Ábalos presiona al Tribunal de Cuentas para evitar al independentismo las sanciones por malversación

A partir de ahora, es el turno de 'corregir' al Tribunal de Cuentas, organismo que actúa para que la administración pública (la Generalitat de Cataluña, en este caso) recupere el dinero malversado por los líderes del 'procés'. La cifra que se reclama a los implicados en la acción exterior ilegal vinculada al 1-O podría rondar los cinco millones de euros, una cantidad alejada del gasto real que la Generalitat ha invertido en política exterior en los años del 'procés'.

Este viernes, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como secretario de Organización del PSOE, ha señalado que la voluntad del Gobierno es «desempedrar el camino» en el terreno de la responsabilidad económica. En su opinión, para «normalizar» la situación con los independentistas es importante que no haya «piedras en el camino» como la que supone las responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas.

De esta manera, el Gobierno del PSOE estaría aceptando la presión de los partidos independentistas, con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, al frente, que, en paralelo a la exigencia de amnistía ya referéndum de independencia, han pedido al Ejecutivo de Sánchez que ponga fin a lo que en lenguaje nacionalista se considera «la represión del Estado», que incluye la desactivación de que la Generalitat recupere el dinero malversado durante el 'procés'.

Para hacer frente a los costes derivados del 1-O (y de la consulta del 9-N de 2014) que reclama la Justicia, el independentismo, a través de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), puso en marcha la llamada caja de solidaridad, que afrontó gastos como fianzas judiciales, abogados de acusados, multas y las reclamaciones del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, este modelo parece estar agotado y la solidaridad tiene un límite.

De la misma manera, el nuevo Govern catalán surgido tras las elecciones autonómicas del 14-F y presidido por Aragonès premió con cargos públicos a algunos de los implicados y sobre los que pesa la acusación de malversación, como es el caso de Natàlia Garriga, consejera de Cultura y que fue la directora de servicios de la Vicepresidencia de Oriol Junqueras, o Tània Verge, consejera de Feminismos e Igualdad y que fue absuelta por su implicación en la sindicatura electoral del 1-O.

El tema económico con responsabilidad personal siempre ha sido una de las líneas rojas de los independentistas. El que fuera consejero de Economía y Conocimiento con Artur Mas, Andreu Mas-Colell, es uno de los implicados en el Tribunal de Cuentas, organismo que le pide responsabilidades económicas por su participación en el 'procés'. Su prestigio internacional ha conseguido que varios premios Nobel firmasen una carta en su defensa, si bien un buen currículum profesional no impide el incumplimiento de las leyes.

Otros casos. Verge, antes citada, dimitió de forma inmediata de su cargo como síndica electoral el 1-O en cuanto el Tribunal Constitucional la advirtió de que sería multada con 12.000 euros diarios por asumir un cargo ilegal. Y Jordi Baiget dejó claro que la independencia de Cataluña también tiene un precio. Baiget era consejero de Carles Puigdemont cuando en una entrevista, en 2017, antes del referéndum ilegal, señaló que estaba dispuesto a ir a la cárcel pero no a perder patrimonio personal, como consecuencia del desafío a la democracia que el nacionalismo estaba afrontando.

Solucionada la cárcel, gracias a los indultos, el independentismo catalán redobla su esfuerzo en evitar «la represión del Estado» en materia económica. «Muerte civil» para los acusados, han apuntado desde ERC, Junts y la Generalitat cada vez que se ha recordado al Tribunal de Cuentas y su función como órgano reparador de la malversación. Ni cárcel ni devolución de lo gastado ilegalmente, la «concordia» de Sánchez entra en la siguiente fase.