Investigan el desvío de un millón de euros para internacionalizar el 'procés'

La causa tiene origen en un informe del Tribunal de Cuentas sobre el destino que la Generalitat dio a fondos previstos para la acción exterior entre los años 2011 y 2017. Esas competencias las tuvo hasta 2016 la Consejería de Presidencia, por eso algunos de sus excargos también están imputados Luego, lo asumió la Consejería de Acción Exterior. El Tribunal de Cuentas detectó partidas destinadas a cuestiones que nada tienen que ver con las competencias de la comunidad autónoma, y que «interfieren, perturban y condicionan la dirección por el Gobierno de la política exterior del Reino de España». El Tribunal de Cuentas puso el asunto en manos de la Fiscalía , que, a su vez, acabó presentando una denuncia por vía penal, que ahora ha acabado en la mesa de la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García Martínez.

Además de Romeva, está siendo investigado Albert Royo , exsecretario del Diplocat, entidad usada por el separatismo para promocionar el ‘procés’ en el exterior. También figura el secretario del Govern, Víctor Cullell . La lista de imputados la completan Aleix Villatoro (ex secretario general de la Consejería de Acción Exterior), Teresa Prohias (exdirectora de servicios de Presidencia), Roser Clavell (ex secretaria general del Diplocat), Manel Vila (director general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo), Gerard Figueras (secretario general del Deporte), Roger Albinyan a (exsecretario de la Secretaría catalana de Asuntos Exteriores) y Antoni Reig (director del Consejo Catalán de Deportes). La juez deja fuera de la investigación a otros cargos, como el exconsejero Francesc Homs, contra quien el fiscal también dirigía su denuncia.

En el auto, al que ha tenido acceso ABC, la juez ve indicios de irregularidades en varios procesos de contratación y concesión de subvenciones «otorgadas, al parecer, arbitrariamente» . Algunas podrían haberse concedido para fines ajenos a las competencias de la Generalitat. Otras podrían haberse dado a dedo. Varias se pagaron sin facturas que justificasen los servicios. Y en ocasiones, incluso se pudieron justificar con documentos falsos . En todo caso, ninguna de estas partidas sirvió para «promocionar la imagen del país, objetivo de la acción exterior, sino para internacionalizar el proceso sobre el derecho a decidir ».

Algunas partidas investigadas fueron a parar a la Federación de Organizaciones Internacionalmente Reconocidas (Focir). Los criterios para su concesión fueron «absolutamente excluyentes» respecto a otras organizaciones, y «para finalidades que no resultan claras». También está bajo sospecha la contratación de trabajos académicos sobre la creación de estructuras de un nuevo Estado. La juez deja claro que son «materias ajenas a las competencias de la Generalitat en materia de acción exterior». A la juez le llama la atención la contratación de un trabajo sobre Defensa a una empresa belga del que no hay «ninguna evidencia». Tampoco se sabe quién es el titular de la cuenta del banco belga a la que se transfirió el pago. El intermediario, según la Fiscalía, fue el sociólogo Salvador Cardús, que también elaboró informes sobre las posibilidades de colaboración entre Cataluña y España en caso de independencia. Cardús está citado como testigo. Hay también estudios de cómo los nuevos Estados pueden incorporarse a organizaciones internacionales. En total, el fraude ascendería a unos 972.228 euros , tal y como avanzó el diario ‘Ara’.

Por otra parte, la mayoría de los líderes del ‘procés’ encarcelados por sedición han dejado claro este jueves que no tienen intención de responder al Tribunal Supremo sobre la cuestión de los indultos . El juez Marchena les preguntó su postura sobre la medida de gracia, pues no la solicitaron ellos, sino que la reclaman otras entidades y particulares.

La posibilidad del indulto divide a los presos separatistas . Mientras unos lo aceptarían sin reparos, otros –al menos públicamente– lo ven una humillación; en todo caso, todos preferirían una amnistía. Ahora, la mayoría ha decidido callar ante el Supremo, justificándolo con que es un trámite que «no es de cumplimiento obligado» . Los presos de ERC van más allá y acusan a Marchena de habérselo preguntado únicamente por cuestiones políticas.