Santander, Iberdrola y Repsol se revuelven contra el acoso fiscal del Gobierno: «No podemos callarnos»
Las grandes del Ibex endurecen su tono crítico contra la política impositiva del Gobierno tras el anuncio del traslado de Ferrovial a Países Bajos
Acusan al Gobierno de montar una caza de brujas contra la banca y las energéticas y de desbordar los límites de la legislación tributaria y de la Constitución para cobrarles más impuestos
Ferrovial se mudará a Países Bajos y lo justifica por su marco jurídico estable
La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social y fiscal a Países Bajos en busca de mayor estabilidad jurídica puede haber marcado un antes y un después en la relación de las grandes empresas del Ibex con el Gobierno. El tono flemático con ... el que hasta hace unos días los portavoces de banca y energéticas criticaban los nuevos gravámenes aprobados por el Gobierno ha mutado de forma repentina hacia algo mucho más crudo y descarnado. «Venimos viéndolo desde hace unas semanas, las grandes empresas se han hartado ya de maniobras del Gobierno», confía una fuente del ámbito fiscal.
«No podemos callarnos», proclamó ayer Javier Molina, director fiscal de Santander España, en el marco de una mesa de debate celebrada en el Congreso Fiscal 2023 de Lefebvre que reunió a los responsables del área fiscal de Santander, Iberdrola y Repsol. «Si no tenemos cuidado con lo que admitimos que se haga en el sistema tributario podemos llegar a una deriva peligrosa. Urge levantar la voz contra situaciones en las que los poderes públicos sin un mínimo análisis establecen impuestos que tienen un impacto brutal ya no solo sobre las compañías sino sobre toda la economía».
El impuestazo a banca y energéticas se salta cuatro artículos de la Constitución y tres libertades comunitarias
Un informe encargado a media docena de prestigiosos juristas acusa al Gobierno de forzar la legislación para esquivar los controles democráticos que establece la Carta Magna
El responsable de fiscalidad de Santander España se refería a los gravámenes a banca y energéticas, que todos coincidieron en calificar como impuestos (no prestaciones patrimoniales no tributarias, como pretende el Gobierno) y contrarios a la Constitución, pero pronto el debate viró hacia la falta de seguridad del entorno fiscal.
Una figura "tosca" y "cutre
«Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana le puede tocar a otros», advirtió el responsable del área fiscal de Repsol, Luis López Tello. «El Gobierno se presenta a sí mismo como un gobierno justiciero que le quita a los ricos para dárselo a los pobres y señala quienes son los malos. Es una maniobra política rentable, con la aperiencia de un impuesto 'Robin Hood', pero económicamente desastrosa».
«Es posible que la gente lo compre porque gravar a la banca y a las energéticas resulta popular, pero convendría no olvidar que estamos hablando de las empresas llamadas a desarrollar las inversiones necesarias para la transición energética y las que la tienen que financiar y que se ha justificado con argumentos que no son ni legales ni constitucionales», subrayó la responsable fiscal global de Iberdrola, Begoña García Rozado.
«Es todo tosco y cutre. Sería para reír si no fuera para llorar», remachó el director fiscal del Santander, tras denunciar que el Gobierno ha desbordado los límites de lo que se puede hacer en materia de impuestos. «Ojalá se recupere el respeto por la seguridad jurídica», concluyó.
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