Ciudadanos decreta silencio absoluto sobre la sociedad patrimonial de Villacís

Tampoco lo hizo ayer, tras su participación en la sesión de control al Gobierno, cuando volvió a esquivar a los periodistas pese al informe del Ayuntamiento que certifica que Villacís ocultó su cargo en esta sociedad durante sus tres primeros años como concejal en la capital de España; algo prohibido dado que todos los concejales deben declarar sus bienes y actividades en pro de la transparencia.

Villacís reduce su caso a un «error administrativo» que «corrigió» en marzo del año pasado, y a esas explicaciones se remite el resto de la Ejecutiva de Cs. «Ha dado cumplidas explicaciones» . Eso fue todo cuanto dijo el portavoz en el Congreso de la formación liberal, Juan Carlos Girauta , al ser preguntado por las informaciones sobre la «alcaldable» de Madrid. Este mutismo de Rivera choca frontalmente con su beligerancia ante casos similares como los de los ministros socialistas Pedro Duque y Nadia Calviño , que también se ahorraron el pago de impuestos gracias a adquirir sus viviendas con sociedades instrumentales.

A Rivera le salva que no hizo las declaraciones de Pedro Sánchez en 2015, cuando garantizó en una entrevista que cualquiera en su partido que crease una sociedad para pagar menos impuestos estaría «fuera al día siguiente» . El líder de Cs se preguntó ante el caso de Duque qué diría Sánchez si este fuese «ministro del PP o de Cs» , y, tras desvelarse que Calviño se valió de la misma treta legal para reducirse impuestos, aseveró que Sánchez había hecho su Gobierno «de cualquier forma y rápido», a la par que mostró su preocupación porque un puesto tan «importante» como el de ministra de Economía estuviese envuelto en un episodio semejante. «Me pregunto si hay algún miembro del Gobierno que no haya comprado una vivienda así» , ironizó.

Izquierda Unida anunció ayer que llevará el caso de Villacís a la Justicia en la primera semana de marzo. Hasta entonces estudiará la vía que utilizarán para denunciar a la portavoz de Cs por la presunta comisión de un delito a través de las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función que recoge el artículo 441 del Código Penal. No descartan acudir también al Ministerio Fiscal.

IU se basará en que la «alcaldable» no declaró en el portal de Transparencia del Ayuntamiento su cargo en la sociedad patrimonial que compartía con su marido hasta marzo de 2018. Además, esta empresa, Iuriscontencia SL, representa al sindicato de la Unión de Policía Municipal de Madrid, que se querelló contra una edil del equipo de Manuela Carmena. Este hecho incurría en incompatibilidad y conflicto de intereses por los que alcaldes y concejales se rigen en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985; la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de las entidades locales.