El Gobierno siembra de obstáculos el camino de los inversores extranjeros en España

No se trata de una opinión aislada. Lo demuestra el último Barómetro del Clima de Negocios en España, impulsado por el Ministerio de Industria y la plataforma Multinacionales por la Marca España y elaborado por el IESE a partir de las opiniones de 720 firmas multinacionales, que señala el entorno regulatorio como el aspecto peor valorado por las empresas de capital extranjero instaladas en España. Se cuestionan aspectos como las cargas burocráticas, los costes fiscales, el marco laboral e incluso el funcionamiento de la Justicia mercantil, es decir, casi todos los aspectos que dependen de decisiones de la Administración. A favor de España como destino inversor juegan, por el contrario, la calidad de vida, el tamaño del mercado y la dotación de infraestructuras.

El informe revela también un deterioro del clima para hacer negocios en España en 2022 respecto al año anterior, y nuevamente se señala a cuestiones regulatorias. «Llevamos unos años en los que el marco regulatorio se está acentuando de manera significativa. Hay más sectores regulados y la regulación es más intensa», opina un socio de una de las 'big four' de la consultoría de empresa.

La lista de medidas aprobadas en los últimos meses que han podido influir sobre la inversión extranjera es larga. Quizá la más emblemática sea el mecanismo de control sobre las inversiones extranjeras directas en España, que, como la extinta acción de oro que Bruselas obligó a España a derogar hace más de una década, deja al Gobierno la decisión última sobre los intentos de empresas extranjeras (incluidas las de la UE) de tomar posiciones de control en empresas españolas consideradas estratégicas.

El mecanismo nació como un dispositivo temporal para impedir que grandes fondos tomaran el control de los campeones nacionales aprovechando el desplome de su valoración bursátil durante la pandemia, pero el Gobierno ha decidido prolongarlo hasta 2024 e incluso ha ampliado su perímetro de actuación. La maniobra ha hecho que empresas que en su día dieron la bienvenida a esa protección observen ahora el mecanismo con desconfianza y recelen de que pueda ocultar un intento del Gobierno de intervenir en su gestión.

Desde su puesta en marcha el dispositivo ha dado voz al Gobierno para intervenir en decenas de operaciones corporativas, la más celebre fue la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy.

«No creo que estas medidas respondan tanto a una corriente proteccionista como a un intento por aumentar la regulación de los sectores productivos, que es lo peor que se puede hacer en un contexto como el actual», opina el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa.

Los inversores han notado el activismo del Gobierno en otros campos. Las grandes multinacionales tecnológicas están obligadas desde 2021 a pagar la llamada tasa Google, implantada en España sin esperar al consenso europeo y que desencadenó un conflicto comercial con Estados Unidos; los inversores tienen que pagar también desde ese año un impuesto por adquirir títulos de grandes empresas cotizadas por la llamada tasa Tobin; la fiscalidad sobre las empresas radicadas en España también se ha incrementado; y la ofensiva del Gobierno por elevar la imposición patrimonial ha hecho, según fuentes del ámbito de la asesoría fiscal, que muchas grandes fortunas se replanteen sus planes de establecer su residencia y su centro de operaciones en España.

«Vivimos una concatenación de normas de índole político que producen desconcierto y la sensación general de que España no se toma en serio su sistema fiscal, que es el primer instrumento de política económica de cualquier país», denuncia Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). «Si tomas la decisión de no competir en atractivo fiscal con otros países, al menos tienes que ofrecer seguridad jurídica, de lo contrario el capital se marchará».

El Gobierno ha seguido actuando en esta línea. El Real Decreto Ley que aprobó los nuevos gravámenes a banca, energéticas y grandes fortunas incluyó un retoque en el Impuesto sobre el Patrimonio que obliga a pagarlo a los inversores no residentes con participaciones en sociedades cuya cartera esté compuesta por bienes inmobiliarios ubicados en España y el último hito ha sido la regulación de la obligación de que las empresa que cierren en España devuelvan las ayudas y bonificaciones laborales y sociales recibidas los cuatro años previos.