El Gobierno «respeta» la decisión de Ferrovial pero insiste en que no hay «obstáculos» para cotizar en EE.UU. desde España

Con un quórum del 77,6%, la junta de Ferrovial ha dado 'luz verde' a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.

Tras conocerse el resultado, desde el Ministerio de Asuntos Económicos han trasladado su respeto por la decisión de los accionistas, aunque han mantenido el argumento de que las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan.

«Como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan», han remarcado desde el Departamento que dirige Nadia Calviño.

Asuntos Económicos ha destacado que todas las previsiones nacionales e internacionales apuntan a un crecimiento económico de España este año que casi duplica la media europea y de las principales economías de la zona euro.

Además, ha puesto en valor que España es un país competitivo, que atrae talento e inversiones, indicando que en 2022 la inversión extranjera superó los 34.178 millones de euros, el segundo mejor año de la historia.

«Vamos a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento», remarcan desde el Ejecutivo.

En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje de accionistas de Ferrovial que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.

Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.

Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese su derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.

El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.