. Para el Ministerio Público, «el juicio está consolidando las pruebas de la participación de los procesados en los delitos objeto de acusación (...). La gravedad de estos delitos y los riesgos de reiteración delictiva y de fuga justifican que se mantenga la prisión», señala. En paralelo, el Tribunal Constitucional avaló la prisión de la exconsejera Dolors Bassa.

En relación con la campaña electoral, también ayer el tribunal del «procés» devolvió a la Junta Electoral Central y al Ministerio del Interior la solicitud de Jordi Sànchez de celebrar un debate electoral en la cárcel de Soto. La Sala recuerda que no tiene competencia para velar por los principios que determinan la regulación de la actividad electoral (algo que está en manos de la JEC) ni para fijar un determinado régimen penitenciario (Interior). En su resolución del pasado 4 de abril, la JEC ya recordaba que Instituciones Penitenciarias no era favorable a la celebración de este debate porque afectaría a las normas internas de la prisión.