Un informe de Alcaldía concluye que Villacís ocultó su cargo en la sociedad

Además, no ha dicho la verdad respecto a su vinculación con esta entidad y este «incumplimiento», «omisión o falsedad de los datos» podría acarrear una sanción administrativa impuesta por la alcaldesa de Madrid o, peor, el traslado de los hechos a la Fiscalía «por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal ». Ya hay jurisprudencia al respecto. Así se constata en un documento interno que obra en manos del Gabinete de Alcaldía desde el 6 de mayo de 2018, y al que ABC ha tenido acceso.

Según concluyen las 15 páginas del informe, Villacís declaró que su vinculación como administradora solidaria de esta entidad acabó en 2009. Ayer mantuvo la versión de que en esa fecha vendió las participaciones y que en 2011 quedó como administrador único su esposo, Antonio Suárez-Valdés. «Pero consta que ejerció como letrada en los años 2013 y 2014 con relación profesional con el bufete Suárez-Valdés, que comparte local y CIF» con Iuriscontencia, como recoge el texto elaborado por el Consistorio. Además, prosigue, « no fue hasta el 26 de marzo de 2018 cuando dejaron de ser administradores solidarios ambos cónyuges [...] pasando a ser administrador único el marido de la concejala y abandonando ésta el cargo que ostentaba en la sociedad desde su constitución».

La regidora madrileña, Manuela Carmena , solicitó a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y la Secretaría del Pleno investigar el caso de la edil de la formación de Albert Rivera respecto a su vinculación con la sociedad patrimonial. Lo hizo a raíz de queel digital El Salto publicara en marzo de 2018 que mantenía el cargo de administradora solidaria en la empresa mientras su esposo representaba legalmente al sindicato policial Unión de Policías Municipales (UPM) para iniciar un proceso penal contra la edil de Ahora Madrid, Rommy Arce , lo que podía incurrir en conflicto de intereses.

El documento subraya que como administradora de la sociedad mercantil, y en calidad de concejal en régimen de dedicación exclusiva, «desarrolló una actividad privada» para la que la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas « debería haber contado con el reconocimiento de compatibilidad por el Pleno municial». No lo hizo. Como reconoció Villacís a ABC porque «no sabía que estaba dada de alta».

Aunque lo hubiera solicitado en marzo de 2018, cuando formalizó el cese ante notario, «la infracción existe y podría ser objeto de sanción, mediante multa, por la alcaldesa», manifiesta la Corporación en el escrito. La legislación establece que como cargo público únicamente puede ostentar la titularidad de las acciones de una sociedad, pero no formar parte de los órganos de administración, que es como figuraba Villacís.

Por otro lado, constata «fehacientemente el incumplimiento» de su deber de efectuar la declaración de bienes y actividades durante 2015, 2016 y 2017, como estipula el artículo 8.1 h) de la Ley de Transparencia, el 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y la ordenanza de Transparencia que se aprobó en 2016.

El líder de Ciudadanos, Rivera, que ha censurado la opacidad en el uso de sociedades en el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), no ofreció declaraciones ayer a los periodistas. Desde la Ejecutiva sólo habló Fernándo de Páramo y remitió a las explicaciones de la candidata para la capital. Villacís trató de desmentir la información defendiendo que fue un «error administrativo» y que por eso no se elevó a público su cese como administradora solidaria en 2011, dos años después de haber vendido todas sus participaciones. «Inmediatamente lo corregí en el Registro Mercantil. Pedí cita en la Secretaria del Pleno, se modificó en agenda de actividades. Está desde marzo del año pasado», aseveró.

Iuriscontencia la crea la edil junto a su marido en 2007 y en julio de 2008 compra una parcela de 2.000 metros cuadrados en una zona residencial del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. La sociedad edificó allí una vivienda de 667 metros cuadrados y declaró la obra nueva en el año 2012, según refleja la documentación del Catastro.

En abril de 2016, con Villacís en el Ayuntamiento de Madrid y en la empresa simultáneamente, Iuriscontencia adquirió dos inmuebles más en la capital, en el barrio de Argüelles. Se trata de una oficina de dos plantas de 176 metros cuadrados y una plaza de garaje en el mismo edificio.

El valor de mercado de los tres inmuebles a nombre de la sociedad ronda los dos millones de euros . Casas similares a la de Villanueva de la Cañada se venden en el mercado por más de 1,5 millones (su valor catastral es de 519.000 euros), mientras que la oficina y el garaje no bajan de 500.000 euros . La sociedad los tiene contabilizados en sus activos en menos de 900.000 euros, pero este no es el valor real, sino el contable, y después de aplicar las amortizaciones anuales.