La Justicia solo ha descifrado el 1% de los archivos de Villarejo

Después de que la Policía Nacional no lograra descifrar el material intervenido, los archivos de Villarejo se encuentran ahora en manos del Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Este organismo, que depende del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, es una referencia en ciberseguridad. Sus técnicos tratan de analizar los archivos.

El juez del caso, Diego De Egea, -que dejará la investigación antes de fin de año al renunciar a su plaza de refuerzo en la Audiencia Nacional-, espera que el Incibe sea capaz de otorgarle la «llave» para acceder a los departamentos en los que se clasifica el material del comisario, quien grabó durante mucho tiempo a sus interlocutores. Si este organismo no lo logra, los planes de De Egea pasan por derivar los archivos al CNI para descifrarlos.

El material que acumuló el comisario jubilado, que se incautó en los registros practicados cuando fue arrestado, ocupa unos 30 terabytes, un medida de almacenamiento electrónico que equivale, según fuentes de la investigación, a rellenar con folios todo el volumen de la sede de la Audiencia Nacional , un edificio que tiene una extensión de 11.500 metros cuadrados. Además, los investigadores tienen pendiente de desencriptar el 90 ciento del material también incautado al socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo.

Las dimensiones de los archivos de Villarejo -de los que ya han salido los audios de Corinna sobre Juan Carlos I, los de la ministra de Justicia Dolores Delgado o los de la antigua política popular Dolores de Cospedal- generan una gran incertidumbre y complican el tratamiento judicial del caso. Fuentes de la investigación han informado a ABC de que el juez De Egea se ha sentido utilizado y que considera que la solución del caso no es solo judicial, sino también política. «Este caso no es una bomba de relojería, son miles», señalan las fuentes consultadas, que alertan del hipotético elevado número de ramas a las que puede llegar la causa.

Descontento con la marcha de la investigación, De Egea ha alegado motivos personales para renunciar a la renovación de su comisión de servicios como apoyo en el juzgado central de instrucción número 6, una situación que expira el 31 de diciembre. Cuando De Egea deje este destino, lo previsible es que el Poder Judicial nombre a otro magistrado como refuerzo. La Audiencia Nacional recomendó el pasado martes la continuidad de De Egea para asistir al titular del juzgado 6, el magistrado Manuel García-Castellón, centrado en las tramas Púnica y Lezo.

La instrucción dirigida por De Egea ha estado marcada por sus discrepancias con los dos fiscales del caso. Según ha podido saber ABC, la gran desavenencia jurídica radica en que el juez no aprecia una organización criminal en la actuación de Villarejo y sus socios, lo que dibuja un relato muy diferente al que aprecia la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público considera precisamente que Villarejo colideró una organización criminal para conseguir y vender información confidencial valiéndose de su condición policial. A Villarejo, a quien situarían al frente de lo que se han llamado «las cloacas del Estado», también le atribuyen delitos de cohecho y blanqueo, indicios que le encaminan a un futuro juicio.

Los fiscales han recurrido algunas decisiones del magistrado , como el archivo de algunas piezas separadas, el carpetazo de la causa contra algunos investigados como el comisario Carlos Salamanca o el levantamiento del secreto de sumario.

A lo largo de la investigación, De Egea ha rechazado en varias ocasiones liberar a Villarejo, alegando que existe riesgo de que se fugue o destruya pruebas durante los primeros pasos de la instrucción, que está dividida en siete piezas separadas . La prisión preventiva es una medida excepcional, que permite encarcelar a una persona que no ha sido juzgada, para evitar que entorpezca la investigación.

Aunque no se lo estaría planteando en estos momentos (ni siquiera tiene una petición de libertad por parte de los abogados sobre la mesa), el magistrado tanteó en el pasado la posibilidad de excarcelarle y controlar sus movimientos con una pulsera telemática. Fuentes de la investigación han informado a ABC de que De Egea llegó a planteárselo incluso al ex secretario general de Instituciones Penitencias Ángel Yuste, quien dejó su cargo en junio con el cambio de gobierno. Esta posibilidad sería una aplicación novedosa, pues la pulsera telemática no suele imponerse a presos preventivos, sino que se emplea para supervisar a los reos que cumplen en libertad la fase final de sus condenas.