El Tribunal de Cuentas recauda la fianza del 1-O depositada en el Tribunal Supremo

Tras la sentencia del Supremo, que condenó a los líderes del «procés» —que no están en rebeldía— a penas de hasta trece años de prisión por sedición y malversación, el TdC puso en marcha el proceso para que los culpables restituyan el coste del 1-O a la administración pública , en este caso la Generalitat, pese a que esta no lo había solicitado. El Supremo estimó, en la sentencia conocida en octubre, que el 1-O tuvo un coste para las arcas públicas de más de 2,1 millones de euros, pero dejó en manos del TdC investigar la cuantía económica final.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sigue investigando las implicaciones penales en el 1-O de los cargos de segundo nivel, la llamada infantería del «procés», una treintena de personas a los que la magistrada instructora de Barcelona, Alejandra Gil, impuso una fianza global de 5,8 millones de euros.

Estas son las fianzas que García Moreno ha solicitado que sean ingresadas en cuentas del TdC hasta llegar a los 4.146.274,97 euros que sube el monto de la liquidación provisional que el TdC imputa a los 28 responsables económicos del «procés» del 1-O. Una cifra notablemente superior a los 2,1 millones que estimó el Supremo.

Según fuentes oficiales del propio TdC consultadas por ABC, este tipo de requerimientos es habitual en el tribunal fiscalizador, pues el trabajo con el resto de órganos judiciales es absoluto y constante. En este sentido, el TdC da así respuesta a las defensas, que argumentaron en su momento, al conocer la liquidación provisional el 28 de enero, que tanto el Supremo como el tribunal de Barcelona les habían reclamado fianzas por los mismos hechos que ahora están siendo investigados en el tribunal encargado de velar por el buen uso del dinero público. «La delegada instructora del TdC solo evita que haya duplicidades, pues el objetivo es que los condenados, si así lo son finalmente, restituyan el dinero gastado ilegalmente» , apuntaron ayer a este diario desde el TdC.

A partir de este momento, si no hubiera recursos de las partes contra las decisiones de la delegada instructora, en el plazo de un mes, aproximadamente, se podría celebrar la vista oral y al poco tiempo tener la respuesta del TdC. Se iniciaría así, en caso de resultar condenados los 28 implicados, el proceso de cobro de la Generalitat del dinero depositado como fianza.

Este procedimiento del TdC es similar al que se dio tras la sentencia penal por la consulta del 9-N de 2014 y que afectó, entre otros, a Artur Mas. En aquel caso, sin embargo, el TdC no solicitó el cambio de depósitos de un tribunal a otro, ya que, entonces, no se impuso ningún tipo de fianza. En ambos casos, eso sí, la llamada caja de solidaridad, puesta en marcha por las asociaciones independentistas para ayudar económicamente a los implicados, ha cubierto una gran parte del dinero reclamado . De todos los implicados menos de Santi Vila, el que fuera consejero de Cultura y de Economía y Empresa hasta unas horas antes del 27 de octubre del 2017 y que, en los últimos meses, ha criticado el «procés», sin dejar de reivindicar la secesión de Cataluña. A Vila se le considera un «botifler» desde el sector más duro del independentismo, que controlan Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. Al frente de este mecanismo de ayuda económica (caja de solidaridad) están los expresidentes del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert, ahora en Demòcrates —partido asociado a ERC—, antes en CiU, y Ernest Benach (ERC).

El control sobre el gasto indebido de la Generalitat sigue fiscalizándose por la Fiscalía, pese a todo. Ayer, se dio a conocer una querella contra el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, al que la Fiscalía acusa de malversación y prevaricación, por «abusar» de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje en 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia (Francia).

Además de Alay, que es una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en marzo de 2018 en Alemania, la Fiscalía también se querella contra Meritxell Massó, secretaria general de Presidencia, que autorizó el pago de los costes de Alay.

Para la Fiscalía, los gastos de Alay no pueden ser sufragados por la Generalitat, pues la actividad que hizo en Nueva Caledonia excede las responsabilidades de su cargo, que depende de la Generalitat.