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Casi 4.000 taxis paran en Barcelona contra el intrusismo en el sector

El colectivo ha seguido la huelga convocada en varias ciudades de toda Europa en favor del servicio del taxi

ABC.ES - Actualizado: Guardado en: Actualidad

Los taxistas del área metropolitana de Barcelona han parado hoy los motores para reclamar mejoras y más protección para el sector del taxi. Casi 4.000 personas se han manifestado este miércoles al mediodía en Barcelona, como en otras ciudades españolas y europeas, contra las aplicaciones móviles que ofrecen transporte de viajeros sin las licencias correspondientes.

En concreto, unas 3.500 personas y 60 taxis han realizado un recorrido de protesta entre la estación de Sants y la Diagonal, pasando por Francesc Macià, y otras 250 personas y ocho taxis se han manifestado entre la plaza Catalunya y la plaza Sant Jaume, donde les ha recibido un portavoz de la Generalitat. La protesta, que ha tenido algún momento conflictivo,se enmarcaba dentro de la huelga convocada, que en Barcelona se ha seguido mayoritariamente durante la mañana.

Los taxistas reclaman a las administraciones que ordenen inmediatamente el bloqueo de las aplicaciones ilegales de transporte e inmovilicen los vehículos que detecten. La Generalitat anunció ayer que ha abierto un proceso sancionador, una iniciativa pionera en España, contra la polémica aplicación Uber, por lo que requerirá su cese inmediato de actividad por falta de licencias.

La sanción del Govern puede llegar a los 6.000 euros por expediente e incluye el precinto del vehículo, explicó la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad. El Govern también informará de las actividades de la empresa y los taxistas fraudulentos a las administraciones tributaria y de la Seguridad Social para valorar "posibles contravenciones" de la normativa en materia fiscal o de derechos de los trabajadores.

Asimismo, los cuerpos policiales tienen orden de reforzar las labores de control y detección de servicios de transporte de viajeros no autorizados, y se ha reforzado la coordinación con el Gobierno central y otras autonomías para vigilar estas actividades en toda España y aplicar las sanciones correspondientes.

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