La junta de accionistas de Ferrovial ignora al Gobierno y aprueba la mudanza a Países Bajos

Pero el movimiento no está aún cerrado. Al menos no se conocerá hasta esta tarde. Queda por saber el porcentaje capital social díscolo con la mudanza y posteriormente si este se acogerá al derecho de separación. Ferrovial había marcado un umbral de 500 millones de euros (2,5% del capital) para suspender la fusión con el fin de salvaguardar su calidad crediticia y solvencia. Aunque la empresa no descarta aumentar este límite para allanar el camino a Ámsterdam en caso de que sea necesario.

Los accionistas que han votado en contra tienen un mes para decidir a partir de la publicación en el Borme del acuerdo de la junta de accionistas que valida la absorción. Recibirán 26 euros por cada acción que tuvieran en cartera hasta cinco días antes de la celebración de la junta de accionistas y que hayan mantenido hasta el día de hoy. Los inversores verán sustituidas las acciones de Ferrovial SA por las de Ferrovial International.

El movimiento aprobado hoy supondrá la primera salida de una gran empresa española que se plantea desde la venta de la compañía eléctrica Endesa a la italiana Enel en el año 2009, también con una administración socialista en el Gobierno.

Desde el anuncio de la operación el último día de febrero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una cruzada sin precedentes de un Gobierno español contra una empresa privada. Los reproches han sido una constante en el último mes y medio y esta semana Moncloa ha elevado el tono para tratar de influir en la junta de accionistas.

Lo ha hecho a través de una carta remitida a la empresa por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, donde instaba al consejo de administración de la constructora a informar a sus accionistas durante la junta de que la empresa podría acceder a cotizar en Estados Unidos también desde España.

Ferrovial no ha mencionado el asunto durante el encuentro, pero sí colgó ayer la misiva del Gobierno en su página web. También la carta con la que el consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos, defiende ante el Ministerio de Economía que no existen precedentes de empresas españolas cotizando de manera directa en Estados Unidos, además de que detrás de la mudanza no hay ocultos motivos fiscales. «Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando en la actualidad».

Es la fiscal la otra vía que ha escogido el Gobierno para atacar a Ferrovial en las últimas horas. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, preguntada ayer por la posibilidad de que la compañía pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, se mostró desafiante y apostilló: «la legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa».

Los accionistas minoristas se han rebelado durante la junta de accionistas contra esta acción del Gobierno y las otras muchas realizadas en los últimos tiempos. Incluso se han desplazado desde otros lugares de Europa para trasladar su enfado con el Ejecutivo de Sánchez, como ha adelantado hoy este periódico. «Los ataques que Ferrovial ha recibido en los últimos días por parte de las autoridades españolas son excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad», ha señalado el secretario general de la World Federation of Investors (asociación mundial de minosristas), Jean Pierre Paelink, que ha recibido una acalorada ovación por parte de los asistentes en el auditorio ONCE ubicado en el madrileño Paseo de la Habana.

En el mismo sentido se ha expresado el representante de la organización de defensa de los accionistas minoritarios Better Financer, Cristian Verdich. «Los accionistas somos los propietarios de la compañía y no gobiernos y políticos».

El apoyo a la empresa también ha llegado hoy desde la oposición. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves el «señalamiento» y el «insulto» a empresas como Ferrovial y ha asegurado que, si gana las elecciones y llega al Palacio de la Moncloa, se centrará en conseguir que cualquier empresa tenga «motivos» para quedarse en España y no trasladar su sede fuera.

El consejo de administración de la empresa liderado por su presidente Rafael del Pino, ha vuelto a remarcar hoy todos los motivos que les han llevado a pedir su traslado en una junta de accionistas de la que han salido triunfales, con los 18 puntos del día aprobados, entre ellos los resultados anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2022 o la reelección de varios consejeros, como el propio consejero delegado Ignacio Madridejos, además de Philip Bowman,Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen, Juan Hoyos Martínez de Irujo y Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz). También la aprobación del programa de retribución al accionista de dividendo flexible, en términos similares a los de los años anteriores y que se instrumentará a través de dos aumentos de capital liberados. La asistencia al encuentro, entre accionistas y representantes de los mismos (quórum), ha sido del 77,69%, muy por encima de años anteriores.

Ahora la empresa emprende un camino por el que espera obtener en los próximos meses la triple cotización en España, Países Bajos y Estados Unidos. Ferrovial asegura encontrar en el país neerlandés un «marco jurídico estable», una mejor calificación crediticia para poder financiarse más barato, y un trampolín que le facilita su entrada en Wall Street. El verdadero móvil de esta operación.

Ferrovial ve en la Bolsa estadounidense una oportunidad por la cantidad ingente de liquidez a la que puede acceder en esos mercados ofreciendo un perfil de empresa con activos en Estados Unidos a largo plazo y con carrera de crecimiento en carreteras y aeropuertos. La constructora tiene ya el 36% de su negocio en EE.UU. y Canadá y la mayoría de su esfuerzo inversor para los próximos años irá destinado a estos mercados, uno de los mayores de infraestructuras de transporte en todo el mundo.

La sociedad española, hasta ahora matriz del grupo, pasará a ser una sucursal de Ferrovial. A su cargo tendrá al hijo del presidente del grupo, Rafael del Pino, según se ha conocido hoy tras depositarse en el Registro Mercantil la constitución de la nueva sociedad española. Por lo que Ignacio del Pino Fernández-Fontecha, hasta ahora director financiero de la constructora, será el representante legal permanente de la que ahora será una filial de la multinacional holandesa.

A pesar del nuevo entramado, la compañía ha vuelto a reiterar su compromiso con España durante la reunión anual con sus accionista. El presidente e hijo del fundador de la constructora ha inaugurado a la junta general de accionistas 2023 volviendo a recordar que «Ferrovial no se va de España. Mantendrá empleo, inversiones, contribución fiscal y cotización en las bolsas españolas». Y añadió: España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello».

También ha negado cualquier vínculo de la mudanza con motivos fiscales. Algo que el Gobierno ya ha asegurado que investigará y que ha usado como argumento para presionar a los accionistas a votar en contra de la mudanza. Pero del Pino se ha mostrado cortante: «Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla», aseveró el presidente de la empresa. Añadiendo que «Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación».

En el discurso del presidente, que ha concluido con un sonoro aplauso de los accionistas, del Pino ha tildado la mudanza a Países Bajos como «la mejor contribución que Ferrovial puede hacer a la sociedad en la que se integra».

Tras completar la operación, el holding neerlandés pasará a llamarse Ferrovial SE. Una vez la empresa sea admitida en el Euronext de Ámsterdam, la cotización de la matriz actual quedará suspendida para dar entrada a Ferrovial como sociedad anónima europea.