El Tribunal Supremo da veinte días al Ministerio de Justicia para que entregue los informes que sustentan su decisión

Es precisamente la legitimación (quién puede recurrir) el principal escollo que se plantea en este procedimiento , que, a diferencia de la instrucción y juicio del ‘procés’, no se ve en la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Penal), sino en la Sala Tercera (Contencioso-administrativa), la encargada de revisar los actos del Gobierno. Como informó ABC, en esta jurisdicción la legitimación de los partidos en materia de indultos es muy dudosa. No vale con tener un legítimo interés en que se cumplan las condenas personadas, sino que tiene que haber un «interés directo» , un perjudicado.

Por eso la primera parte de esta batalla, que puede ser larga, se basa fundamentalmente en defender esa legitimación para que sea aceptada por el Tribunal. En este sentido, Vox y Ciudadanos han emprendido distintos caminos. Mientras que la formación de Abascal ha optado por recurrir como parte que fue del proceso penal (acusación) –de ahí su interés en que se cumplan las condenas que solicitó en este juicio–, Ciudadanos ha sorteado el eventual portazo del Tribunal Supremo (que podría no ver ese «interés directo») dejando el recurso en manos de particulares. Se trata de tres diputados autonómicos que vivieron en primera persona el ‘procés’ y cuyos derechos parlamentarios se vieron afectados por la conducta de los hoy indultados: la presidenta del partido, Inés Arrimadas (portavoz de Cs en el Parlament en 2017) y los diputados Carlos Carrizosa y José María Espejo, este último miembro de la Mesa que tramitó las leyes de desconexión ignorando los mandatos del Tribunal Constitucional.

Esta primera parte de la ofensiva judicial se basa fundamentalmente en defender la legitimación y la necesidad de adoptar esas medidas cautelares que, de no adoptarse, dice Vox, «perturbaría gravemente intereses públicos y privados». El siguiente paso procesal consistirá ya en combatir la falta de motivación de los indultos otorgados, lo que ya se tiene que llevar a cabo con la formulación de la demanda. Y es que en este momento las partes no están capacitadas para impugnar el fondo de los escuetos reales decretos publicados en el BOE, pues se limitan a aludir a una «utilidad pública» que se argumenta en las propuestas de indulto que se llevaron al Consejo de Ministros.

Pese a la relevancia y el interés general del asunto, el Ejecutivo no hizo públicos esos informes, algo que diversos juristas denunciaban en estas páginas ayer. Al mantenerlos ocultos, los recurrentes no pueden combatir esa argumentación. De ahí que el primer paso que tenga que dar el Supremo ahora sea solicitar esos expedientes al Ejecutivo, lo que hizo ayer mismo con una fórmula habitual –el requerimiento– en los procedimientos de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

En una providencia firmada por el presidente de la Sección Quinta de la Sala Tercera, Segundo Menéndez, a la que ha tenido acceso ABC, se da por interpuesto el recurso de Ciudadanos (lo presentó por Lexnet de madrugada, horas antes que Vox) y se insta al Ministerio de Justicia a que en el plazo de veinte días «remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada», una por cada preso indultado.Además, abre una pieza separada para tramitar las medidas cautelarísimas solicitadas y nombra como ponente al magistrado Wenceslao Olea, a la sazón vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Contra esta decisión el Gobierno puede interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días. Es decir, a finales de la próxima semana podría haber ya decisión sobre estas cautelarísimas, que, en el improbable caso de aceptarse, implicarían la suspensión de esos indultos y el regreso a prisión de los presos hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto: la legalidad de las medidas de gracia.

En los 24 folios de cada uno de los nueve recursos presentados por Ciudadanos (uno por real decreto de indulto), la formación de Arrimadas alerta del riesgo de fuga y de reiteración delictiva que se da en los nueve excarcelados si no se suspende de forma cautelar su indulto. «La liberación inmediata les ofrece la oportunidad de sustraerse a la acción de la justicia y perseverar en los actos delictivos, lo que condenaría la tutela judicial a ser inefectiva de apreciarse las ilegalidades que vician la medida de indulto», dicen. Cs recuerda que hay una sentencia judicial de la «máxima autoridad judicial española » (el Supremo) que «los ha condenado de manera firme y ha informado do negativamente el otorgamiento de los indultos».

Está por ver todavía si Abogacía del Estado (como perjudicada por la malversación) y Fiscalía (por haber sido parte en el juicio y haber instado a la condena de los indultados) intervendrán en este contencioso. Como informó ABC, se da la circunstancia de que en esta Sala Tercera no intervienen los cuatro fiscales del `procés’ que consiguieron esas condenas, sino los adscritos a esta Sala Tercera, con lo que la intervención del Ministerio Público está ahora en manos de la decisión que tome Dolores Delgado.

Fuentes fiscales recuerdan que el principio de unidad de actuación de la Fiscalía debería traducirse en su intervención en este procedimiento, pero lo cierto es que entre los juristas consultados hay dudas sobre la legitimación de la Fiscalía en esta materia.